Informe de la Udelar sobre proceso abreviado generó “indignación” entre fiscales y defensores

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Tras conocerse el informe “Los acuerdos en el proceso abreviado, desde el punto de vista técnico y desde la perspectiva de las personas condenadas”, varios fiscales y defensores expresaron su molestia por las críticas que encierra sobre los operadores del sistema de Justicia, que alcanzan tanto a jueces como a defensores y fiscales.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Defensores Públicos (Adepu), Joaquín Gamba, dijo que muchos defensores recibieron el informe con “indignación y tristeza” y que se convocó a una reunión urgente de la Comisión Penal de Adepu para tratar el tema y responder algunos cuestionamientos.

Gamba dijo que si bien la asociación no asumió una posición institucional y se tomarán unos días para analizar minuciosamente el informe, el estudio “ha creado mucha indignación y disconformidad”.

“No compartimos que no se haya tenido en cuenta la voz de la defensoría pública, hemos estado bastante activos en este tema, hay que estar en el día a día ahí y ver cómo se trabaja”, agregó.

Una de las defensoras que se manifestaron públicamente fue Mael Rodríguez, quien señaló que los procesos abreviados son una de las vías más usadas y más criticadas, y defendió la libertad con la que el imputado define su situación.

“El defendido evalúa todas sus opciones y es él que en forma libre y voluntaria decide ir por esa vía. ¿Sugerimos aceptarla? ¡Por supuesto! Si la carpeta está redonda le sugerimos la vía más beneficiosa”, señaló.

Rodríguez también rechazó que exista “friends in court”, uno de los conceptos utilizados en el informe para señalar sintonía entre fiscales y defensores. “Dejamos todo en la cancha y nos trenzamos con los fiscales. Decir que somos “friends in court” como si no tuviéramos la objetividad suficiente para separar el trabajo de la vida personal también es falso y es subestimar a todos los operadores, ya sea defensores o fiscales”, expresó la defensora.

En diálogo con la diaria el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, señaló que las investigaciones “son oportunas para aproximarse a la realidad del sistema y ver sus fortalezas y falencias”, pero advirtió que “no se puede sacar conclusiones absolutas a partir de ellas”, porque necesitan complementarse “con otros aspectos que también operan en la práctica”.

“Todos tendemos a adoptar una posición defensista cuando se habla de nuestro trabajo y sobre todo si es de forma crítica”, reflexionó Rosa, quien señaló la necesidad de “darse tiempo” para sopesar y analizar el informe, “ver si hay algo para decir, o tomar el insumo y ver qué se puede mejorar”.

“Decir que no hay cosas perfectibles no es admisible, así como tampoco que este proceso abreviado sea el problema real del sistema”, agregó Rosa, quien señaló también que el proceso abreviado es una forma de juicio.

La posición de Beatriz Larrieu

Durante la presentación del informe de la Universidad de la República, la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1° turno y expresidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Beatriz Larrieu, reconoció las falencias del sistema.

“En cuanto a los problemas que se identifican, en lo que hace a las prácticas, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen. Como operadora reconozco las fallas que tenemos todos los operadores, empezando por el contexto en el que el imputado toma la decisión [...]. Normalmente, cuando llega al juzgado ya después del acuerdo, sin comer, sin tomar agua, lo único que quiere es firmar para llegar a la hora de la comida. Eso es totalmente cierto, lo vemos, muchas veces llegan dormidos o con síntomas de haber consumido alguna sustancia”, manifestó, y agregó que las condiciones en las que llegan a la negociación en muchos casos no permiten un consentimiento libre y voluntario.

Larrieu destacó la necesidad de poner en pie de igualdad a la Fiscalía y la Defensoría y señaló que, al no tener posibilidades de desarrollar una investigación propia, “el margen de negociación que tiene la defensoría es prácticamente inexistente”.

El informe fue elaborado por los abogados del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación de la Udelar Henry Trujillo, Florencio Macedo, Martín Fernández, Sebastián Sansone y Daniel Zubillaga.

El estudio, que fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se realizó combinando metodologías cualitativas y cuantitativas. Se analizaron las audiencias de 198 casos que involucran a 231 imputados, lo que permitió estudiar la actuación de las partes a la hora de homologar un acuerdo abreviado, y se realizaron 50 entrevistas en profundidad con personas privadas de libertad que habían aceptado un acuerdo abreviado.