Una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se reunió el miércoles con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para expresarle su preocupación por la decisión de la Justicia de impedir el ingreso a la prensa en la audiencia de formalización de Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad del presidente, Luis Lacalle Pou, y particularmente por la forma en la que esa resolución fue tomada y comunicada a la prensa.
El juez subrogante de 35° turno, Matías Porciúncula, no declaró la reserva de la causa pero decidió impedir el ingreso de los periodistas a la sala de audiencia, algo que no está previsto en el Código del Proceso Penal, que regula la publicidad de las audiencias de formalización.
En diálogo con la diaria, el presidente de la APU, Fabián Cardozo, señaló que en la reunión se le transmitió a Pérez la “molestia y preocupación” por la situación generada y el mal procedimiento del juez. “Nunca se declaró reservada, él tomó la determinación de no permitir el ingreso a la prensa y la tomó a destiempo, incluso antes de que empezara la audiencia, cosa que no corresponde”, expresó Cardoso.
El presidente de APU valoró la compresión del presidente de la Corte, quien se comprometió a compartir lo conversado con todos los integrantes de la SCJ. “La idea es mejorar el vínculo con una capacitación conjunta, y que esto no vuelva a pasar”, agregó Cardozo, quien informó que APU está organizando con la SCJ un seminario para los primeros días de octubre en el que participarán magistrados y periodistas.
Por su parte, Pérez dijo a la diaria que comprendió “perfectamente” la preocupación planteada por los periodistas y dijo que se lo transmitirá a los ministros para analizarlo. Aunque declinó hacer comentarios sobre el hecho en sí, porque no puede opinar sobre las decisiones judiciales, valoró la reunión y destacó que la realización del seminario es algo que se viene organizando con APU desde hace tiempo para mejorar el trabajo de periodistas y jueces.
La publicidad de las audiencias, luego de concluida la investigación preliminar, está prevista en el artículo 135 del Código del Proceso Penal, que establece que las audiencias “serán públicas”, y habilita al tribunal a declarar la reserva “por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad; cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o dignidad de las personas intervinientes en el proceso o cuando por las circunstancias especiales del caso la publicidad de la audiencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia o comprometer un secreto protegido por la ley”.
A su vez, el artículo 138 del Código habilita al juez a adoptar, ya sea de oficio o por requerimiento de alguna de las partes, “todas las medidas necesarias para asegurar el normal y continuo desarrollo de las audiencias, así como la preservación de su decoro y eficacia”. Concretamente, el Código le da la facultad al juez de ordenar que se retire de sala quien perturbe el desarrollo de la audiencia y “prohibir al público y a la prensa el empleo de medios técnicos de reproducción y filmación cuando ello perturbe la regularidad del acto”.
En la audiencia de formalización del jefe de seguridad presidencial, la defensa del imputado, que lleva adelante la defensora pública Virginia de los Santos, pidió la reserva de la causa, pero la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, se opuso. El juez Porciúncula aceptó el planteo de la Fiscalía y no dispuso la reserva del caso por lo que, pese a impedir el ingreso de la prensa, habilitó la divulgación de los audios en los que se registró esa instancia judicial.
Astesiano fue imputado por un delito continuado de suposición de estado civil como coautor en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias, y el magistrado dispuso una prisión preventiva de 30 días, tiempo en el que la Fiscalía estima que tendrá pronta la acusación.