En el caso que involucra a Alejandro Astesiano, exjefe de la seguridad presencial de Luis Lacalle Pou, hay al menos seis jerarquías de la Policía indagadas porque el exjefe de la custodia presidencial les pedía “favores”.
El Ministerio del Interior informó que los policías que estaban indagados iban a estar “de licencia” mientras continúa la investigación. Sin embargo, según informó El Observador, dos de las jerarquías indagadas se reintegraron a sus funciones: se trata de Claudio Correa, encargado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, y Henry de León, encargado de la Dirección General de Fiscalización de Empresas.
Desde el Ministerio del Interior confirmaron a la diaria que Correa y De León fueron reintegrados en sus cargos. Luego de las investigaciones administrativas realizadas, no se encontraron responsabilidades, según consignaron. Además, la fuente consultada señaló que no corresponde mantener más tiempo de licencia a dos directores nacionales de carrera mientras la fiscal avanza con la investigación.
Mientras tanto, Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía, continúa de licencia. Se desconoce si está haciendo uso de una licencia paga, ya que tiene un cargo de confianza que asumió en 2020. Berriel declaró en Fiscalía que el fallecido Jorge Larrañaga fue quien le ordenó brindar información a Astesiano.
Hector Ferreira, exsubdirector de la Policía, renunció en el marco de la investigación. Hasta el momento se desconoce quiénes son las otras dos jerarquías indagadas, que no están de licencia porque, según pudo saber la diaria, ninguna jerarquía está de licencia hace dos meses, que es cuando se dispuso esta orden en la cartera.
Correa retomó su cargo como encargado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, de la cual depende la Dirección de Investigación. Esta jerarquía indagada controla todas las actividades de investigación y los procedimientos. Además, es el enlace de la Policía con la Fiscalía en las investigaciones. Estuvo a cargo de la investigación de Astesiano, del operativo de detención y del enlace con la Fiscalía. Luego pasó a ser indagado en la causa. Se analizan irregularidades asociadas al procedimiento de detención, a la toma de conocimiento de Astesiano sobre la investigación, y al aporte y la salvaguarda de las pruebas.
La fiscal Gabriela Fossati dijo que el exjefe de la custodia presidencial llegó a borrar conversaciones de su teléfono y así destruir evidencia para la investigación, que luego fue recuperada. Tras la polémica suscitada por la no inclusión de los chats entre Astesiano y Lacalle Pou, la fiscal del caso informó que “planea recuperarlos”, porque “nadie tiene coronita”, y explicó que “fueron borrados por mala comunicación con Inteligencia”.
Por su parte, De León vuelve a estar encargado de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, que lleva adelante el registro, contralor, fiscalización y supervisión de todos los servicios de seguridad privada. De León está siendo investigado porque se encontró que Astesiano solicitó una reunión con él para pedirle el indulto de una multa de 150.000 pesos asociada a un incumplimiento de una empresa de seguridad privada con la que tenía vinculación (una empresa que era suya, pero estaba a nombre de un testaferro). El titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas declaró ante Fossati que la multa no fue perdonada y entregó el expediente relacionado con esa sanción económica.