El Colegio de Abogados rechazó la medida tomada por los fiscales nucleados en la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay que decidieron no recibir a los abogados ni de los imputados, ni de las víctimas, en el marco de un conflicto por mayor presupuesto y en rechazo al artículo de la Rendición de Cuentas que prohíbe el ejercicio como abogados luego de abandonar su cargo.
Los abogados plantearon que apoyan el reclamo presupuestal de la Fiscalía General de la Nación, tanto “y de forma aún más preocupante” como el “aumento presupuestal para el Poder Judicial y en particular para la Defensoría Pública”.
En el comunicado emitido este jueves, los abogados sostienen que la medida de no recibir a los abogados es “contraria a los principios del nuevo sistema procesal acusatorio, el cual, a diferencia del proceso inquisitivo anterior, está regido por el principio de buena fe y objetividad de todas las partes y en el cual la actividad administrativa de investigación que lleva adelante la Fiscalía debe poder contar, en término generales, con la posibilidad de participación de los abogados defensores de indagados y víctimas”.
“El poder de investigación que se encomendó a los fiscales en el proceso acusatorio, tanto en lo funcional como en lo operativo, es desigual con el de los defensores, y por este motivo la interacción entre abogados defensores y abogados fiscales en el sistema de justicia actual es muy importante”, sostuvieron.
Si bien señalan que entienden que la medida “podría justificarse como parte de la estrategia de cualquiera de las partes en el marco de un proceso concreto”, advierten que al ser de carácter general “perjudica el normal funcionamiento del sistema de justicia”.
Los abogados agregaron que “no contribuye” al buen funcionamiento del sistema “la adopción de medidas que afectan a todos los operadores y ciudadanos como forma de expresión del malestar de los fiscales”.
Entre las reivindicaciones planteadas por los fiscales se encuentra la equiparación entre fiscales adjuntos y adscriptos y a su vez entre los fiscales y los jueces. Además, rechazan el “permanente hostigamiento y acoso de cierta parte del sistema político”.