El coronel retirado Eduardo Ferro declara este viernes ante la jueza en lo penal de 27° turno, Silvia Urioste, en la causa que investiga el asesinato de Cecilia Fontana, madre del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ocurrido el 5 de setiembre de 1978, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
Las fuentes explicaron que la convocatoria a Ferro en calidad de testigo está vinculada a un elemento encontrado en un conjunto de documentos conocidos como “los archivos Gavazzo”, que fueron incautados durante un allanamiento realizado a pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe en la casa del represor José Nino Gavazzo en mayo de 2019 en Parque Miramar.
A partir del estudio de esos archivos, la aplicación de tecnología sobre las pericias ya realizadas y las declaraciones tomadas en la anterior tanda de audiencias se fue fortaleciendo la tesis de que se trata de un atentado político que tenía como objetivo dañar la cúpula del Partido Nacional, en el marco de una contienda entre los militares que querían impedir un cambio de mando con negociación política y quienes lo promovían.
Entre los militares que se oponían al diálogo político, estaban el general Amaury Prantl y el teniente coronel José Gavazzo, quienes en julio de 1978 fueron sancionados por Álvarez por calificarlo de “traidor” en la publicación militar El Talero, luego de que Álvarez mantuviera contactos con figuras políticas. Álvarez, quien en aquel entonces era el comandante en jefe del Ejército, pretendía suceder al dictador civil Aparicio Méndez, integrando un triunvirato.
Los vinos fueron entregados a fines de agosto de 1978 en la casa de Luis Alberto Lacalle Herrera para ser repartidos a los otros integrantes de la dirección del Partido Nacional, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber, padre del ministro. “El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa”, decía la esquela que llegó junto a los vinos envenenados con Foxdrin, en aquel momento de venta libre.
“El día que llegan las botellas de vino a la casa del señor Lacalle, yo me encontraba en la sede del partido y allí fui visitado por un funcionario de la sección política de la embajada de Estados Unidos, David Shaw, quien me manifestó que era inminente, según los rumores que circulaban en el ámbito diplomático, que iba a haber un cambio en el Poder Ejecutivo. Yo le resté importancia diciendo que esos rumores circulaban desde hacía bastante tiempo, pero él me contestó: 'Nunca con tanta fuerza como hoy'”, comentó Carlos Julio Pereyra al declarar en la comisión parlamentaria que investigó el accionar de la Policía sobre el caso, a mediados de 1985.
En esa comisión, el exsenador Germán Araujo denunció que el inspector Hugo Campos Hermida, al frente de la investigación del asesinato y opuesto al diálogo político, se jactaba de conocer los pormenores de la muerte de Cecilia Fontana en reuniones con otros policías.
El 31 de agosto de 1978, el día fijado para abrir los vinos envenenados, hubo una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional que se extendió por más de 12 horas y que culminó en una conferencia de prensa en la que anunciaron un incremento salarial menor.
Entre los nuevos datos que se manejan en la causa, está el rol que habría jugado el policía Ricardo Zabala, quien integraba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en 1978. Si bien su huella fue registrada desde el inicio de la causa en la botella, siempre se consideró que estaba allí porque la DNII fue la responsable de la investigación del asesinato, algo que ahora está siendo cuestionado.
La jueza Urioste convocará en las próximas semanas a unos diez policías, algunos de ellos en calidad de indagados. Uno de los aspectos que se busca determinar es la autoría del mensaje manuscrito entregado con los vinos, que fue una de las claves de la investigación. La primera pericia, efectuada en 1978, no arrojó resultados determinantes; lo mismo ocurrió con la efectuada en 1982 por Washington Curbelo, exdirector de la Escuela de Policía Nacional que fue cesado por el ministro Heber cuando asumió. En 2009, Roberto de los Santos, el actual director de la Escuela de Policía Nacional, determinó que la autora del mensaje había sido la expolicía María Lemos, quien en el momento del asesinato pertenecía a la DNII. Lemos fue detenida por orden de la jueza Gabriela Merialdo, que durante su detención decidió convocar nuevamente a Curbelo para que realizara una pericia que resultó negativa y fue puesta en libertad.