La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) cuestionó el accionar de la Fiscalía General de la Nación en el caso que investigó la denuncia de abuso sexual realizada por Sofía Najul, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes allegadas al caso.
En la resolución, a la que accedió la diaria, la INDDHH cuestiona que la fiscal Alicia Ghione llamó al abogado de la víctima anunciándole que iba a pedir la formalización del proceso contra los denunciados y, sin embargo, tres semanas después se le notificó a la víctima que el caso sería archivado, mientras que la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía conoció el archivo a través de los denunciantes. En esas tres semanas, la fiscal Ghione tomó declaraciones a los imputados sin notificar a la defensa de la víctima.
Ante el archivo, la defensa pidió el reexamen de la causa, que volvió a ser archivada y “nuevamente la notificación se realizó por mensajería y sin acompañamiento de la Unidad de Víctimas y Testigos”.
La INDDHH advirtió demoras en las notificaciones del archivo de la causa y destacó el impacto que tiene sobre el estado emocional de la víctima las demoras en el proceso. “Estas circunstancias resultan especialmente relevantes en caso de abuso sexual infantil intrafamiliar, donde el deber de la debida diligencia reforzada exige una actuación oportuna, coordinada y orientada a minimizar riesgos de revictimización”, señalaron.
Otro de los puntos abordados por la INDDHH fue la no comunicación de los resultados de la investigación administrativa promovida contra Ghione. Si bien la Fiscalía señaló que, en los procesos administrativos, no tiene obligación de informar a los denunciantes, en función de los procedimientos establecidos en el artículo 191 del Decreto 500/991, la INDDHH advirtió que “las personas que promueven denuncias vinculadas a posibles vulneraciones de derechos humanos o situaciones de violencia institucional poseen un interés legítimo de conocer el resultado final de las actuaciones”.
Además de incumplimientos en la debida diligencia reforzada para denuncias de abuso sexual y “prácticas con efectos revictimizantes”, la institución consideró “insuficientes” las respuestas brindadas por la Fiscalía, en función de lo establecido en el artículo 72 de la Ley 18.446, que obliga a los funcionarios a colaborar con los pedidos de la institución.
La INDDHH recomendó a la Fiscalía remitir a la víctima las resoluciones de la investigación administrativa, fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar “que las investigaciones no se sustenten en valoraciones estereotipadas sobre la credibilidad, consistencia o persistencia del relato de las víctimas” y planteó generar los mecanismos necesarios para que la comunicación a las víctimas sea coordinada con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Otras de las recomendaciones realizadas fue garantizar que los denunciantes de casos de violencia institucional sean informados sobre la resolución de los procesos administrativos y reforzar la especialización en perspectiva de género de los equipos fiscales.