La jueza letrada de Fray Bentos de tercer turno, Selva Siri, formalizó el proceso contra nueve militares en la causa que investiga detención y torturas contra el médico asesinado en dictadura Vladimir Roslik y otros detenidos y torturados, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
Las fuentes explicaron a la diaria que el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido la imputación de 12 militares; uno de ellos falleció durante el proceso, otro no pudo concurrir por problemas de salud, mientras que la jueza descartó la imputación de Ivo Morales, por entender que ya había sido procesado por los mismos hechos en otra causa judicial, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
Siri les imputó a los nueve militares delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves, con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como fijación de domicilio, cierre de fronteras y uso de tobillera electrónica con prohibición de acercarse a las víctimas.
La jueza también dispuso la realización de dos declaraciones anticipadas de víctimas que formarán parte del juicio contra los militares, considerando su estado de salud. Si bien el código de proceso permite un plazo de un año con opción a dos para acusar a los imputados, las fuentes señalaron que la fiscalía se prepara para presentar su acusación antes del año.
En cuanto a la situación de Ivo Morales, quien fue reconocido por los archivos militares como el torturador que estaba interrogando al médico de San Javier cuando murió, Siri planteó que ya había sido procesado en otra causa vinculada a violaciones a los derechos humanos en Fray Bentos, que fue iniciada por la maestra Susana Zanoniani en 2011, por torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, cuatro años antes de la muerte de Roslik.
A diferencia de la mayoría de las causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos de la dictadura, esta causa se tramita por el nuevo Código del Proceso Penal, dado que fue iniciada por la familia de Roslik en 2021 a sugerencia de un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que confirmó el archivo de la causa original pero planteó que la decisión era sin perjuicio de que nuevos elementos pudieran constituir fundamento para investigar el caso en el marco del nuevo código.
Valery Roslik y María Cristina Zavalkin (archivo, agosto de 2017).
Foto: Andrés Cuenca
El caso había sido archivado en 2014 por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno al considerar que existía “cosa juzgada”, por la actuación de la Justicia militar en 1984 y la condena al militar Sergio Caubarrere a cuatro meses y 18 días de prisión por los delitos de homicidio culpable y abuso de autoridad.
En 2018, la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad reclamó junto a la familia de la víctima la reapertura de la causa, lo que fue rechazado en primera y segunda instancia, al considerar que el caso ya había sido resuelto, y en 2021 la SCJ confirmó el archivo dejando abierta la posibilidad de volver a investigar en el nuevo código.
Tras asumir el reinicio de la causa, la Fiscalía pidió la formalización del proceso contra siete imputados, pero un recurso de inconstitucionalidad presentado por sus defensas suspendió el avance del proceso. Finalmente, en agosto de 2022 la SCJ ratificó la constitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 18.831, que suspenden los plazos procesales y de prescripción durante la vigencia de la ley de caducidad y califican como crímenes de lesa humanidad los cometidos en el marco del terrorismo de Estado. En ese tiempo, la fiscalía recolectó evidencia sobre otros cinco militares, por lo que se llegó a esta audiencia de formalización con 12 imputaciones.
Roslik fue detenido el 15 de abril de 1984 y murió al día siguiente como consecuencia de las torturas que le infligieron en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos. Fue el último fallecido por crímenes de lesa humanidad de la dictadura.