Dos días antes de su audiencia de formalización, Jorge Berriel, exsubdirector de la Policía, decidió cambiar a su abogado Andrés Ojeda y su defensa pasó a estar en manos de Juan Fagúndez. Este lunes, el defensor ahondó sobre los próximos pasos que tomará y reiteró que se basará en una línea clara: para Berriel, las órdenes que llegaban desde el exjefe de seguridad de Presidencia, Alejandro Astesiano, venían de parte del mandatario, Luis Lacalle Pou.
Por este motivo, en diálogo con radio Sarandí, reiteró que no descarta llamar a declarar a Lacalle Pou como testigo si resulta “un insumo necesario”. “A uno como abogado a veces le quedan dudas y pide la declaración de alguien y no sirve para nada. Uno cuando pide la declaración de alguien es para producir algo sobre el tema; yo tengo dos días en esto, lo tengo que ver, si me preguntan hoy, no descarto nada”, apuntó.
Fagúndez señaló que “lo que la defensa dijo el día de la audiencia es que los hechos que pone la fiscalía arriba de la mesa sucedieron, en principio. Ahora, que eso sea delito o no se discutirá y se verá cuál sí y cuál no, si todos sí o todos no, esa es la defensa, sencillo. No hay una certeza sobre que cada uno de los hechos que expuso la fiscalía sean delito por parte de la defensa”, explicó.
Así como lo hizo tras la audiencia, Fagúndez sostuvo que “Berriel siente que se le requirió por la autoridad máxima”, en referencia al presidente, ya que “quien requiere esto es el jefe de seguridad de la Presidencia. A mí me llama el abogado máximo de la Presidencia y me pide algo, yo ni lo dudo, voy, veo y mando; hay una razón lógica de comunicación dentro del Estado. Si vos me decís que parece delito, yo te digo que hay que analizarlo, por eso no nos opusimos a que lo formalizaran. Vamos a partir de la base de que son hechos que se acepta que sucedieron, pero vamos a estudiar si son delito”.
El abogado de Berriel reconoció que puede haber órdenes de mandos que sean ilícitas y los subordinados no están obligados a cumplirlas, pero apuntó que en los hechos investigados “no se trata de ese tipo de gravedad; acá se trata de pedidos del jefe de la custodia del presidente, que a su vez eran solicitados de esta persona en nombre del presidente. Entiendo que lo que hizo Berriel no es delito respondiendo en nombre del presidente”, afirmó. Además, agregó que, en caso de que el presidente no hubiera pedido nada, pero Astesiano decía que sí, “Berriel fue inducido en engaño”.
Consultado sobre la línea argumental que sostienen desde el oficialismo, acerca de que Astesiano mentía y se tomaba atribuciones que no le correspondían, Fagúndez respondió: “Eso Berriel no lo puede saber. Sabe que es el jefe de la seguridad del presidente, y él, por el famoso decreto 16 de 2006, tiene la obligación de prestar e informar o dar la información que se le solicita”.
La referencia es al decreto 16/006, del gobierno de Tabaré Vázquez, en el que se pasa el servicio de Seguridad Presidencial a la órbita de la Prosecretaría de Presidencia y se renueva el reglamento de trabajo.
En el artículo 6 se aclara que “sin perjuicio de los vínculos necesarios con el Ministerio del Interior y la Inspección Nacional de Policía, el Área de Coordinación podrá requerir en cualquier momento apoyos y recursos, tanto del sector público como del privado, para el correcto desempeño de sus cometidos”, y agrega: “Las instituciones del sector público están obligadas a suministrar la colaboración directa, el apoyo o la información que le fuere solicitada, con la premura y/o las prioridades que el oficial a cargo o el médico jefe de la Seguridad Presidencial determinen”.
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Fagúndez explicó que en varios de los pedidos que Astesiano le hacía a Berriel se podía interpretar que era información que se necesitaba desde Presidencia y no se podía obtener en el momento porque se encontraban fuera de la oficina. “Lo que yo tengo entendido es que en momentos en los que se necesitaba rápido, o por alguna otra razón, se le comunicaba a Berriel telefónicamente por parte de Astesiano, que estando en la calle no tenía acceso a esos partes y le pedía de forma urgente saber de estos”, ejemplificó.
“En los temas que se están conversando, que son tres, por ahora, creo que fue así, que Astesiano lo llama de forma urgente y de esas comunicaciones se puede desprender, por lo menos en dos casos, que son a pedido del presidente”, agregó el abogado.
El defensor fue consultado sobre uno de los casos en particular, del cual fue víctima el hijo de Astesiano, que le robaron una moto que a su vez era robada, ya que en este caso no hay ninguna relación directa con Presidencia. Ante esto, Fagúndez respondió: “Eso hay que investigarlo, estoy de acuerdo. Hay que ver bien cómo sucedió”.
Por otra parte, Fagúndez aseguro que por el momento no surge de la investigación que las autoridades políticas del Ministerio del Interior estuvieran enteradas de estos pedidos y tampoco Diego Fernández, exdirector nacional de Policía, porque Berriel se movía con suficiente autonomía de su superior.
Además, aclaró el rol del exministro Jorge Larrañaga, ya que en un primer momento la defensa de Berriel mencionó que Larrañaga había dado la orden de cumplir todos los pedidos de Astesiano. Fagúndez remarcó que esto no fue así, que existió una reunión en la que se le presentó a Berriel al excustodio y “se les dijo que entre ellos tenían que coordinar la actividad necesaria o que se le requería”.