Jorge Berriel, exsubdirector ejecutivo de la Policía, fue imputado por tres delitos de revelación de secreto por haber entregado al exjefe de la custodia presidencial Alejando Astesiano información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) referente a tres casos: una denuncia de violación grupal en una fiesta del Partido Nacional, una rapiña en la que tuvo participación un integrante del Servicio de Seguridad Presidencial dirigido por Astesiano y otra, de la cual fue víctima el hijo de Astesiano -en la que le robaron una moto que a su vez era robada, caso por el cual terminó indagado-. Otras líneas de investigación que surgen de las conversaciones entre Berriel y Astesiano continúan su curso, por lo que no se descarta que a la imputación de Berriel se sumen otros delitos. Su defensa, que inicialmente estuvo a cargo de Andrés Ojeda, fue asumida en esta audiencia por Juan Fagúndez.
Cuando declaró ante Fiscalía, Berriel dijo que fue el exministro del Interior Jorge Larrañaga que le ordenó brindar información a Astesiano. Esto fue repudiado por el hijo del fallecido exministro, Jorge Larrañaga Vidal, quien apuntó contra Berriel y su abogado defensor de ese momento, Ojeda, señalando que usar la figura de su padre para justificarse “es de muy baja estofa”.
El actual abogado de Berriel, Juan Fagúndez, dijo en rueda de prensa que “lo que hay es la entrega de tres documentos, lo que antes se llamaban partes policiales, de tres hechos diferentes, a pedido del jefe de seguridad del presidente, que los pide a su vez en nombre del presidente. Él [en referencia a Berriel], en el cargo que está, en una institución vertical, no se puede negar, porque es su superior el que se lo está pidiendo”.
Fagúndez explicó por qué aceptaron la formalización y señaló la actitud ante la posibilidad de que aparezcan nuevos delitos: “Esa es la realidad de hoy, en virtud de la investigación y de que la fiscal dijo que está viendo otras cosas. Nosotros hablamos con nuestro patrocinado y le dijimos que nos parecía prudente aceptar la formalización y después conversar con la fiscal para ver si aparecía otra cosa”. Para la defensa, también es preciso “discutir si estos partes [los datos del SGSP], que son reservados, son reservados para el presidente de la República también, o si por cuestiones de seguridad o de interés de Presidencia es correcto que se le den”.
Consultado sobre si no se estaban violando, por ejemplo, los derechos de reserva en caso de las víctimas involucradas en la información que Berriel compartió con Astesiano, el abogado contestó: “Mi posición personal y profesional es que la seguridad nacional está antes que esos derechos”. Respecto de si estaba la seguridad nacional involucrada en estos casos en particular, respondió que eso es lo que él tiene “que estudiar”.
Según Fagúndez, hay elementos que indicarían que Astesiano “invocó” a Lacalle Pou para hacer estos pedidos, “en función de su relación con el presidente”. En algunos casos Astesiano incluso señalaba que era el presidente quien pedía esa información, lo cual, para Fagúndez, puede atenuar la responsabilidad de Berriel, porque “el presidente no comete delito si pide eso”, con relación a “noticias criminales que sean de interés para el presidente”. En este sentido, citó normativa que otorga al jefe del Servicio de Seguridad Presidencial la potestad de solicitar “ese tipo” de información.
“La defensa va a estudiar esto para enfrentar esta imputación”, indicó Fagúndez. Sobre si Lacalle tenía otras vías formales para acceder a esta información, reconoció que “Presidencia tiene acceso directo a los partes [policiales]”. El abogado no descartó pedir la convocatoria de Lacalle Pou por este planteo de la defensa.
Acerca de cómo enfrenta Berriel su relevo de la Policía, el abogado dijo que “no lo vive como un perjuicio”, sino “como una desgracia”, porque “siente en su fuero más íntimo que hizo algo que se le requirió desde la autoridad máxima”.
Por último, Fagúndez consideró que “no tiene tinte delictivo” la conversación que mantuvieron Astesiano y Berriel sobre las actividades del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, antes de protagonizar un accidente de tránsito. “Son conversaciones de un ámbito privado que se encontraron al entrarle al aparato telefónico”, consideró. Cuando se le señaló que hablaron sobre imágenes tomadas por las cámaras de videovigilancia, apuntó que “esas imágenes fueron tomadas de las cámaras de Presidencia”.