En los últimos años, el presupuesto del Poder Judicial ha oscilado entre 200 y 250 millones de dólares, lo que lo mantiene en un 0,3% del Producto Bruto Interno. En términos concretos, el crédito asignado al Poder Judicial pasó de 7.595 millones de pesos en 2019 a 8.447 millones en 2022, pasando por una reducción en términos corrientes en 2020, cuando cayó a 7.537 millones.
La Fiscalía General de la Nación está en una situación similar: mantuvo su presupuesto para gastos de funcionamiento en términos corrientes entre 2015 y 2022, hasta que en la última Rendición de Cuentas obtuvo el primer incremento de su historia como servicio descentralizado.
Con un presupuesto de unos 38 millones de dólares, el congelamiento de los ingresos para gastos de funcionamiento obligó a la Fiscalía a traspasar del rubro destinado a remuneraciones a gastos de funcionamiento, a partir de no cubrir las vacantes que se iban generando. En 2016 cubrió el 20% de los gastos de funcionamiento con ese mecanismo, en 2020 pasó a cubrir el 53% y en 2021 el 67% de los gastos de funcionamiento se cubrieron con dinero destinado a remuneraciones.
Ambas columnas del sistema de Justicia arrastran años de achique presupuestal que afectan el trabajo cotidiano y que, según la opinión de la mayoría de los consultados, deterioran la calidad del servicio y, en algunos casos, afectan las garantías de los involucrados en el proceso y la capacidad de los agentes para cumplir con las obligaciones del Estado.
Cuando se discutió en el Parlamento la última Rendición de Cuentas, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia John Pérez expuso sobre los efectos económicos de la seguridad jurídica de Uruguay, sus buenas repercusiones en la imagen del país, en los costos de la financiación y en la captación de inversiones, al considerar que un buen funcionamiento de los tribunales reduce riesgos y promueve la confianza entre actores de la economía. Pérez contrapuso ese valor con el 2,4% que representa en el Presupuesto Nacional.
Al Poder Judicial, la última Rendición de Cuentas le dejó –después de una intensa discusión– la habilitación para generar sus propios recursos a través del cobro de la publicación en la web institucional de los edictos de remates para financiar el funcionamiento de los juzgados de género, además de un incremento para remuneraciones del 3,75% a partir de 2024.
En el caso de la Fiscalía, además de algunas reestructuras y la creación de nuevas fiscalías, la Rendición le brindó fondos para cubrir 42 nuevos cargos para este año.
Las limitantes de la Fiscalía
En diálogo con la diaria, el fiscal de Corte Juan Gómez dijo que entre las necesidades más prioritarias que tiene la Fiscalía está la de contar con más recursos humanos, en el área administrativa y también entre los fiscales, donde aún se mantienen turnos únicos en algunas ciudades del interior. Asimismo, destacó la necesidad de contar con una fiscalía de Cárceles, una fiscalía Anticorrupción, y reforzar los recursos de la unidad de víctimas y testigos. Gómez calificó como “absolutamente imprescindible” tener al menos dos fiscalías que se encarguen de realizar el seguimiento de la ejecución de la sentencia, para controlar el cumplimiento de la pena. “Eso supone un número muy elevado de expedientes que están ingresando todos los días a las fiscalías”, señaló.
Si bien Gómez reconoció el incremento de la última rendición, planteó que aún es insuficiente “para que la Fiscalía pueda brindar el servicio que la población se merece” y puso como ejemplo algunas carencias que hacen al funcionamiento cotidiano de la Fiscalía, como el hecho de tener un solo vehículo para trasladar todos los expedientes o tener que recurrir a recursos propios para capacitar a todos los funcionarios.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo a la diaria que la falta de recursos en el trabajo cotidiano afecta los procesos de investigación, en la medida en que muchas veces no tienen los recursos o la expertise para avanzar adecuadamente con la investigación o el tiempo necesario para poder dedicarle.
En cada fiscalía de Flagrancia hay un equipo integrado por dos adscriptos y el fiscal titular, que durante los turnos se reparten los casos que van llegando, por lo que terminan trabajando mano a mano con la policía y fuera del turno se van sacando los trámites pendientes. “Hay veces que vos no tenés ni idea el caso que tiene tu compañero”, señaló y agregó que al final del día se revisan los registros de cada caso.
Fuera del turno, se realizan otras diligencias y se busca lugar para investigaciones de más largo aliento y otros requerimientos técnicos. “Lamentablemente las cosas que llevan tiempo son las que menos rápido se hacen porque como uno sabe que le van a llevar un tiempo, se dedica a lo más urgente”, comentó.
Rosa dijo que es necesario “gente especializada en diferentes áreas” para poder recolectar adecuadamente la evidencia, particularmente cuando se trata de análisis específicos o pericias digitales.
Consultado sobre si habría menos acuerdos abreviados si los fiscales contaran con mayores recursos como para afrontar los requerimientos de un juicio, respondió: “Puede ser sí, porque hay casos que no van a ir a juicio así la Fiscalía fuera el organismo con más presupuesto en el Estado, pero lo cierto es que a veces la Fiscalía hace determinadas renuncias en cuanto a su pretensión, ante los riesgos que presenta un juicio, que no se cuide la evidencia, que se pierda una filmación, que no tenés el tiempo para preparar el juicio, hablar con el testigo. Cuando ves que está todo eso, decís: bueno, en lugar de ir por una rapiña agravada, voy por una rapiña simple, en lugar de ir por una rapiña vas por un arrebato en un abreviado, porque la violencia no la podés probar tanto, la víctima o el testigo están reticentes a declarar. A veces uno renuncia a ir a juicio”.
El Poder Judicial y las carencias en juzgados y defensorías
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, dijo a la diaria que desde que ella ingresó al Poder Judicial, en 1989, los recursos son insuficientes y siempre menores a los que el organismo propone, pero advirtió que eso “nunca ha impedido que el Poder Judicial realice su función de impartir Justicia”. “A mi juicio, no se puede atribuir a la falta de recurso que el Poder Judicial no cumple su función, podría cumplirla mejor si tuviera otro presupuesto”, sostuvo.
Morales dijo que la propia dinámica de la sociedad ha generado mayores necesidades en los juzgados y las defensorías de Familia, donde se necesitan mayores recursos. “Eso crea problemas, sin duda, pero la cuestión está en saberlos resolver y poder ajustarse a los pocos medios que se tengan”, señaló Morales.
Consultada sobre las denuncias de falta de garantías por parte de los defensores, Morales respondió: “Yo no lo diría en esos términos. Si uno tiene menos medios lo hace con menos medios, pero eso no significa que esté mal hecho”.
“Cuando uno tiene un cargo de este tipo, de juez, de defensor, está en función en gran parte de los intereses de los demás”, señaló y agregó que se trata de un cargo con una función única en el Estado que requiere de “una vocación muy especial, que en gran parte debería hacer que pasemos por arriba de las cuestiones económicas”.
En diálogo con la diaria la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Yamila Cabrera, dijo que uno de los problemas es que no se visualiza a la Defensoría como “el gran contribuyente del acceso a la Justicia” y lo comparó con otros servicios públicos donde sí existe ese reconocimiento, como el servicio de salud y educación.
“¿Por qué no podemos verlo en la Justicia? Las personas más vulnerables tienen que poder acceder a resolver sus conflictos de forma institucional”, expresó.
Cabrera dijo que en los juzgados de Familia no hay suficiente cantidad de defensores públicos, ni lugares adecuados para entrevistarse con la víctima o el denunciado.
“Hay lugares donde hay cuatro juzgados para familia y violencia basada en género y sólo tres defensas. Si hay una audiencia donde se precisaran tres defensores, para la mujer, el denunciado y un niño, y hay otras audiencias tenés que elegir a quién vas a defender. Siempre hay alguno que se va a quedar sin defensa”, afirmó.
El juez en lo Contencioso Administrativo y vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Javier Gandini, dijo a la diaria que la falta de recursos repercuten en todo el funcionamiento del sistema y que una de las partes más “sensibles” son los juzgados de Familia.
“Los jueces que trabajan en violencia doméstica se encuentran abarrotados de trabajo, faltan juzgados, recursos humanos, equipos técnicos, psicólogos, asistentes sociales, faltan defensores, las salas de audiencia son inadecuadas, las salas de espera para víctimas y niños en algunos lugares del país se encuentran sin las mínimas condiciones, donde muchas veces tienen que esperar todos juntos al rayo del sol o la lluvia”, expresó.
Gandini agregó también que la estructura de funcionamiento del Poder Judicial impide a las juezas ejercer el derecho al medio horario por lactancia “porque existen turnos en violencia doméstica y penal donde se está a disposición las 24 horas”.
“En Uruguay, la democracia se da el lujo de que cada vez que se vota el presupuesto tenemos a los jueces paseándose por los pasillos del Poder Legislativo pidiendo un presupuesto digno para la Justicia, yo mismo he ido en representación de AMU y uno se siente que está mendigando los recursos para que la gente pueda tener un servicio digno”, expresó.