Adrián Mastrandea, de 20 años, fue condenado a diez años de penitenciaría por abuso sexual, privación de libertad y rapiña. Su pena fue apelada en primera y segunda instancia hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia, que el 9 de marzo confirmó la condena por abuso sexual y rechazó acusaciones contra la Fiscalía realizadas por la familia, que también se manifestó públicamente en múltiples oportunidades en las calles, asegurando la inocencia del imputado y presuntas irregularidades en Fiscalía.
La violación ocurrió en 2019 cuando la víctima esperaba un ómnibus en la zona de Colón y fue sorprendida por el agresor, que la llevó bajo amenaza a un descampado y abuso de ella. Después le robó el dinero que tenía, también bajo amenaza.
Entre las acusaciones de la familia, se incluyó una denuncia contra la fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género que llevaba el caso, Sylvia Lovesio, a quien acusaron de haber presionado a testigos.
En un comunicado emitido este lunes, la Fiscalía expresó “su preocupación por un episodio vivido por el fiscal adscripto y presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, el jueves 23 de marzo en la puerta de las fiscalías penales ubicadas en la calle Cerrito y Misiones”.
Según relataron, “allí un grupo de unas diez personas, que se manifestaban por el asunto conocido públicamente como ‘caso Mastandrea’, increpó a Rosa tratándolos a él y a otros fiscales de ‘corruptos’ y de ser responsables de ‘desaparecer audiencias’”. “Ese video, subido a la red social Tik Tok, registra varios comentarios, algunos de ellos alarmantes como uno que indica que ‘habría que linchar a estos impresentables corruptos por el pueblo’”, consignaron.
Desde Fiscalía indicaron que “se trata de un caso que ha recorrido todas las instancias judiciales posibles -llegando incluso a la Suprema Corte de Justicia- con una sentencia de condena de diez años”.
Afirmaron que “Uruguay es considerado internacionalmente una de las pocas democracias plenas en el mundo y ello se debe en gran medida a la fortaleza del Estado de derecho” y que “la libertad de reunión y de expresión se trata de un valor fundamental para la democracia, pero no puede implicar el ataque a las instituciones y a los funcionarios que cumplen su tarea de la forma que le es encomendada por la ley”.
Finalmente, en el comunicado emitido a pedido del fiscal de Corte, Juan Gómez, se planteó que “esto no es el único caso en el que los funcionarios fiscales han tenido que vivir situaciones desagradables por el simple hecho de realizar su trabajo” y, por eso, “se realiza un llamado público a la reflexión para que los conflictos que puedan existir se diriman por vías pacíficas y siguiendo los caminos establecidos por la normativa con todas las garantías”.