El lunes 13 el Ministerio del Interior (MI) compartió con los partidos políticos las 15 medidas que componen el documento preliminar de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, que surge de la recepción de propuestas de los partidos y de reuniones con sus representantes técnicos.
La cartera recibió 79 propuestas. Tras su estudio, definió las 15 medidas que van a componer esta estrategia. Ahora los partidos tienen dos semanas para hacer aportes y la intención es que se llegue a un consenso previo a la Rendición de Cuentas, que es la última del período en la que el gobierno puede aumentar el gasto, para que estas medidas sean implementadas en el segundo semestre del año.
Sistemas de información
1- Encuestas nacionales de victimización anual.
Busca tener un panorama más preciso y detallado del delito y sus consecuencias, a través de la institucionalización del uso de encuestas de victimización una vez cada uno o dos años. Sería implementada en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
2- Acuerdo de asistencia técnica entre el MI y el INE.
Se pretende mejorar la transparencia de las estadísticas criminales del MI, evaluar la calidad de los sistemas de información de seguridad pública y recibir recomendaciones.
3- Política de datos abiertos.
Implica una modernización del sitio web del MI que facilite la visualización de las estadísticas y tablas con información actualizada.
Prevención social
4- Creación de un gabinete de seguridad integral.
Se propone trabajar en la colaboración operativa a través de órganos de coordinación interministerial para mejorar la efectividad de las políticas y generar acuerdos que garanticen la participación efectiva.
5- Consejos barriales y centros de atención integral.
Tiene como objetivo la implementación de los acuerdos interministeriales en el territorio, a través de ámbitos locales y barriales, con los que se diseñen “soluciones locales para problemas locales”, en un proceso que implica “trabajo en equipo, compartir datos y conjugar intereses”.
6- Programa de prevención de la violencia basada en género.
Plantea la necesidad de una política integral que atienda la reducción de los factores de riesgo a nivel individual, familiar, social y cultural; modificar los modelos de socialización y promover alternativas no violentas de conducta frente a los conflictos.
7- Programa focalizado de prevención de homicidios.
Se pretende prevenir los homicidios intencionales y los tiroteos en zonas determinadas, a partir de la implementación de programas piloto de interrupción de la violencia, que atiendan las características sociodemográficas de las víctimas y los agresores.
Prevención policial
8- Sistema de salud ocupacional policial.
Propone mejorar el bienestar físico, mental y social de los policías y sus familias, a través de políticas de prevención de riesgos psicolaborales, como el estrés, las crisis emocionales y el burnout.
9- Policía comunitaria orientada a problemas.
Tiene el objetivo de fortalecer y darle un alcance nacional a la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, que ya existe desde la gestión pasada, para prevenir el delito. Implica capacitaciones y el seguimiento sistematizado de estas políticas.
10- Capacitación en trabajo con población vulnerada.
Se pretende prevenir faltas y delitos asociados a comportamientos de riesgo, a través de talleres de capacitación en trabajo con población vulnerada, personas en situación de calle con problemas de salud mental o uso problemático de sustancias.
11- Prevención del ciberdelito.
Se plantea reducir los riesgos de victimización de ciberdelito, a partir de una respuesta eficiente contra las conductas ilícitas cometidas en el ciberespacio, a la vez de fortalecer las capacidades del MI en la persecución de estos delitos.
Prevención terciaria
12- Creación de un Ministerio de Justicia.
Se propone crear una nueva institucionalidad, que cuente con mayor apoyo político, para que sea responsable de las políticas de prevención terciarias y la promoción de los derechos humanos, incluyendo el sistema penitenciario y el sistema de penas alternativas. Esta propuesta está pensada para el período 2025-2030.
13- Estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario.
Busca superar a largo plazo las carencias estructurales del sistema penitenciario que impiden, desde hace décadas, que cumpla con la función de rehabilitación establecida en la Constitución, a través de un consenso que conforme una política de Estado.
14- Programa de atención a personas privadas de libertad con uso problemático de drogas.
Tiene como objetivo reducir el uso problemático de drogas y sus riesgos asociados entre personas privadas de libertad, a través de programas que impliquen diagnósticos y un dispositivo multifuncional de tratamiento residencial.
15- Dirección Nacional de Libertad Asistida.
Se plantea el fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas de lo que hoy es la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que permita un control efectivo del cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión. Actualmente, la OSLA supervisa a casi 20.000 personas que tienen medidas alternativas a la prisión.