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Juan Miguel Petit, durante una conferencia de prensa en el edificio anexo al Palacio Legislativo, en Montevideo (archivo, febrero de 2023).

Foto: Mara Quintero

Petit destacó la iniciativa de que exista una estrategia de seguridad promovida por todos los partidos políticos

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Si bien señaló que “no es una solución a muchos de los problemas pendientes más severos”, es “un muy buen camino para encontrar soluciones”

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El lunes 13, el Ministerio del Interior compartió con los partidos políticos las 15 medidas que componen el documento preliminar de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, que sintetiza el aporte de varios partidos políticos que fueron invitados a mantener reuniones en conjunto con la consigna de que participaran representantes técnicos. El Ministerio del Interior recibió 79 propuestas, que estudió, organizó y priorizó en las 15 medidas que componen el documento presentado. Ahora, los partidos tienen dos semanas para evaluar las propuestas, que se espera que sean aprobadas en mayo y que para junio se llegue a un consenso final, antes de la Rendición de Cuentas, que es la última del período en la que el gobierno puede aumentar el gasto, para que estas medidas sean implementadas en el segundo semestre del año.

Entre las principales está la sistematización de la información de victimización, a través de un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, que también brindará asistencia al Observatorio del Ministerio del Interior, el desarrollo de políticas de prevención comunitaria enfocadas a la atención de la violencia basada en género y a la prevención de homicidios, medidas de fortalecimiento de la atención en salud mental para los policías y sus familias, prevención del ciberdelito, el desarrollo de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario, el reforzamiento de la atención para las personas privadas de libertad con uso problemático de drogas y la creación de un Ministerio de Justicia.

En diálogo con la diaria, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, expresó que “el documento presentado no es la solución a muchos de los problemas pendientes más severos que tenemos en el amplio mapa de las políticas sociales -del que forman parte la seguridad ciudadana, la política criminal y las políticas penitenciarias y de rehabilitación-, pero es un muy buen camino para encontrar esas soluciones”.

Explicó algunas de las razones por las que es un “muy buen camino” para llegar al encuentro de estas soluciones: “En primer lugar, porque nace del intercambio entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En segundo lugar, porque es una hoja de ruta que deberán recorrer diversos actores y darle vida a cada tema”.

Para Petit, “no es un documento cerrado sino una invitación a seguir trabajando en esos temas que todos los partidos políticos identifican como cruciales y que el Ministerio del Interior resumió”. “Cada eje deberá tomar vida propia y desarrollarse, en cada área hay múltiples actores -organismos de ejecución de políticas, pero también la sociedad civil y la academia- que con su accionar e intercambio van a determinar que pasen muchas cosas y muchas innovaciones, o que no pase nada”, agregó.

Según el comisionado, “sin acuerdos no habrá cambios en muchos temas cruciales de nuestro desarrollo social, y esto es un mapa para, por un lado, buscar esos acuerdos, y por el otro, empezar a hacer cosas ya mismo”.

Destacó, como ya ha hecho en otras oportunidades, la importancia de la creación de un Ministerio de Justicia, aunque reconoció que no es algo que pueda hacerse de inmediato: “Hay puntos que son para el mediano plazo, como el Ministerio de Justicia, tema ineludible, que se coloca en el tapete y cuya inexistencia se había vuelto una vaca sagrada por el temor a que se identificara con la lamentable experiencia del Ministerio de Justicia de la dictadura”. “Prácticamente todas las democracias modernas del mundo tienen un ministerio de justicia y en nada tocan la autonomía de los jueces, y son justamente un factor de buena administración y gestión de aspectos que se vinculan a la justicia, pero no en los aspectos sentenciales”, resaltó. Y subrayó: “Ahora el tema está a la vista de todos y abierto a ser concretado. Pero no es para hoy”.

Por otro lado, indicó que “hay muchas otras cosas que sí son para empezar a implementar ya mismo” y que “un acuerdo interpartidario es la señal institucional de que estos temas son centrales para la construcción ciudadana en el siglo XXI”, por lo cual “es una buena base para obtener recursos, tanto nacionales como internacionales, porque nada financia algo que sea una misión imposible y que no pide la sociedad”. “Pues bien, aquí los partidos políticos están subrayando con flúo estos temas y diciendo: estos ejes son importantes, hay que llenarlos de contenido”, enfatizó.

En el área de política penitenciaria, afirmó que “hay tres puntos clave: el diseño de una estrategia de reforma penitenciaria, dar prioridad a la atención de las adicciones de las personas penadas y el desarrollo de una Dirección Nacional de Libertad Asistida”. “Nos alegra mucho porque son puntos que desde nuestra oficina venimos planteando”, manifestó.

Según Petit, “la estrategia nacional demandará estudios, análisis de los temas centrales de la rehabilitación y el estado de situación y líneas a futuro en todos los campos; debe ser encarada con una hoja en blanco y con mente abierta: ¿nuevos programas?, ¿nuevas leyes?, ¿nuevos edificios?, ¿nuevos programas en la comunidad?”. “En un plan estratégico hay que darles cabida a las mejores prácticas nacionales e internacionales, en un instrumento con metas, indicadores, responsables y mecanismos institucionales que vuelvan lo que hoy es un problema gigante en una plataforma moderna de ciudadanía, acorde a lo que nos pide el siglo XXI, cuando entra como tema central el tratamiento de las adicciones y la rehabilitación social”, concluyó.

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