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Raúl Sendic (archivo, noviembre de 2014).

Foto: Santiago Mazzarovich, adhocfotos

Ancap y Sendic acordaron el monto que debe pagar el exjerarca por el uso de las tarjetas corporativas

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De esta manera, Ancap recuperará lo adeudado sin terminar en un juicio civil.

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El pleito judicial entre el exvicepresidente Raúl Sendic con Ancap parece haber llegado a su fin, después de que la defensa del exjerarca propusiera pagar a la empresa estatal 5.191 dólares y 221.717 pesos por los gastos que realizó de forma irregular durante su presidencia en el ente, según informó El País. El monto, según establece el acuerdo alcanzado, deberá pagarse en dos cuotas iguales en dos meses consecutivos.

Ancap decidió iniciar un juicio civil contra Sendic por el uso de las tarjetas corporativas, basándose en la sentencia de la jueza especializada en Crimen Organizado María Helena Mainard, que en 2021 condenó al frenteamplista como autor responsable de un delito de abuso de funciones con reiterados delitos de peculado especialmente agravados a la pena de 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 500 unidades reajustables.

Según Ancap, Sendic debía 3.978 dólares y 175.020 pesos por los gastos “abonados con su tarjeta corporativa” durante el tiempo que presidió la empresa, más “los ajustes e intereses que pudieran corresponder”. En ese marco, según informó El País el 16 de febrero de este año, el abogado de Sendic, Santiago Pérez, envió formalmente a Ancap una propuesta de pago por el monto adeudado más los intereses. El directorio de Ancap analizó la propuesta y con el visto bueno de la sección jurídica se aprobó, en el entendido de que si iban a juicio tenían posibilidades de perder y de esta forma estaban recuperando lo adeudado.

En abril de 2022 Sendic anunció que se retiraría de la arena política en una carta dirigida a los integrantes de la lista 711 del Frente Amplio. Según informó El Pais, actualmente vive en Paraguay y trabaja para la compañía Petroquim SA. En setiembre del año pasado pagó la multa que tenía con la Fiscalía.

En 2017 dejó la vicepresidencia luego de que se conocieran las compras que hizo con las tarjetas corporativas de Ancap y la falta de comprobantes de devolución del gasto a la empresa pública. También fue investigado penalmente por irregularidades en la administración del ente.

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