La reincidencia delictiva no se mide en Uruguay. Aunque se dice que la tasa de reincidencia está entre 60% y 70%, es un dato que no cuenta con una construcción metodológica detrás, ni con fuentes estadísticas que lo confirmen. Es un indicador complejo de construir, que implica no sólo el diseño de sistemas de información acordes, sino un conjunto de acciones tendientes a poder construir este dato, que sea fiel a la realidad y que tenga utilidad para la construcción de políticas criminales, carcelarias y pospenitenciarias.
El Ministerio del Interior (MI) trabaja para empezar a medir la reincidencia, a la que define como “un concepto que alude a la comisión reiterada de conductas delictivas; sin embargo, los límites de su definición dependen de la naturaleza, los intereses y los objetivos de las instituciones que lo van a utilizar”.
A mediados de 2020, el MI comenzó a adaptar el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y el Sistema de Gestión Carcelaria para poder estimar y calcular la tasa de reincidencia penitenciaria. Pero se encontró con que esos sistemas de información fueron pensados originalmente para la gestión de denuncias y de personas privadas de libertad, por lo que no estaban diseñados para extraer información que facilitara la producción de estadísticas y la evaluación de programas y resultados. Por eso, se inició un proceso de reforma de estos sistemas con el fin de generar las condiciones técnicas para poder medir de manera fiable este indicador.
A partir de estos cambios, Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, trabajó en la convocatoria a otras instituciones para que este indicador se mida “a nivel país” y no sólo desde el MI. Para eso, el miércoles 29 de marzo se efectuó la primera reunión interinstitucional entre integrantes del MI, de la Fiscalía General de la Nación y del Poder Judicial (PJ) para dialogar “sobre la creación de este indicador, definirlo, y de esa manera poder empezar a calcularlo”.
Tras esa primera reunión, Sanjurjo afirmó en el portal del Ministerio del Interior que “si uno quiere evaluar las políticas de seguridad, sobre todo las políticas penitenciarias, el indicador por excelencia es la reincidencia delictiva”. “La reincidencia delictiva es cuando un ofensor, un penado, reincide en el delito por el que fue condenado inicialmente o por un delito diferente”, definió, y señaló que eso “nos da la pauta, cuando sucede, que su paso por el sistema penitenciario o judicial no fue tan efectivo como debió haber sido, porque claramente no desistió, no logramos rehabilitarlo o resocializarlo de tal manera que no cometa nuevamente un delito”. Resaltó que en esta primera reunión se llegó al acuerdo de que era algo “urgente” y un “debe” que tenía el país, y destacó que “había suficientes coincidencias como para llegar a un indicador común” de reincidencia.
La pelota quedó en la cancha del MI, que quedó a cargo de llevar a una segunda instancia interinstitucional ante la Fiscalía y el PJ “un planteo concreto” sobre la “definición” de reincidencia para poder medirla.
El representante de la cartera auguró que cuentan con que “va a ser algo bastante rápido, porque lo bueno es que una vez que tenemos estos sistemas ya funcionando, es un tema simplemente de consensuar cómo queremos la estadística y procesarla”. Dijo que, si bien “es algo rápido”, “lo más complicado es la definición política de qué es lo que queremos medir”. Y adelantó que “lo más probable es que terminemos midiéndolo todo: que tengamos diferentes indicadores que a cada institución le sirvan, pero que le permita al MI empezar a medir qué unidad penitenciaria y qué programas favorecen la rehabilitación”. “A partir de que se tiene ese número, se puede empezar a cambiar la forma de trabajar para cumplir lo que debería ser nuestro objetivo primordial, que es bajar la reincidencia”, resaltó.
El jueves tuvo lugar una reunión para seguir dándole forma a la definición del indicador de reincidencia. Participaron representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación y “de todas las áreas del MI que tienen que ver con la construcción de este indicador”, contó Sanjurjo a la diaria tras el encuentro, que destacó que invitaron a “académicos de referencia” para que aporten en esta parte del proceso: los criminólogos Ana Vigna y Nicolás Trajtenberg, del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y Diego Fleitas, consultor argentino especializado en desarrollo y evaluación de políticas de seguridad. “Nuestra idea es que de acá a unas semanas ya estemos en condiciones de hacerle el planteo formal sobre un indicador consensuado desde el MI a Fiscalía y al PJ”, dijo Sanjurjo.
“La reducción de la reincidencia delictiva, si esta es entendida como la reducción de la reincidencia penitenciaria, es básicamente el objetivo final de todo sistema penitenciario moderno, y de todo el sistema de penas alternativas”, indicó Sanjurjo, que subrayó que “el fin ulterior de todo sistema penal es reducir la reincidencia, y en Uruguay nunca lo hemos ni medido ni definido”. “No lo midió nunca el MI, ni la Fiscalía ni el PJ”, señaló.
Explicó que “es una definición que no es simplemente técnica, sino política, porque uno tiene que definir qué conductas suponen una reincidencia delictiva, qué implica como país, como MI y como sistema penitenciario; también a partir de cuándo se mide, cuántos años después de haber sido liberado se deja de tomar en cuenta y una cantidad de aspectos que se tienen que considerar”.
Planteó que “no existe un estándar internacional” y que la idea de la cartera de la que forma parte es que “podamos tener el cálculo de distintos tipos de indicadores de reincidencia que le sirvan al sistema penitenciario” y “otros que les sirvan al PJ y a otros estamentos del Estado”, con el desafío de que sea “lo más estándar posible, en el sentido de que permita la comparación internacional con otros países cercanos al nuestro, como pueden ser Chile y España”.
Finalmente, Sanjurjo aportó que medir la reincidencia “es importante porque, como supone el objetivo final, una vez que se tiene esa cifra se pueden ajustar las clavijas y alterar la política pública con el fin de reducir ese indicador”. “Aspiramos a que algún día podamos tener un indicador de reincidencia para cada módulo penitenciario, para cada programa penitenciario, que podamos empezar a ver qué cosas, qué lugares, qué sistemas fomentan la reincidencia y cuáles, por el contrario, la reducen más que otros, para poder justamente fomentar ese tipo de políticas”, concluyó.