La jueza en lo penal de 33° turno, María Noel Tonarelli, avanza en las audiencias de control de acusación que tienen como objetivo establecer las condiciones y determinar los testigos y las pruebas materiales que formarán parte del juicio oral en la mayor causa de explotación sexual contra menores conocida como Operación Océano.
Según informaron fuentes judiciales a la diaria, en las audiencias de la semana pasada Tonarelli definió el ingreso del celular de la principal víctima de la causa como parte de la prueba material del juicio, por lo que el contenido de todos los chats que fueron extraídos del celular podrá ser usado por cualquiera de las partes.
La decisión fue apelada por algunas de las defensas de los 11 acusados en la causa, quienes consideraron que la forma en la que la Fiscalía administró la distribución del contenido implicó una ruptura en la cadena de custodia que quitó garantías al proceso, por lo que aún resta el pronunciamiento Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, que podría revocar la decisión de Tonarelli.
La integridad de la evidencia fue un punto central en la discusión durante toda la investigación penal, al punto que la propia Fiscalía, en marzo de 2022, emitió un comunicado explicando los errores cometidos, que la llevaron a incorporar 45 archivos que no habían sido incluidos cuando se entregó la evidencia e iniciar una investigación penal para conocer si hubo o no responsabilidades por parte de Policía Científica o la fiscalía. A su vez, la Fiscalía General de la Nación, tras ese incidente, modificó el sistema de entrega de la evidencia a las partes para que tenga un acceso más directo.
Otro de los puntos definidos por Tonarelli fue el ingreso al juicio oral de la declaración anticipada de la principal víctima de la causa que fue tomada en abril de 2022, en dos tandas. Esa decisión también fue apelada por las defensas de los acusados, quienes entienden que debió darse lugar a una instancia de repreguntas que fue suspendida.
En noviembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1° turno se expresó sobre la pertinencia de la prueba anticipada para la principal víctima y sobre el manejo realizado por la Justicia y la Fiscalía de la evidencia de la causa, en una sentencia en la que defendió el derecho de la víctima a declarar en el juicio a través del mecanismo de prueba anticipada y exhortó a la jueza de primera instancia a que inste a la Policía Científica a entregar la evidencia del caso a todas las partes.
Antes de ingresar en la discusión de qué prueba ingresará al juicio, en las audiencias de control de acusación se discutió la acusación de la fiscalía y varios pedidos de sobreseimientos. En uno de los casos, la propia Fiscalía aclaró que mencionaba a dos víctimas en relación a uno de los acusados, pero sólo lo acusaba por una de ellas.
También fue sobreseído uno de los imputados, representado por el abogado Andrés Añasco, en relación a otra de las víctimas, porque en la acusación de la fiscalía no estaban establecidos adecuadamente los términos de la acusación con el delito que se le imputaba.
En las próximas audiencias está previsto que las defensas de los acusados presenten las pruebas que pretenden ingresar al juicio, entre las que se encuentra el testimonio de peritos particulares. Luego de que terminen las audiencias de control de acusación la Justicia tiene 90 días para fijar la fecha del juicio oral y el definir el juez que estará al frente del juicio. De las 37 personas investigadas en la causa, 17 fueron sobreseídas o su causa fue archivada, nueve fueron condenadas y once resolvieron ir a juicio.