Este lunes comienza el juicio oral de la causa que investiga torturas en el ex Batallón de Infantería 6 de San José, entre 1975 y 1978, por la que podrían ser condenados los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macalusso.
Según informó a la diaria el abogado de las víctimas de terrorismo de Estado, Pablo Chargoñia, las audiencias del juicio se extenderán hasta el jueves 11 y en ellas el juez deberá definir sobre la acusación realizada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, que pidió una condena de 12 años y seis meses de penitenciaría para los dos militares imputados. Francia, de 76 años, y Macalusso, de 78, fueron investigados junto a los militares Winston Puñales y José Antonio Hernández, sobre quienes la fiscalía alcanzó a preparar el pedido de formalización, pero fallecieron durante el proceso.
El 30 de junio de 2022, Macalusso y Francia fueron imputados por la jueza letrada de 5º turno de San José, María José Camacho, por los delitos de privación de libertad, abuso contra detenidos y lesiones graves, luego de que varios militantes que fueron detenidos en el ex Batallón de Infantería 6 de San José los reconocieran como participantes de las torturas a las que fueron sometidos.
Durante las audiencias del juicio declararán ocho de las víctimas del centro de torturas, que fueron detenidas entre marzo y abril de 1975 e iniciaron la denuncia el 8 de julio de 2021, luego de que una primera causa en la que denunciaron las violaciones a los derechos humanos que sufrieron fuera archivada por la Justicia, ante la vigencia de la Ley de Caducidad. En el primer día del juicio, luego de los alegatos de apertura de la Fiscalía y de la defensa de los imputados, serán convocados a declarar varios peritos convocados por las partes, entre ellos un médico forense, un historiador y un experto en documentación de la Justicia Militar.
La causa investiga la detención en 1975 de 21 integrantes de la Unión de Juventud Comunista (UJC), que tenían entre 18 y 25 años, quienes fueron trasladados al Batallón de Infantería 6 y permanecieron privados de libertad durante cinco años: tres años y medio en esa unidad militar de San José y un año y medio en el Penal de Libertad. Algunos de los denunciantes volvieron a ser detenidos y torturados en 1980 y trasladados en varias oportunidades desde la Unidad de San José al centro de torturas La Tablada.
Testimonios
Las víctimas fueron sometidas a torturas, trabajos forzados y en el caso de las mujeres también fueron víctimas de abusos sexuales. Una de las denunciantes relató que los militares durante la tortura “utilizaban un lenguaje soez e insultante de contenido sexual”. “Había muchos milicos y nosotras desnudas y solas frente a ellos. También hacían referencia al olor que teníamos y a cuestiones personales de los detenidos con comentarios humillantes. También mostraban conocimiento de nuestras familias y amenazaban con traerlas detenidas o desaparecerlas en el río”, expresa uno de los testimonios con los que fue abierta la causa.
“Sentían orgullo de hacer lo que hacían”, señaló otra de las denunciantes, que recuerda que uno de los militares, en estado de ebriedad, le levantó la capucha “para que viera su cara y no la olvidara”.
En cuanto al trabajo forzado, uno de los testimonios relata lo sucedido y las amenazas sufridas durante el trabajo forzado y apunta que el trato empeoró a partir de octubre de 1975, cuando comenzaron a ser obligados a trabajar largas horas sin comer ni tomar agua. “Estábamos haciendo zanjas, se acerca [uno de los denunciados] y tomando su pistola decía: ‘Qué lástima que haya gente que no los quiera matar’”, señaló el testigo. Otro de los denunciantes relató que fue detenido en su casa de San José cuando tenía 21 años: “Mi madre preguntó qué pasaba, a lo que uno de ellos respondió que los tenía que acompañar por un ratito, que tenían unas preguntas para hacerme. Cuando subí a la camioneta, donde había otros uniformados, me encapucharon, y a partir de ese momento [hubo] una lluvia de insultos y golpes. Al momento sólo había participado en una o dos reuniones de la UJC al año, puesto que trabajaba en una empresa de carga y descarga alrededor de 12 a 15 horas diarias”.
“No teníamos armas, no lastimamos a nadie, sólo pensábamos diferente y denunciábamos un régimen injusto y prepotente. Por eso terminaron con todos nuestros sueños y afectaron la vida de cientos de personas, la de nuestros familiares y amigos, y la nuestra”, expresó otra de las víctimas en la denuncia.