Robert Pintos, exedil de la Junta Departamental de Paysandú por el Partido Nacional -que llegó a presidirla-, fue condenado a dos años de prisión por varios delitos sexuales y de género: proxenetismo, reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados, reiterados delitos de desacato y un delito de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo especialmente agravado.
Pintos fue edil entre 2005 y 2010, luego presidente de la Junta Departamental de Paysandú entre 2010 y 2011. Pasó a ser secretario general de la misma entre 2011 y 2015, y luego volvió a ser edil entre 2015 y 2020. A través de la lista 51 apoyó la precandidatura presidencial del fallecido Jorge Larrañaga, con quien se presenta en sus imágenes de perfil en redes sociales.
El exrepresentante departamental tenía una requisitoria pendiente y mientras caminaba por la calle en Paysandú notó la presencia policial e intentó huir, por lo que fue detenido y condenado el viernes pasado mediante un juicio abreviado.
El hombre, de 53 años, tenía denuncias previas por violencia doméstica y ya había sido condenado en agosto de 2021 por reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados y lesiones personales tras agredir y amenazar a su expareja. Le dio golpes de puño en la cara y puntapiés. También la amenazó con un arma blanca y se fue de la casa llevándose un cuchillo y un rifle de aire comprimido. En este caso se estableció una pena de 12 meses de prisión que fueron sustituidos por un régimen de libertad a prueba. La Justicia dispuso que se le colocara una tobillera electrónica.
Tras esta condena, fue expulsado del Partido Nacional. En la Junta Departamental de Paysandú se promovió una declaración desde su propio partido de repudio a sus delitos. El Frente Amplio por su parte solicitó que se retire su placa en homenaje, como tienen todos los expresidentes de la Junta, lo cual se concretó.
Su contratación con la Fundación A Ganar
Tras su condena en 2021, ediles del Frente Amplio solicitaron al intendente Nicolás Olivera y al director de la Fundación A Ganar la separación del cargo de Pintos, que había sido contratado por esta organización, que se suponía debía generar empleo para personas en situación de vulnerabilidad. Los ediles denunciaron que Pintos cumplía funciones jerárquicas y de confianza de Olivera en varias áreas del gobierno departamental, lo cual no era objeto de la contratación a través de la Fundación A Ganar.