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Archivo, julio de 2022

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Amnistía Internacional exige medidas “para llevar ante la Justicia” a todos los sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad

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Además, expresa preocupación por “el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria”, que podría beneficiar a “más de 20 condenados” que se encuentran “cumpliendo sus penas en el centro penitenciario Domingo Arena”.

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En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Uruguay, Amnistía Internacional (AI) publicó, este martes, una declaración en la que expresa que “continúa exigiendo memoria, verdad, justicia y reparación integral ante los crímenes del pasado que permanecen impunes”, y “recuerda al Estado uruguayo que debe comprometerse con brindar garantías de no repetición”.

En la declaración, titulada “Uruguay: A 50 años del golpe de Estado, la demanda por memoria, verdad y justicia permanece vigente ante los crímenes del pasado que persisten impunes”, la organización exige que “las autoridades adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos”.

También expresa que, en ese sentido, “resulta preocupante el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria”, ingresado en 2021 en el Parlamento y que “aún sigue a estudio, pero no ha avanzado en sus discusiones”. “Según diversas estimaciones, el beneficio alcanzaría a casi 200 personas, incluyendo más de 20 condenados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran cumpliendo sus penas en el centro penitenciario Domingo Arena. De ellos, un 80% aproximadamente está recluido desde hace menos de dos años”, añade AI.

El movimiento global también recuerda al Estado uruguayo “que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un Estado parte”, y señala que “se vuelve fundamental que el Estado establezca medidas que den garantías de no repetición, involucrando a la sociedad en su conjunto para que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no vuelvan a cometerse en el territorio uruguayo”.

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