El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone elaboró un proyecto de ley con un artículo único que plantea agregar un inciso al artículo 14 a la Ley 19.823, que es el Código de Ética de la Función Pública, sobre la tenencia de armas de fuego.
El artículo 14 establece las conductas contrarias a la probidad. “El principio de probidad consiste en observar conductas de funcionarios públicos intachables, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular”, explica Perrone en la exposición de motivos de su propuesta.
El inciso que propone agregar el diputado de CA indica que “se deberá presentar declaración jurada donde se indique la tenencia o porte de armas de fuego, en que condiciones se poseen, en calidad de titular, herencia, otros, registros de las mismas, procedencia, así como también especificar la tenencia o porte de armas de fuego en condiciones irregulares y procedencia de las mismas”. Se señala que “el funcionario público que tuviese en su poder un arma de fuego irregular dispone de un plazo de 60 días después de notificado de esta nueva ley para la entrega de dichas armas irregulares ante el servicio de material y armamento, si la entrega se realiza dentro de los 60 días no será plausible de sanciones de ningún tipo. El Servicio de Material y Armamento procederá a la destrucción de las mismas”.
En la exposición de motivos, Perrone indicó que “el aumento de delitos cometidos en nuestro país con armas de fuego de distinto calibre es un problema serio que debemos atacar” y que “muchas veces nos preguntamos de dónde proviene la gran cantidad de armas de fuego, debido a las posibilidades de tráfico, robos de armas, ventas clandestinas, modificaciones a las armas y demás”. En este sentido, afirma que “muchas de estas armas circulan en un mercado de manera irregular entre los distintos modos delictivos, la delincuencia no mide a la hora de hacerse de un arma de fuego”.
Perrone indica que si bien el Código de Ética del funcionario público establece qué conductas deben ser tomadas en cuenta para salvaguardar los intereses generales del Estado y asegurar que los funcionarios públicos actúen “con estricto apego a las leyes, cumplir con eficiencia su misión, realizar actividades de superación personal y de colaboración”, plantea que “existe una ausencia de normativa en cuanto a la situación referida a la tenencia o porte de armas por parte de los funcionarios públicos sin la debida reglamentación”.
“Se persigue con esta medida disuadir el uso ilegítimo de armas de fuego en manos de los criminales y respetar la utilización legítima por parte de los ciudadanos apegados a la ley. También se busca con este proyecto mitigar el posible mercado negro con participación de empleados públicos que pudiesen tener acceso a armas de fuego”, resalta.
En diálogo con la diaria, Perrone manifestó que “la preocupación es personal” y que “la transmití al partido”, “ante la preocupación de la cantidad de delitos que se cometen con armas de fuego”.
Perrone señaló que esto repercute “no sólo en los delitos que vemos, sino también en los suicidios”. Además, indicó que esta problemática no es únicamente de Uruguay y que ha leído sobre las políticas de desarme de otros países, citando en particular un informe de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina.
El diputado de CA aclaró que “con esto no quiero decir que esté proponiendo una política de desarme”. “Lo que yo entiendo es que si hay menos armas, se pueden evitar determinados tipos de delitos”, acotó. Entonces, “en principio, en conversaciones con algunos allegados, asesores y abogados que están en estos temas”, sumado a los informes, encontró que se pueden dar “situaciones de tráfico de armas y de comercio ilícito de armas dentro de algunas fuerzas del Estado”. “Sin nombrar y sin marcar a nadie”, subrayó.
Por eso, considera que es necesario “empezar con algo” y en este sentido resaltó el hecho de “marcar una preocupación desde el Legislativo”. “Ojalá sea ley, eso significa una preocupación desde el gobierno con la situación de las armas dentro de los funcionarios públicos”, agregó.
Resolvió agregar este inciso al artículo 14 del Código de Ética porque es el que “marca y habla de cómo tiene que ser el comportamiento del funcionario público”. Perrone resaltó que se busca ir por el camino de una declaración jurada en la que se plantee el porte o la tenencia de armas. La intención es que “el funcionario público explique si tiene armas, si las tiene legalmente, si son para el cuidado de la casa, si son una herencia, si son de colección, pero que se diga”.
Aclaró que “acá no estamos marcando ningún delito ni persiguiendo a nadie”. “Y, en caso de que tengan un arma ilegal, a través de este proyecto de ley, si se hace ley, se le da la oportunidad de que vaya [a entregarla]”, explicó. Para Perrone, “es como una amnistía”: “Que la entreguen en el Servicio de Armamento [del Ejército] sin ningún tipo de pena” ni repercusión “en lo penal, en lo administrativo, ni nada”. “La persona va, la entrega y listo”, indicó.
El diputado reivindica que “si encontramos armas ilegales, esta es una forma de sacar armas del posible mercado delictivo”. También señaló la importancia de esta propuesta para evitar, por ejemplo, que si personas ingresan a robar una casa en la que hay armas se las lleven, indicando que “son armas que pasan a estar en manos de la delincuencia”.
Para Perrone “es imposible cuantificar de cuántas armas estamos hablando en esta situación, porque estamos yendo a un público objetivo, que son los funcionarios públicos”, pero entiende que “vamos a tener el dato de aproximadamente, números más, números menos, unos 300.000 hogares”. Además, resaltó que sería “de una forma rápida y obligatoria”. “Es una forma directa de llegar, como quien dice, a un censo de la cantidad de armas que hay en esos hogares, que no significa ningún tipo de delito, porque en ese hogar pueden haber armas reglamentarias, con todas las de la ley, de colección, de herencias”, acotó, y enfatizó en que esta “es una herramienta para que el Estado tenga una situación real registrada de un porcentaje bastante alto de la población”.
Planteó que el marco normativo actual es ineficiente: “Porque hoy la tenencia ilegal de armas tiene una pena de entre 3 y 18 meses de prisión. Evidentemente, eso no está evitando ningún tipo de delito”. En este sentido, destacó que “los delincuentes no dejan de cometer un delito porque la tenencia de armas ilegales tenga esa pena”.
Para el diputado, este “también es un mensaje para decir que hay una preocupación del Estado”. “Arranquemos por nosotros mismos y empecemos a tener datos”, planteó. “Es como un primer pasito. Estoy convencido de que puede ser un mensaje para determinados sectores de los funcionarios públicos de que el Estado está decidido a controlar determinadas situaciones sin ningún tipo de persecución, ni de pena, ni de nada, a través de una simple declaración jurada y en caso de que haya algo mal, con una amnistía”, enfatizó.
Para finalizar, Perrone recurrió al caso de los legisladores en particular: “No todos los funcionarios públicos tienen que presentar una declaración jurada. En el caso nuestro, sí. “Cuando digo arranquemos por nosotros mismos, yo temporalmente soy un funcionario público. Esto abarca a todo el mundo”, planteó. “Empecemos por casa”, finalizó.