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Federico Kreimerman, a la llegada a Fiscalía, el 23 de agosto de 2023.

Foto: Ernesto Ryan

Fossati pedirá la imputación del presidente del sindicato de OSE por tirar una bomba de humo

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El PIT-CNT rechazó la intención de la fiscal de imputar un delito de atentado y advirtió por un proceso de “judicialización de la protesta social”.

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Leído por Andrés Alba.
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La fiscal de Flagrancia de 16° turno, Gabriela Fossati, pedirá a la Justicia la formalización del proceso contra el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, por tirar una bomba de humo durante una manifestación realizada el 13 de junio en rechazo al proyecto Neptuno.

Fossati tomó declaración en la mañana del miércoles a tres dirigentes del sindicato y concluyó que existe evidencia suficiente para pedir la imputación judicial de Kreimerman por un delito de atentado especialmente agravado, con base en que el trabajador dijo que la intención de la movilización era suspender el proceso licitatorio que se abría ese día ante irregularidades detectadas por el sindicato.

Tras conversar con Fossati, el director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, transmitió la teoría del caso de la fiscal y señaló que “hubo un exceso con la intención de obstaculizar el acto licitatorio”, por lo que entiende que se trata de “una situación que debe dilucidarse en el ámbito judicial”.

Ahora, el Poder Judicial tiene 20 días para convocar a una audiencia de formalización. El delito de atentado está previsto en el artículo 171 del Código Penal para quienes usen “violencia o amenaza contra un funcionario público” para “impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo” o “estorbarle su libre ejercicio”, y tiene una pena de entre tres meses de prisión y tres años de penitenciaría. Sus circunstancias agravantes, previstas en el artículo 172, se configuran cuando el atentado se comete por más de tres personas o hacia más de dos funcionarios.

Por el momento, los otros dirigentes que declararon no volverán a ser convocados por la Fiscalía.

La causa fue iniciada a partir de una denuncia penal que hizo el directorio de OSE, luego de que las cámaras de seguridad captaran a uno de los trabajadores encendiendo una bomba de humo dentro del edificio de la sede central.

Durante esa manifestación, que fue convocada para denunciar irregularidades en el proceso de adjudicación a privados del proyecto Neptuno, se registraron varios incidentes con la Policía, que desalojó a los manifestantes de su lugar de trabajo y les impidió el reingreso.

Movilización de Fosse, en la Fiscalía, el 23 de agosto de 2023.

Foto: Ernesto Ryan

El PIT-CNT expresó su preocupación por la decisión de la fiscal

La central sindical emitió un comunicado manifestando su “profunda preocupación y rechazo” ante la situación procesal de Kreimerman, tras el anuncio de Fossati, y agregaron que “no se puede calificar como atentado una situación que no puso en peligro a ninguna persona ni causó daño patrimonial a la empresa pública”.

“Instamos a las autoridades pertinentes a garantizar un proceso legal debidamente justo y transparente, en el cual se tomen en cuenta las circunstancias y el contexto real en el que se realizó la acción, que de ningún modo puede ser calificada de tal forma”, agregaron.

Además, señalaron que el acto por el que Kreimerman es investigado tuvo lugar en el marco de una manifestación contra el directorio de la empresa “por seguir adelante con el proyecto Neptuno, cuyo único fin es privatizar el agua”, y abogaron por “una solución pacífica y justa de las controversias, considerando muy negativa y peligrosa la judicialización de la protesta social”.

Horas antes, FFOSE planteó que la decisión de Fossati “está enmarcada dentro de la estrategia llevada adelante por el gobierno y el directorio de OSE de querer criminalizar las acciones” del sindicato, “que dejaron en evidencia el pésimo negocio para el Estado uruguayo que representa el proyecto Neptuno”.

En esa línea, señalaron que el pedido de formalización “tiene como único argumento que un juez resuelva cuál es el alcance de una movilización gremial”, lo que calificaron como “un claro ataque a las libertades sindicales”.

En esa línea, recordaron que las movilizaciones del sindicato “se enmarcan dentro de lo que la Constitución, las leyes nacionales y convenios internacionales de trabajo establecen”. “Muy lejos de amedrentarnos, este tipo de ataques a las libertades sindicales nos fortalecen y nos seguirán encontrando en la defensa de las empresas públicas y a favor de toda la población”, concluyeron.

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