El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) es el organismo a cargo del sistema penal adolescente, donde se priva de libertad a personas de entre 13 y 18 años. Pero si una persona comete un delito antes de los 18 años y su condena se extiende más allá de su mayoría de edad, sigue cumpliendo la pena en el Inisa. A partir de la ley de urgente consideración (LUC) las penas máximas para adolescentes se duplicaron, por lo que una persona puede estar privada de libertad en el Inisa hasta días antes de cumplir los 28 años. Múltiples actores y la propia institucionalidad alertó al Parlamento que esto sucedería antes de que se aprobara la LUC.
Según un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que se presenta este viernes, al que accedió El País, cuatro de cada diez personas que están presas en el Inisa tienen más de 18 años, por lo que se consideran adultos.
La INDDHH alertó que el fenómeno “sólo irá en aumento”, por eso pide acciones específicas para abordar esta situación. En este sentido el informe señala que deberían existir políticas interinstitucionales, con estrategias integrales, que atiendan esta realidad. Se plantea la creación de una mesa de trabajo que tenga un diálogo constante para desarrollar estas estrategias. El documento además recomienda que exista una hoja de ruta para encarar esta realidad y que esté pronta en menos de tres meses.
Se alerta en particular que el sistema penal adolescente podría asimilarse a las cárceles de adultos. Además, se indica que “la separación de adolescentes de jóvenes mayores de 18 años solamente puede estar fundada en el interés superior de los primeros, y nunca en el agravamiento per se de las condiciones de encierro y ejecutabilidad de las medidas de los jóvenes por el mero hecho de cumplir 18 años”.
