Una delegación del Ministerio del Interior concurrió este miércoles a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para informar sobre el proyecto de Rendición de Cuentas.
Durante su comparecencia el ministro Heber reclamó que se revise la decisión tomada en Diputados de quitar del articulado la propuesta que planteaba un incremento de las penas al delito de homicidio simple.
“Tenemos que preservar la vida y ser más duros cuando hay intención de matar a otra persona. No entendemos por qué no se votó en la Cámara de Diputados y aspiramos a que esto sea votado en el Senado de la República para que, por lo menos, el mínimo de la pena sea lo mismo que la rapiña. Si no, la legislación estaría diciendo que matar tiene una pena de dos años y una rapiña de cuatro. Espero que se vote”, planteó el ministro en conferencia de prensa tras salir de la comisión, señalando que fue uno de los temas que más se discutió en la comparecencia.
Heber dijo que mientras en Uruguay la pena por homicidio es de dos años, “en Venezuela la pena mínima de homicidio intencional es de 12 años, en Cuba de 20, en Argentina de ocho, en Chile de diez, en Brasil de seis, en Colombia de 17, en Ecuador de diez, en México de 12, en España de diez, en Italia de 21, 30 en Francia, ocho en Portugal, 20 en Bélgica”.
La propuesta original, enviada por el Poder Ejecutivo en junio, planteaba un aumento de dos a seis años de penitenciaría de la pena mínima para los homicidios simples, previstos en el artículo 310 del Código Penal.
La iniciativa fue cuestionada por diferentes actores del sistema judicial, entre ellos fiscales, jueces y defensores de oficio, principalmente porque quitaba la posibilidad de resolver casos de homicidio a través de acuerdos abreviados, dado que el Código de Proceso Penal, que regula la vía procesal de los acuerdos abreviados, establece en su artículo 272 que sólo puede dirimirse por esa vía procesal “hechos que constituyan delitos cuyo tipo básico esté castigado con una pena mínima no superior a cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad”, y deja explícitamente incluidos los homicidios con circunstancias agravantes especiales, y el homicidio con circunstancias agravantes muy especiales.
Entre los principales cuestionamientos que llegaron desde el sistema judicial se encuentra el hecho de que son casos fáciles de resolver porque por lo general, en ese tipo de homicidios, existe arrepentimiento por parte del victimario, y llevar todos esos casos a juicio implicaría un retraso innecesario en la resolución de los casos.
Ante eso, el MI dio marcha atrás y planteó que el aumento de la pena mínima para homicidio simple llegue a cuatro años, lo que aumentaba la pena sin quitar la posibilidad de resolverlos por acuerdo abreviado. Sin embargo, en Diputados se definió la eliminación de ese artículo en pos de tener una discusión que apunte a una consideración más integral de la dosimetría penal.
Heber apuntó contra la jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard
El ministro fue consultado sobre el recurso de Habeas Corpus presentado por la defensa del narcotraficante Ricardo Damián Cáceres Correa, conocido como el Ricardito, que fue aceptado por la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, María Helena Maynard, para que sea trasladado de la Unidad 25, un sector de máxima seguridad que funciona dentro del predio del Comcar, a un lugar donde tenga derecho a salir al patio y la posibilidad de estudiar o trabajar.
“La jueza lo saca de la máxima seguridad, del aislamiento. ¿Para qué? Para que vuelva a delinquir. ¿O alguien cree que va a hacer un curso de carpintero?”, lamentó el jerarca, quien subrayó que es “una persona muy peligrosa” y que por eso está en régimen de aislamiento. “Lo tenemos aislado porque antes dirigía desde la cárcel no sólo una organización criminal, sino que mandaba cortar dedos, manos, orejas y mandaba a asesinar”, agregó Heber.
“Que una jueza crea que una persona de estas características, con este nivel de violencia, un asesino, crea que puede ser rehabilitada haciendo bloques o carpintería... realmente no entendemos esta situación”, cuestionó el ministro, y agregó que la decisión de la Justicia “no ayuda en el combate al narcotráfico”.