Este lunes se llevó a cabo la tercera sesión de la audiencia de control de acusación, en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares uruguayos en Argentina. Entre ellas se encuentran los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Zelmar Michelini, la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y decenas de crímenes cometidos por militares uruguayos en Argentina.
Durante la audiencia, que se extendió por casi tres horas, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, terminó de leer la acusación contra los militares en situación de reforma José Turco Arab y Jorge Pajarito Silveira y el policía retirado Ricardo Medina.
Los tres acusados participaron en la audiencia telemáticamente: Medina y Silveira lo hicieron desde Domingo Arena, mientras que Arab lo hizo desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria. Si bien la participación presencial es un derecho de los imputados, el juez de garantías Emilio Baccelli propuso la posibilidad de que, al tratarse de una audiencia técnica en la que se discute qué evidencia se admite como prueba en el juicio oral, pudieran participar por teleconferencia para evitar su traslado.
“No cabe lugar a dudas de que el núcleo central de los hechos que motivan la investigación da cuenta del mayor magnicidio ocurrido en nuestro país: se asesinó a dos legisladores de primer nivel que a su vez eran referentes de la oposición política a la dictadura civil y militar que gobernaba Uruguay. A eso se sumó la tentativa de atentado contra el máximo líder del Partido Nacional y candidato a la presidencia más votado en las elecciones de 1971”, expresó el fiscal Perciballe en referencia a Wilson Ferreira Aldunate. Mencionó la desaparición forzada de Manuel Liberoff, referente del Partido Comunista del Uruguay, y añadió que los asesinatos de Barredo y Whitelaw tuvieron el propósito de “orquestar burdamente una explicación” de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, dado que junto a los cadáveres dejaron volantes que buscaban presentar los homicidios como un hecho vinculado a una contienda interna del Movimiento de Liberación Nacional.
“La máquina represiva orquestada en Uruguay se trasladó a Argentina y, mediante la coordinación Cóndor, alcanzó su zenit”, señaló Perciballe. Agregó que el atentado contra los legisladores “no puede enmarcarse sólo en esa lógica” y mencionó entre los motivos para los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y el intento de atentado contra Wilson Ferreira, el hecho de que fueran líderes políticos con “fuerte nivel de convocatoria”, con ideas que chocaban con los planes de Estados Unidos y la dictadura uruguaya.
“Las agencias de inteligencia y el gobierno uruguayo estaban obsesionados con el viaje que Michelini tenía planeado realizar a Estados Unidos para entrevistarse con el senador Edward Kennedy, pues tales contactos y las denuncias que el legislador pudiera hacer sobre la violación de los derechos humanos en Uruguay podría implicar una falta de apoyo al proceso”, sostuvo Perciballe.
El fiscal hizo un raconto de los contactos que mantuvieron los legisladores para avanzar en una salida democrática y remarcó que el objetivo de los asesinatos fue terminar con esa posibilidad. “No cabe lugar a dudas de que quienes estaban comprometidos con las graves violaciones a los derechos humanos no podían estar de acuerdo con una vuelta a la normalidad democrática, por cuanto su impunidad estaría en juego”, agregó.
Perciballe pidió una condena de 30 años para Arab, por 12 delitos de homicidio, dos delitos de desaparición forzada, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, cuatro delitos de rapiña y reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.
También pidió la condena a 22 años de penitenciaría de Silveira por dos delitos de homicidio, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. Por último, solicitó la condena de Medina a diez años y seis meses de penitenciaría por dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, un delito de rapiña, nueve delitos de privación de libertad, dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y dos delitos de lesiones graves.
En esta causa también fueron investigados los militares José Gavazzo, Ricardo Maurente y Gilberto Vázquez, quienes fallecieron antes de que la fiscalía presentara la acusación.