El fiscal especializado en Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, pidió tres años de penitenciaría para el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias, según informó el diario El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
En la acusación, Rodríguez plantea que Iglesias es responsable de un delito de asociación societaria fraudulenta y apropiación indebida durante su desempeño en la administración de la institución médica que fue cerrada en diciembre de 2021.
Concretamente, Iglesias es acusado por la firma de dos órdenes de pago días antes del concurso de acreedores, que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso, algo que no fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública, que inició la causa penal, sino por los síndicos del Poder Judicial que participaron en el concurso de acreedores.
El artículo 5 del Decreto-ley 14.095, que establece el delito de insolvencia societaria fraudulenta, prevé penas de entre 12 meses de prisión y diez años de penitenciaría para quien “procurase un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero”.
En cuanto al delito de apropiación indebida, la fiscalía acusa a Iglesias del desvío de 180.000 dólares que habrían sobrado de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera. Cuando Iglesias declaró ante la Fiscalía, en abril de 2023, llevó comprobantes de que ese dinero había sido transferido a la clínica Leborgne, que pertenece en un 51% a la institución, pero para la fiscalía esa versión tiene inconsistencias que lo llevaron a plantear la acusación.
Iglesias, que siempre se declaró víctima de una maniobra contra Casa de Galicia para apropiarse de los socios de la mutualista, defenderá su inocencia en el juicio oral, y a priori se descarta que tenga intenciones de alcanzar un acuerdo con la fiscalía.
La causa fue iniciada por el Ministerio de Salud Pública el 2 de diciembre de 2021, tras el informe de los interventores estatales, que concluyeron que existieron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares en detrimento del patrimonio de la institución”.