La defensa del exsenador Charles Carrera presentó un escrito ante la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, para convocar a una audiencia para reclamar a la Fiscalía explicaciones sobre el avance de la causa que lo investiga por irregularidades en el Hospital Policial, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.
La denuncia que fue realizada por el Ministerio del Interior en agosto de 2022 plantea que Carrera incurrió en un delito de abuso innominado de funciones al entregar tickets de alimentación y brindar atención en el Hospital Policial a Víctor Hernández, quien en noviembre de 2012 fue víctima de una bala perdida que podría haber llegado desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, aunque el caso fue archivado por no encontrar elementos para probar el origen del disparo.
El 25 de setiembre, la fiscal de Delitos Económicos de 2° turno, Silvia Portiero, pidió al Senado el desafuero del senador Charles Carrera para formalizar el proceso en su contra por un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI). El desafuero de Carrera implicó también el retiro de su nombre en las listas al Senado para el período que comienza el próximo 15 de febrero. Como el pedido el desafuero se concretó el mismo día en que se presentó la lista, no hubo tiempo para reimprimirlas pero se comunicó a la Corte Electoral la salida de Carrera como candidato al Senado.
A casi tres meses de la solicitud ante la Asamblea General, la fiscal Porteiro no pidió una audiencia de formalización a la Justicia y no ha brindado demasiada información, ni a la prensa ni a las partes, de cómo continúa su trabajo, lo que motivó el llamado de la defensa de Carrera. La investigación preliminar es reservada para terceros en lo que refiere a los hechos que se están investigando, tal como plantea el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal.
Tras su desafuero, la defensa de Carrera entregó a la Fiscalía una consulta realizada por el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Udelar, Gonzalo Fernández sobre el caso, quien realizó una análisis del delito de abuso innominado de funciones, al que calificó como “una aberración jurídica“ sobre el que “prácticamente toda la comunidad académica, e inclusive buena parte del espectro político” abogan por su derogación.
En esa línea, recordó que el profesor Miguel Lagón lo calificó como “autoritario” y “antidemocrático” en la medida en que no determina las conductas que tipifica y agregó que el punto central para definir si se está ante una eventual irregularidad administrativa o ante un eventual delito es la arbitrariedad.
“La ausencia de previsión reglamentaria autoriza —a lo más— para tildar el acto administrativo de irregular, pero así y todo no se trata de una conducta subsumible automáticamente bajo el tipo penal de mención, porque no todo lo administrativamente irregular deviene un hecho punible”, señaló Fernández con referencia a la inexistencia de reglamentación que enmarque la conducta del exsenador al otorgar asistencia a Hernández.
Por otra parte, señaló que a “la orfandad reglamentaria se le contrapone empero una praxis consuetudinaria” y detalló que en el Hospital Policial se atienden entre 150 a 200 personas al año que no son usuarias del nosocomio, y señaló, sin nombrarlo, el caso del expresidente Luis Lacalle Herrera.
Además, hizo referencia a la “fraudulenta ambivalencia” del Ministerio del Interior, que en la Justicia civil, en la que se defiende de una demanda realizada por la familia de Hernández, argumenta sobre la legalidad de lo actuado por la cartera, mientras que en la Justicia penal, donde ejerce como denunciante, los representantes del MI argumentan en sentido contrario.
En estos meses de investigación, desde que se pidió el desafuero, Porteiro accedió a tomar declaraciones a algunos testigos propuestos por la defensa de Charles, entre ellos el exdirector de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Faroppa, el abogado Martín Fernández y la exministra de Salud Susana Muñiz.
Según supo la diaria, Porteiro consultó a la exministra de Salud sobre la situación médica del paciente, quien señaló la pertinencia desde el punto técnico de que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial. Muñiz declaró que por el tipo de lesiones que tenía el paciente requería de la intervención de diversos especialistas y señaló que si bien el lugar de internación también podría haber sido el Hospital Maciel, en ese momento ese nosocomio estaba sufriendo una situación delicada en torno a la seguridad del paciente debido a la investigación judicial contra dos enfermeros, en el aquel momento procesados por múltiples homicidios.