Tal y como lo había anunciado, este jueves el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias apeló la sentencia de la Justicia que lo condenó a cubrir con su patrimonio lo adeudado por la institución médica y lo inhabilitó por 20 años a administrar bienes propios o ajenos, así como a representar a terceros.
Entre otras cosas, en la apelación, a la que accedió la diaria, Iglesias solicitó que se revoque la sentencia que lo inhabilita, así como la “responsabilidad solidaria patrimonial”, ya que “todas sus actuaciones” vinculadas a Casa de Galicia “se adecuaron a las previsiones del estatuto” que regulaba a la institución y al “deber ser jurídico”, afirma.
En el escrito se refirió a algunos de los principales temas vinculados a la mutualista, sobre los que se ha debatido incluso desde antes de su cierre. Una de las primeras aclaraciones que hizo fue que el integrante del consejo directivo “que ostente el rol o cargo de presidente no está dotado de funciones ejecutivas” y que “no tiene poder individual, sólo tiene funciones representativas no ejecutivas”.
Según el expresidente, en las actuaciones “un ignoto observador” quiso destacar que él “estaba comprometido en la administración porque recorría frecuentemente el sanatorio”. Sobre esto, la petición sostiene que “dista mucho de implicar participar en la administración” y agrega que a Iglesias “le preocupaba llevar a la directiva su visión de las actividades y deseaba estar informado de lo que hacían y de cómo actuaban los funcionarios”.
La apelación sostiene que Casa de Galicia, como otras mutualistas, “siempre requirió asistencia financiera, que llegó de las más diversas formas”, entre ellas, del Estado. Estas dificultades, salvo la última vez, se resolvieron “siempre de la misma manera, con asistencia financiera en carácter de donación o en carácter de préstamo”.
Por otro lado, afirmó que si se observa el resultado y los balances de los últimos cinco años, “se comprobará” que el pasivo de Casa de Galicia puede haber aumentado, pero el patrimonio y el resultado final, “desde que asumió la Junta Directiva presidida por Iglesias, en octubre de 2018, mejoró”, y se proyectaba que con el crédito “ya aprobado” por el Banco Santander existía la posibilidad cierta de recuperación y terminación de todas la relaciones crediticias financieras.
Negativa de la Junasa a crédito para la institución mostró “el objetivo de liquidar[la], en un período de tiempo récord”
Iglesias se defendió de diversas acusaciones, por ejemplo, vinculadas al manejo económico-financiero de la institución, a la compra de la clínica Leborgne y a la actuación de los veedores del Ministerio de Salud Pública (MSP) dentro de la exmutualista.
Sobre este último punto, un tema que reflotó esta semana tras hacerse públicos los audios de la declaración de Martín Reyes, un testigo calificado de la causa que declaró que los veedores designados por el MSP en 2021 fueron presionados por el Poder Ejecutivo para modificar uno de sus informes, Iglesias sostiene que los dos veedores, Lucas Pereira y Luis Fraschini, ingresaron a Casa de Galicia “a instancias de comprobar el cumplimiento del último fideicomiso solicitado”, incluidos “los destinos de dinero para compra de equipamientos de la clínica Leborgne”, de lo cual no objetaron nada “respecto a la forma y operación de compra”.
Ambos son “los mismos veedores que siempre hicieron informes favorables a Casa de Galicia” y quienes consideraron el plan de reestructura de julio de 2021, que consideraba el crédito del banco Santander, a lo que se interpuso “la negativa” de la Junta Nacional de Salud (Junasa). Según Iglesias, el hecho de que a pesar de los informes favorables la mutualista no contara con el respaldo de la Junasa para obtener el crédito fue lo que la dejó “en situación crítica” y mostró “el objetivo de liquidar[la], en un período de tiempo récord”.
Esta semana, en diálogo con la diaria, Iglesias lamentó que la Justicia “nunca” le haya dado el espacio suficiente para declarar y contradecir las acusaciones en su contra sobre mala gestión. A partir de este jueves, esperará por un fallo revocatorio o por la confirmación de la sentencia.