El fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, convocó a la Fiscalía al expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias, quien concurrirá a la sede de la calle Cerrito acompañado por su abogado, Enrique Moller, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.
Iglesias fue citado para el mediodía del lunes para ser informado de las últimas diligencias en la causa y asegurarse de que haya tenido acceso a todo el contenido de la carpeta de investigación, incluyendo una ampliación de la evidencia que pedirá este viernes el abogado denunciante Gustavo Bordes, quien representa al Ministerio de Salud Pública.
Tras esa instancia, el fiscal Rodríguez comenzará a analizar con qué evidencia cuenta en la carpeta para solicitar a la Justicia la formalización del proceso contra Iglesias, algo que definirá esa misma semana. Entre las tipificaciones por las que podría ser imputado se encuentra la de apropiación indebida, fraude concursal, estafa e insolvencia societaria.
El caso fue iniciado el 2 de diciembre de 2021, a partir de la denuncia por presuntas irregularidades presentada por el Ministerio de Salud Pública, tras el informe de los interventores, quienes concluyeron que existieron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”.
La investigación, en los primeros meses, no pudo encontrar relación entre las conclusiones de los interventores y la documentación presentada por los denunciantes, pero esa situación fue cambiando a medida que avanzó la indagatoria.
En abril de 2023, Iglesias declaró ante la Fiscalía negando su responsabilidad en los hechos por los que lo acusó el Ejecutivo, entre ellos el delito de presunta apropiación indebida de 180.000 dólares que habían sobrado de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera. Sobre este punto, Iglesias presentó documentación que da cuenta de una transferencia de ese dinero a una clínica que pertenece a la institución. A su vez, rechazó haber sacado muebles de la sede de Millán y Raffo que no le pertenecían y dijo que los muebles que se llevó –algo que fue registrado por las filmaciones de las cámaras del estacionamiento de la mutualista– eran de su familia.
Fiscalía no tiene evidencias de presiones contra los veedores
Este lunes la columna La tapadita, del periodista Eduardo Preve, en M24, publicó parte de los audios de la declaración como testigo ante la Fiscalía del abogado Martín Reyes Delgado, quien dijo que los veedores Lucas Pereira y Luis Fraschini, que evaluaron la viabilidad financiera de Casa de Galicia en abril de 2021, fueron presionados por el gobierno para modificar los informes en contra de los intereses de la mutualista.
Consultado por el fiscal Rodríguez sobre cómo fue la entrega de la documentación de Fraschini y Pereira a la Junta Nacional de Salud, Reyes respondió que Fraschini “la entregó y le pidieron que cambiara el informe, me lo dijo Franschini: ‘Yo presenté el informe y me pidieron que lo cambiara’; lo tenían arrinconado, por eso no le dieron el crédito”, expresó con referencia a un crédito que tenía Casa de Galicia con el Banco Santander por 12 millones de dólares, que no podía ser concretado sin el aval de las autoridades de Salud Pública, dado que se utilizan como garantía los ingresos por el Fondo Nacional de Salud.
Según señalaron a la diaria fuentes de la investigación, Fraschini hace referencia a ese pedido en su declaración ante el fiscal Rodríguez, pero el pedido por parte del Ejecutivo está vinculado a la forma en la que debía entregar el documento y no a la sustancia del asunto, expresando en su declaración que trabajó con independencia desde el punto de vista técnico. Concretamente, le pidieron que entregara el documento en dos partes.
Para Reyes, la negación del aval para el financiamiento fue parte de un plan para cerrar la institución médica y destaca la velocidad con la que se resolvió su intervención, dos semanas después de que la institución llamara a concurso de acreedores al no poder acceder al financiamiento preacordado.