Las organizaciones uruguayas que se dedican al narcotráfico desempeñan “tareas logísticas” y operan como “soporte” de organizaciones criminales internacionales que envían estupefacientes a nuestro país por vía aérea, terrestre o fluvial, principalmente desde Bolivia, Paraguay y Argentina.
Una vez que la droga entra a Uruguay, estos clanes locales se encargan del “traslado, acopio, seguridad y posterior envío” de la droga hacia otros mercados. Las tareas son realizadas por distintos grupos: por ejemplo, uno se encarga de recibirla y trasladarla a un punto de acopio y otro se dedica a la logística de la “exportación” a Europa, incluyendo transporte interno, armado de empresas vinculadas a la actividad portuaria y hasta mecanismos para el lavado de activos.
Estas conclusiones aparecen detalladas en un “plan operativo contra organizaciones criminales y grupos delictivos” que la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional envió a otras dependencias del Ministerio del Interior en diciembre de 2023.
El diagnóstico que han planteado algunas jerarquías policiales sobre estas posibles conexiones entre grupos locales y organizaciones internacionales parecería apuntar en otro sentido. Por ejemplo, en una entrevista con El Observador del 27 de enero, el director de Policía, José Azambuya, dijo que “ninguna” de las bandas que operan localmente “tiene capacidad de traer droga y sacarla por el puerto” de Montevideo, y aseguró que estos grupos familiares tampoco participan en la logística de grandes cargamentos que se envían al mercado europeo.
Qué dice el documento
Halcón 1.0. Así se llama el plan operativo que la Dirección de Investigaciones quiere poner en marcha para “contrarrestar” el avance de organizaciones criminales y grupos delictivos que operan en todo el territorio nacional.
En la operativa que quiere poner en marcha la Dirección de Investigaciones están involucradas seis direcciones generales (Información e Inteligencia, Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Hechos Complejos, Apoyo Tecnológico y Seguridad en el Deporte) y tres unidades (Investigación y Análisis Penitenciario, Cibercrimen, Vigilancia de Puertos y Aeropuertos).
El documento de Investigaciones señala que el tráfico de cocaína se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en Uruguay y que en los últimos años se ha constatado que el país se consolidó como un “punto de tránsito” de la droga sudamericana que se envía a Europa.
Estos grupos locales combinan la actividad más lucrativa (el narcotráfico) con otras operaciones ilegales conexas, como el contrabando, el tráfico de vehículos, la extorsión, el blanqueo de dinero, el tráfico de armas, la trata de personas, entre otras.
El informe enumera características de estos grupos locales. Sus estructuras jerárquicas están “bien definidas”, con “líderes y subordinados” que asumen roles específicos; utilizan la violencia y la coacción para “mantener el control sobre su territorio, enfrentarse a rivales y eliminar amenazas internas o externas”. “Esta violencia puede incluir asesinatos, secuestros, extorsiones y actos intimidatorios”, agrega.
Este fenómeno tiene una “dimensión transnacional”, ya que estos grupos locales han logrado establecer “redes y conexiones” con organizaciones criminales nacionales e internacionales, aprovechando de esa forma las “ventajas del comercio ilegal a escala global”.
El documento explica que cada clan familiar tiene una zona o barrio de influencia, pero “no existe un grupo que tenga el control de todo el territorio nacional”. De todas maneras, señalan desde Investigaciones, las organizaciones “más fuertes o importantes” operan principalmente desde la zona metropolitana (Montevideo, Canelones y San José).
“Se ha detectado que estos grupos tienen conexiones con personas u otros grupos que operan en otras zonas del interior del país, los cuales pueden colaborar en tareas logísticas puntuales. Por otra parte, en lo que respecta a los grupos que ofrecen la logística a las organizaciones criminales internacionales, estamos en condiciones de afirmar que operan en todo el territorio nacional, sobre todo en los departamentos fronterizos para la recepción de la cocaína y en el resto para el tránsito, acopio y salida”, detalla el documento.
Por otra parte, los grupos que se dedican al microtráfico presentan estructuras organizativas “clásicas”, con un “núcleo cerrado y de extrema confianza”, que utiliza “familiares y amigos para llevar adelante las tareas”. Estas organizaciones suelen tener disputas con otras de similares características por el control del territorio, una realidad que ha demandado “mayor infraestructura” para la seguridad de los puntos de venta y para posibles acciones de sicariato o ajustes de cuentas.
¿Por qué estas organizaciones llevan tantos años dedicadas al narcotráfico? La explicación, según el documento de Investigaciones, es “sencilla”: hay una combinación perfecta entre alta rentabilidad y ganancias, poca exposición directa de los líderes, mitigación de riesgos y una gran demanda de consumidores.
Otro fenómeno reciente que se menciona en el documento es que se han detectado “alianzas entre grupos”, que generalmente “se consolidan” cuando sus integrantes están cumpliendo alguna condena en el sistema penitenciario uruguayo.
“Algunos de los grupos identificados en nuestro territorio llevan más de 20 años operando, lo que demuestra un arraigamiento en la zona de influencia, penetrando la estructura social del barrio y generando que sus actividades sean vistas como normales por algunos lugareños. Esta situación termina por generar impunidad y en ocasiones hasta complicidad”, advierte el reporte policial en otro fragmento.
Finalmente, el plan operativo de Investigaciones destaca que entre los grupos que operan como soporte logístico para el tránsito y acopio de cocaína generalmente hay una persona que cumple la función de líder, que puede ser uruguaya o extranjera.
En estas operaciones internacionales también participan personas con experiencia en la actividad ilícita de narcotráfico y otras que cumplen “funciones específicas” vinculadas a la maniobra, como “manejo y control de alguna actividad dentro del puerto, constitución de empresas para exportar y operativas para el lavado de activos”.
Robo de autos y narcotráfico
Un capítulo del plan operativo de la Dirección de Investigaciones refiere al robo de vehículos. En Uruguay, según concluyen, las organizaciones que se dedican a esa actividad pueden clasificarse según su tamaño, alcance geográfico y nivel de sofisticación.
Por ejemplo, hay “bandas y pandillas locales” que se dedican específicamente al robo de vehículos y operan en áreas específicas. Los desmantelan y venden sus piezas, los usan para cometer otros delitos e incluso en algunas oportunidades se los quedan para transporte personal.
En segundo lugar, hay otras organizaciones especializadas en el robo de vehículos que operan a mayor escala y de manera más destacada, señala el reporte. Estos grupos cuentan con redes de transporte y distribución que les permiten llevar los vehículos robados a diferentes mercados o países para su venta.
Vinculado a esta actividad, funcionan los chop shops (talleres de desguace o desarmaderos), que se dedican a desmantelar de manera clandestina los vehículos robados para vender sus partes en el mercado negro.
Finalmente, afirman desde Investigaciones, se ha constatado que en Uruguay “algunos cárteles del narcotráfico” podrían estar involucrados en el robo de vehículos, como una fuente adicional de ingresos. “Los vehículos robados pueden utilizarse para el transporte de drogas u otras razones relacionadas con sus actividades ilícitas”, dice el documento.
Las declaraciones de Azambuya
En la ya mencionada entrevista con El Observador, Azambuya declaró que “ninguna banda que opera a nivel local tiene la capacidad como para traer droga y sacarla por el puerto”. El director de Policía aseguró además que estos grupos ni siquiera participan en la logística de los grupos que logran hacer esos envíos desde el puerto de Montevideo hacia Europa.
Azambuya apenas marcó un caso reciente de acopio, en una operación en Soriano en la que se logró incautar más de 400 kilos de cocaína. “Algunos casos se han detectado. No olvidemos que el narcotráfico trata de utilizar todas las alternativas que tiene, para poder romper las barreras que la institución le pone. Hemos tenido suerte en ese sentido, las hemos identificado, pero no como grupos grandes, sí como pequeños grupos tipo familiares que operan con determinadas cantidades y que obviamente van un poco al consumo interno y, si hay posibilidad de sacarlo, también lo sacan”, matizó Azambuya.
En otro fragmento de la entrevista, Azambuya se refirió a las posibles conexiones entre las bandas que operan en Uruguay y las de Brasil. Recordó que en 2023 se realizaron operativos policiales en Artigas, en los que se formalizó a tres o cuatro brasileños que pertenecían a la organización Os Manos, cuya actividad en territorio uruguayo “se ha neutralizado plenamente”.
También descartó la posible actividad o presencia en cárceles de otros grupos brasileños más importantes, como el PCC (Primeiro Comando da Capital) o el Comando Vermelho. “Si bien en su momento se puede haber detectado integrantes, lo que vemos es que están inactivos. Pensamos que pueden dar soporte desde el punto de vista estratégico, o tal vez desde el punto de vista logístico en algún momento que sea necesario, pero no están operativos. Tal vez en un futuro, pero hasta ahora no lo hemos detectado como tal”, concluyó el jerarca de la Policía Nacional.
Uruguay y el narcotráfico como problema
El politólogo argentino Iván Schuliaquer lleva adelante una investigación académica sobre los políticos uruguayos y su mirada sobre los principales problemas del país. En el capítulo sobre seguridad, Schuliaquer recabó que entre los políticos uruguayos hay un consenso “claro y unánime” en cuanto a que el avance del narcotráfico es el mayor problema de seguridad que tiene el país.
En este punto, según contó el académico a la diaria, no hay diferencias entre los diferentes partidos: todos asumen que no han sabido dar buenas respuestas cuando les tocó gobernar y plantean que es necesario abordar el tema como política de Estado.
“Si bien no es algo expresado por todos, el terreno parece abonado para plantear acuerdos básicos y perdurables entre las fuerzas”, señala el académico argentino. En las respuestas que recogió Schuliaquer también se constató una preocupación marcada sobre el avance del narcotráfico (“la mayoría lo ve creciendo en el futuro cercano”) y por cómo esta actividad delictiva puede integrarse, de manera más o menos larvada, en la vida política del país.