El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley de un artículo único que plantea la tipificación de la creación de noticias falsas contra candidatos durante la campaña electoral.
El texto prevé penas de entre uno y seis años de penitenciaría para quien, “sin autorización y mediante el uso de inteligencia artificial u otros sistemas informáticos, genere, modifique o manipule un contenido de un audio o un audiovisual con intención de presentar falsamente la imagen o voz de un candidato político durante un período electoral, con el propósito de dañar su imagen pública o engañar a los votantes”.
En un segundo inciso del mismo artículo agrega que se aplicará la misma pena “a quien difunda públicamente esos contenidos falsos a través de medios digitales con el propósito de generar desinformación electoral. No constituirá conducta delictiva cuando el contenido tenga una clara identificación de que el mismo fue generado de forma artificial o manipulado”.
Para Goñi, el uso de inteligencia artificial potencia el daño que pueden generar las noticias falsas en la dinámica electoral y apuesta a que la penalización inhiba la generación de ese tipo de contenidos. Además, propone reeditar el pacto asumido por los partidos políticos en las pasadas elecciones para evitar la desinformación.
“Las principales amenazas para la democracia ya no provienen sólo de acciones terroristas o de la corrupción de los políticos, sino también de nuevos fenómenos que posibilitan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y su potencial para desinformar y crear escenarios de caos electoral”, advierte el legislador en un texto difundido para presentar el proyecto.
En esa línea, señala que las redes sociales y la inteligencia artificial presentan “una amenaza muy seria para la integridad del proceso electoral”, dado que se puede producir fácilmente “un audio con la voz de un candidato o generar imágenes realistas pero falsas de políticos haciendo cualquier cosa”. Además de la creación de noticias falsas, el diputado advierte que se puede aludir a noticias falsas para generar dudas sobre información veraz.
“Si no tomamos medidas, la campaña electoral quedará absorbida por el debate sobre la autenticidad o falsedad de mensajes o declaraciones de los candidatos difundidas a través de las redes sociales, en vez de centrarse en el debate de la conveniencia o no de llevar adelante las diferentes ideas de los partidos políticos”, agregó.
Abogados plantearon coincidencias y diferencias con el proyecto
“Nuevamente se recurre al expansionismo del derecho penal, pretendiendo por parte del legislador que la creación de tipos penales nuevos pueda solucionar problemáticas del ámbito social”, expresó a la diaria el abogado Eduardo Sassón, especializado en temas de libertad de expresión y derecho a la información.
“¿Con qué finalidad se pretendería castigar este tipo de conductas? Este tipo de cuestiones se denomina 'falacia normativa' y es –básicamente- entender que, a través de la creación de delitos, se solucionarán los problemas o conflictos sociales. El tipo penal en sí presenta el interrogante de qué es lo que se busca o pretende tutelar. Por un lado, parecería ser que pretende tutelar la 'integridad' de la campaña electoral o algo similar, pero, por otro lado, parecería que pretende tutelar el honor o la imagen de las personas a las cuales se les atribuye el contenido falso”, señaló.
Sassón hizo hincapié en que “gran parte” de las situaciones descritas en el artículo pueden ser imputadas a partir de los tipos penales existentes, entre ellos, el de difamación e injurias, y agregó que el tipo penal al que refiere el proyecto “presenta una finalidad específica que debe guardar el sujeto activo de la conducta, donde sólo constituiría delito si quien realiza el comportamiento lo hace con la finalidad de 'dañar su imagen pública o engañar a los votantes', cuestión que resulta muy difícil de determinar en la práctica”.
Otro punto señalado por Sassón es la temporalidad de la iniciativa y las dificultades para determinarla al referirse a “un período electoral”. “¿Se refiere a lo dispuesto por la Ley 17.045 (30 días antes de cada elección)? ¿Se refiere al período comprendido desde las elecciones internas hasta las departamentales? ¿Qué sucede si se realizan las conductas en el marco de un referéndum? Se torna confuso y difícil determinar por el aplicador de la norma el período determinado por el legislador para poder cometer el delito. Debe tenerse en cuenta que, según este proyecto, sólo se cometería el delito si se realiza la conducta 'durante un período electoral'”. Parecería, además, “un tanto excesivo legislar un tipo penal nuevo y delimitarlo a períodos temporales tan reducidos”, agregó.
El abogado señaló también que falta claridad en la determinación de las personas sobre las que recae esta conducta, si son candidatos, precandidatos, si están comprendidos los candidatos a los órganos deliberativos, senadores y representantes, presidente y vicepresidente de la República.
“Son algunas interrogantes que surgen ante la falta de determinación conceptual. Además, plantea la duda, por ejemplo: ¿qué sucede si se hacen contra el presidente de la República en ejercicio o algún sujeto representativo de un partido político que no se encuentra siendo candidato durante ese período?”, cuestionó, y señaló que no es recomendable “la creación de figuras delictivas que no cumplan con los requisitos mínimos de claridad y certeza en la técnica legislativa.
Para el abogado Pablo Schiavi, especializado en derecho a la información y redes sociales, “lo más importante y positivo es que pone el tema en la agenda pública”. Señaló que “la gran perjudicada” detrás de la desinformación política es la ciudadanía. “Acá nos cuesta hablar de víctimas de difamación, pero las hay, ojalá que el Parlamento aprobara algo de esto”, expresó.
Schiavi dijo que en España ya hay un tratamiento penal de las fake news y “no genera mayor ruido”, porque el concepto de noticias falsas está instalado y está la decisión política de atacarlo. “No seríamos los primeros en regularlo, otros países que son altamente democráticos ya lo han regulado. Acá cada vez son mayores las difamaciones a través de redes que no tienen costo, no tenemos nada de regulación sobre las fake news y no podemos dejar que este fenómeno quede en el aire”, expresó Schiavi.
Dijo que regular no es sinónimo de “censurar o prohibir”. “La libertad de expresión es sinónimo de un estado de derecho, el tema es que cada uno puede decir lo que quiera, pero tiene que ser responsable de lo que dice. El tema es poner reglas claras cuando algo se puede hacer viral en unos segundos y arruinar a una persona”, señaló.
Consultado sobre la determinación de “noticias falsas”, Schiavi dijo que es clave cómo definimos y encauzamos el tema, y subrayó que “no se puede penalizar una opinión”, sino que debería apuntarse a una campaña de desinformación “claramente orquestada”.
El abogado dijo que con el desarrollo de las redes sociales “cambiaron las reglas de juego”, porque ya no se precisa a los medios de comunicación como intermediarios. “Vos tenés tres millones de opinólogos de cualquier tema, y la legislación que tiene Uruguay en materia de libertad de expresión es acorde a otra realidad. En esto no nos aggiornamos”, observó, y señaló que el artículo del código penal sobre difamación es de 1934. Además, planteó que “un gran debe del derecho civil” en Uruguay es cuantificar el daño sobre la reputación de las personas.
Por su parte, el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo a la diaria que la desinformación “efectivamente intoxica el debate político y el debate público, y es algo que hay que buscar las maneras de enfrentar y desenmascarar”, pero advirtió que “el hecho de criminalizar expresiones de interés público va contra todos los principios que sostienen la libertad de expresión”.
“En democracia y en cuestiones políticas, el debate más robusto, inexactitudes o información que no sea cierta no debe ser criminalizada, al menos con el derecho penal, porque justamente genera un efecto mucho más amplio e inhibitorio que afecta en forma desproporcionada a la libertad de expresión”, agregó Lanza.
En esa línea, señaló que tanto Naciones Unidas como la relatoría de la CIDH y la Corte Interamericana ya han avanzado en casos en jurisprudencia y en declaraciones de principios desaconsejando criminalizar aspectos del debate de interés público.
Lanza dijo que la definición del proyecto “es muy vaga” y “puede suponer el uso político para generar demandas penales contra actores políticos o periodistas o quienes participan en el debate público”. “No está claro cuál es la conducta prohibida, y muchas veces las verdaderas fake news sabemos que son producidas no por dirigentes políticos o por ciudadanos identificables, sino por verdaderos centros de trolls”.
Consultado sobre si es necesario buscar una forma de contrarrestar los efectos de las campañas organizadas de desinformación, Lanza recordó que desde la secretaría de la Democracia en la OEA se construyó un protocolo para combatir las fake news con 15 medidas que ninguna de ellas es punitiva.
Puso como ejemplo el caso de México, donde se concretó un acuerdo entre el órgano electoral, las plataformas y los medios para que, cuando surgiera una fake news que atacaba el proceso electoral, los medios de comunicación alertaban sobre la existencia de esa noticia falsa y destacó el rol que pueden jugar los partidos políticos. “La primera medida es, justamente, que no contraten centros de producción de desinformación”, apuntó.