El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez decidió continuar con la investigación penal que analiza irregularidades durante el proceso de construcción del Antel Arena, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
La causa había sido archivada a fines de febrero por el fiscal especializado en Delitos Económicos de 1° turno, Alejandro Machado, quien consideró que no había indicios de delitos y que tanto los que declararon como imputados, así como los testigos, dijeron que la diferencia entre los 40 millones de dólares y los 100 millones que terminó costando la obra se debieron a que el monto inicial refería exclusivamente a la obra civil, sin contar la infraestructura y el acondicionamiento del complejo.
El directorio de Antel, como parte denunciante del caso, decidió pedir el reexamen del archivo por parte de otra fiscalía, tal como prevé el artículo 100.3 del Código de Proceso Penal, lo que fue aceptado por la Justicia a principios de abril.
Tras analizar el caso, el fiscal Enrique Rodríguez, que tenía 20 días para definir si confirmaba el archivo o reabría la causa, entendió pertinente profundizar la investigación, aceptando las diligencias propuestas por los denunciantes, que entendieron que quedaron pendientes algunos testimonios que podrían ser importantes para el caso.
Según supo la diaria entre las diligencias que realizará el fiscal Rodríguez está la convocatoria a nuevos testigos y la revisión de la auditoría de la consultora Ecovis y de observaciones del Tribunal de Cuentas. Además, se volverá a convocar a declarar a fiscalía a algunas de las personas ya citadas.
La denuncia inicial fue presentada en noviembre de 2021 por el abogado Gustavo Bordes, en representación de Antel, por un presunto delito de abuso innominado de funciones, previsto en el artículo 162 del Código Penal. El principal insumo presentado por los denunciantes es la auditoría realizada por Ecovis, que señaló “desprolijidades” en el proceso.
Tras declarar ante el fiscal Machado, en julio de 2022, la expresidenta de Antel y precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse, atribuyó la denuncia a “una opereta política” gestada durante la campaña hacia el gobierno departamental y cuestionó la validez de la auditoría realizada por el actual gobierno, a la que calificó como “una seudoauditoría plagada de opiniones”.