El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un recurso de habeas corpus que resultó en que el Juzgado de Vigilancia de 4º turno ordene al Ministerio del Interior a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que implemente un plan de mejoras en el proceso de gestión de la alimentación en la Unidad 4 Santiago Vázquez (Comcar), que consta de 20 puntos.
Según informaron, “el planteo de la oficina parlamentaria se basó en los crónicos problemas en la gestión de la alimentación en ese centro penitenciario, los que afectaban la cantidad y calidad de la comida, vulnerando el derecho a la alimentación, e impactaban en la convivencia, fundando la solicitud en relevamientos hechos por esa oficina con la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y en relevamientos sistemáticos del propio comisionado”.
En la audiencia, que tuvo lugar este jueves, el comisionado señaló que “reconocía los esfuerzos y mejoras que en diversas áreas se venían implementando en el Comcar, pero indicó que el aumento constante de la población penitenciaria debilitaba esas acciones y que, en particular en la comida, este contexto generaba una situación de urgencia y deterioro que debía ser atendida”.
La jueza resolvió el mismo día condenar al INR a planificar e implementar un plan de mejoras en el proceso de gestión de la alimentación, que incluya como mínimo las medidas indicadas por la demanda presentada. El INR deberá presentar ante la sede el plan de mejoras en un plazo de 60 días, y deberá iniciar su implementación en un plazo no mayor a 120 días. Tendrá que enviar informes trimestrales a partir de esa fecha sobre su implementación y contingencia de avances.
El comisionado parlamentario reclamó “la formación de un equipo con nutricionistas, asegurar una alimentación adecuada según los estándares nutricionales, aumentar la carne, mayor aporte de huevos, legumbres, pan y dulce, aumentar el stock de arroz, adecuar los menús para personas con problemas médicos, mejorar la infraestructura de almacenaje y producción de alimentos, dotar de equipos adecuados para el traslado de las comidas a los módulos, dar elementos de seguridad e higiene para los internos que participan de la tarea, mejoras sustanciales en la panadería, mejoras en los equipos para la circulación de las ollas y el transporte de los alimentos, capacitación para los internos y adecuar obras y funcionamiento al reglamento bromatológico nacional”.
En la demanda presentada, que incluía diversos documentos y notas, el comisionado afirmó que “siendo la mala alimentación una deuda histórica ya no del sistema penitenciario nacional, sino de todo nuestro sistema institucional, muestra de las debilidades de políticas de rehabilitación desarrolladas durante décadas, sobre las cuales también como actores del sistema los accionantes asumimos con autocrítica nuestra cuota de responsabilidad institucional ya que somos partes del sistema, quizás el resultado de esta acción, si es acogida por la sede, no sea la transformación total del sistema alimentario en la principal cárcel del país. Pero sí puede ser un hito para nuevas y sucesivas mejoras que también harán impacto en otras áreas del proceso socioeducativo de las personas presas”.
Tras conocer la sentencia, Petit visitó el Comcar, recorrió algunos sectores y se reunió con la dirección su equipo “para intercambiar sobre los alcances de la sentencia y para volver a analizar con ellos el sentido y el objetivo de los recursos de habeas corpus”. El comisionado calificó la reunión como “muy positiva y fecunda para el trabajo de todos”. En la posterior recorrida, Petit “tomó nota de diversas situaciones y medidas que se están tomando para las contingencias del invierno en esa unidad penitenciaria que aloja a casi una de cada tres personas presas que hay en el país”.