La Unidad de Información Financiera, un organismo autónomo dedicado a la prevención de lavado de activos que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia argentino, pidió entre tres y cinco años de prisión para los cuatro hijos de Leonardo Miguel Save, un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que operó en el centro de torturas Automotores Orletti y que pertenecía a la banda de Aníbal Gordon, una entidad criminal paramilitar que funcionaba en el marco del Plan Cóndor.
Según informó Página12 y confirmó la diaria con fuentes allegadas a la causa, el pedido de condena fue realizado por el abogado de la UIF, Roberto Martínez, que es querellante en lo que es el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad en los que se investigan delitos de lavado de activos.
La causa investiga maniobras fraudulentas para intentar ocultar que el dinero con el que los hijos de Save compraron varias propiedades inmuebles en la localidad bonaerense de Chascomús forma parte del dinero robado por la banda de Aníbal Gordon al militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Alberto Mechoso, el 26 de setiembre de 1976 en Buenos Aires.
El dinero robado a Mechoso era una parte de lo que había obtenido la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales por el rescate del secuestro del empresario lanero holandés Federico Hart, en un operativo liderado por Alberto Mechoso, Adalberto Soba e Iván Morales, asesinado en 1974. Hart, que fue liberado tras el pago de unos diez millones de dólares por el rescate, había sido denunciado como contrabandista ante una comisión investigadora parlamentaria.
Durante el juicio oral, el abogado Martínez señaló al juez que la maniobra de lavado implicó falsificación de identidades y montos con “valores simbólicos de acciones de compraventa para arribar a la titularidad de los bienes” pero que en verdad fueron adquiridos con la plata robada por la banda de Gordon, y presentó evidencia para probar que los hijos de Save, María Eugenia, Natalia, Marcelo y Ana María, conocían las acciones de su padre en el terrorismo de Estado y “el origen ilícito de los bienes que pretendieron ingresar a su patrimonio dándoles apariencia legítima”.
Concretamente, con el dinero robado a Mechoso, Save compró dos parcelas de 36 hectáreas en una zona residencial de la laguna de Chascomús, que luego fueron administradas por sus hijos que fueron imputados por intentar ocultarlos a través de transferencias y poderes y operaciones inmobiliarias simuladas.
El querellante pidió al juez Roberto Falcone una condena de cinco años de prisión y una multa equivalente a cinco veces “el valor de la operación” de compraventa del predio para Marcelo y Natalia y tres años de penitenciaría para María Eugenia y Ana María.
En diálogo con la diaria, el dirigente del PVP, Luis Puig, dijo que el juicio permitió conocer cómo fue parte de la maniobra de lavado en Argentina, y recordó que el dinero fue objeto de enfrentamientos entre los militares argentinos y uruguayos. “No teníamos precisión de quiénes se lo habían quedado, ni del proceso de lavado, ahora queda claramente al descubierto la maniobra”, comentó.
Mechoso fue secuestrado por la banda de Aníbal Gordón y los militares uruguayos que operaban en Argentina comandados por José Nino Gavazzo, quien participó en la detención de Mechoso y de Adalberto Soba. El dinero fue encontrado en la casa de Mechoso, en Villa Lugano. Gavazzo y Arab secuestraron y trasladaron clandestinamente a las esposas y los hijos de Mechoso y Soba, quienes recuerdan que Gavazzo llevaba parte del dinero encontrado en la casa de Mechoso. Al llegar a Montevideo, fueron trasladados al centro clandestino conocido como la Casona de Punta Gorda.
Según una investigación realizada por el periodista Roger Rodríguez, la parte del dinero robado que fue trasladada por Gavazzo podría ascender a siete millones de dólares y no ingresó formalmente al Servicio de Información y Defensa (SID). El exmilitar Julio César Barboza dijo que, a principios de 1977, Gavazzo y Cordero viajaron a Asia y trajeron nuevos equipos para la SID y se compró la Casona de Millán, un centro de torturas donde estuvo detenido el maestro Julio Castro y el militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco.
Los restos de Mechoso fueron identificados en mayo de 2012, tras un trabajo de identificación realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
En setiembre de 2006 fueron procesados por el juez Luis Charles los represores José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los expolicías Ricardo Medina y José Sande Lima, por su responsabilidad en 28 homicidios, entre ellos los de Soba y Mechoso.