Los senadores del Partido Nacional Graciela Bianchi y Sergio Botana presentaron este jueves en la Seccional 1 de Montevideo una denuncia penal por la filtración de las conversaciones de un grupo de Whatsapp de senadores del Partido Nacional, en las que, en abril de 2023, intercambiaban sobre la conveniencia de llevar a juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.
“Este tema debería ser postergado hasta que alguien reclame su tratamiento. Es decir, para siempre”, escribió Botana en el grupo del Senado, publicado el 30 de mayo en el semanario Búsqueda. En ese grupo, al que accedieron a partir de la filtración del celular de Gustavo Penadés, la senadora Graciela Bianchi expresó su desacuerdo con apoyar la iniciativa de los ediles de su partido. “Sergio: de verdad no entiendo la diferencia de sacarnos el tema ahora. El FA lo puede usar contra nosotros en cualquier momento. Y los intendentes blancos tienen algunas ‘cositas’ que tapar. ¿Quieren que empiecen ellos con juicios políticos? No se olviden que se necesita sólo un tercio de los votos de la Junta”.
El abogado de los senadores, Enrique Moller, dijo a la diaria que la denuncia apunta a conocer cómo ocurrió la filtración del celular de Penadés, incautado en agosto de 2023, y quién fue el responsable de que esa conversación saliera de la fiscalía.
“Se han dado a conocer cosas que no tienen nada que ver con la causa [Penadés], son temas particulares de ellos, que no son indagados, ni testigos, es una conversación privada”, expresó, quien consideró que existe una violación de correspondencia por parte de Fiscalía.
El delito de violación de correspondencia escrita está previsto en el artículo 296 del Código Penal y prevé sanciones económicas de entre 20 y 400 unidades reajustables para quien “con la intención de informarse de su contenido abre un pliego epistolar, telefónico o telegráfico, cerrado, que no le estuviere destinado” y una pena de entre un año de prisión y cuatro de penitenciaría para quienes “abran, intercepten, destruyan u oculten correspondencia, encomiendas y demás objetos postales con la intención de apropiarse de su contenido o interrumpir el curso normal de los mismos”, considerando un agravante que sea perpetrado por un funcionario público.
“El medio no tiene nada que ver, lo que queremos saber es quién filtró todo esto”, expresó, y agregó que esta circunstancia se diferencia de otras filtraciones en la medida en que el contenido de la conversación no afecta a las partes, ni está dentro de lo investigado en la causa.
Si bien Moller enfatizó en que el espíritu de la denuncia no es ir contra los medios de comunicación, el texto, al que accedió la diaria, deja abierta la posibilidad de ir contra la prensa. En la denuncia, los senadores se califican como “defensores de la libertad de comunicación de pensamientos y libertad de información”, pero advierten que el artículo 19 de la Ley 16.099 establece los delitos cometidos a través de los medios de comunicación y plantea que “en caso de que se pruebe judicialmente la obtención ilícita de la información protegida y siendo dicha información conocida por quien publica, no quedaría comprendido por la libertad de información”.
Además, la denuncia señala que el código de proceso penal establece en sus artículos 205, 206 y 208 los mecanismos para la interceptación de comunicaciones, su autorización y registro, además de que prevé como requisito que el contenido de la comunicación incautada esté relacionado con la causa, algo que según los denunciantes no se cumple en este caso.
También menciona la violación de los artículos 300 y 301 del Código Penal, sobre revelación de documentos secretos y revelación del secreto profesional y el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales, que prevé la debida reserva de información obtenida legítimamente. Otro punto destacado por los denunciantes es la legislación internacional que ampara la protección de la vida privada en el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La investigación penal podría ser remitida a la fiscal de Flagrancia de turno en la zona de la Seccional 1, Bettina Ramos, o por quien estaba de turno cuando fue divulgada por la prensa la conversación del grupo de senadores. En ese caso sería designada la fiscal de Flagrancia de 11° turno, Cecilia Bonsignore.
Además, la denuncia podría ser incorporada como prueba a la investigación administrativa que ordenó la fiscal de Corte adjunta, Mónica Ferrero, quien el 23 de mayo inició una investigación ante la filtración de la conversación entre el entonces presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y Gustavo Penadés, en la que el primero se jactaba de haber influido en la designación de la fiscal Alicia Ghione en el caso Penadés.