El juez en lo contencioso administrativo de tercer turno, Pablo Gandini, aceptó el escrito presentado por la defensa del meteorólogo Raúl Viñas en el marco del juicio de acceso a la información pública para tener acceso a la información ambiental contenida en el memorándum de entendimiento celebrado el 28 de febrero con la empresa de capitales chilenos Highly Innovative Fuels Global (HIF Global) para la instalación de una planta de combustible sintético a partir de hidrógeno verde en Paysandú.
El 26 de junio el juez Gandini condenó al Poder Ejecutivo a entregar la información ambiental del documento, luego de un juicio iniciado ante la negativa del Ejecutivo a brindar esa información por considerarla confidencial, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381).
El 16 de julio el Ejecutivo entregó un documento de unas 70 páginas, con gran parte de la información tachada, sin explicar a qué respondía o qué tipo de información es la que se decidió ocultar. La defensa del Ejecutivo, representada por el abogado Carlos Roselló, pidió que se diera por cumplida la sentencia y advirtió que el proyecto no se ejecutará si no se concreta un contrato de inversión. El documento entregado por el Ejecutivo data del 15 de enero, anterior a la firma del memorando, que la Justicia le obligó a entregar y contiene información ambiental sobre el proyecto de HIF.
El jueves pasado el abogado de Viñas, Rodrigo Speranza, presentó un escrito en el que señala por qué el material entregado no puede constituir cumplimiento de la sentencia de Gandini. En el escrito, al que accedió la diaria, los accionantes plantean que el Ejecutivo presentó un documento diferente del que fue condenado a entregar, con fecha y título distinto, además de haber sido elaborado por Alur, cuando lo que se debía entregar era el memorando firmado entre el Ejecutivo y HIF.
“Tal es el criterio restrictivo y caprichoso que aplica el Poder Ejecutivo, que ni siquiera pueden verse los títulos de lo que se tacha, quedando únicamente a la vista de quien estudia el documento fragmentos de información aislada que desvirtúan el análisis de la documentación y, en definitiva, el objeto de este proceso, que es la protección de los derechos humanos asociados al caso”, señala el escrito.
Además, señalaron que el Ejecutivo debería hacerse cargos de los gastos del proceso en función de que su respuesta “provocó un incidente innecesario, dilatador y producto de lo que parecería ser un actuar contrario a la dignidad de la Justicia, lealtad y buena fe procesal”. Gandini aceptó los argumentos planteados por los accionantes e intimó al Ejecutivo a entregar en un plazo de diez días la información solicitada.