La Fiscalía encomendó las primeras denuncias que ingresaron contra los dueños de Conexión Ganadera al fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez. En primera instancia, el Departamento de Priorización y Asignación había asignado el caso al fiscal Alejandro Machado, especializado en Delitos Complejos y Económicos, que ya investigaba las denuncias contra el Grupo Larrarte.
Machado, sin embargo, presentó el martes un derecho de abstención, ya que un familiar de un integrante de su equipo está entre las personas afectadas por la presunta maniobra que se le atribuyen a Conexión Ganadera y República Ganadera. La solicitud fue aceptada por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y ambas investigaciones fueron derivadas al fiscal Rodríguez, que es el subrogante natural de la sede penal de Delitos Económicos y Complejos, tal como está establecido en resoluciones internas del organismo.
- Leé más sobre esto: Conexión Ganadera: abogado defensor de grupo de inversores evalúa demandar al Estado por falta de controles
La primera denuncia penal contra Conexión Ganadera la presentó el abogado Juan Pablo Decia el jueves 23, cerca de las 20.00. Lo hizo ante la seccional 14 de la Jefatura de Policía de Montevideo en nombre de varios de sus clientes, que procuran comprobar eventuales delitos de estafa y apropiación indebida. Al día siguiente también presentó denuncias el abogado Ignacio Durán, mientras que otros estudios de abogados siguen analizando avanzar por el mismo camino, en paralelo a los reclamos por la vía civil.
Uno de los reclamos comunes de los abogados es dictaminar el cierre de fronteras para Pablo Carrasco, el director de Conexión Ganadera, entre otras medidas cautelares que sirvan para garantizar la preservación de los activos que dice tener la empresa (valuados en 158 millones de dólares, según dijo el martes el contador Ricardo Giovio).
El equipo del fiscal Machado sigue adelante con la investigación por las más de 110 denuncias que se presentaron contra el grupo Larrarte. En este caso se investigan posibles delitos de estafa, apropiación indebida, abigeato y lavado de activos. En esta investigación, según pudo saber la diaria, se pidió información al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para verificar si las guías de propiedad y tránsito de la Dirección de Contralor de Semovientes coinciden con la cantidad de ganado que figura en los contratos que firmaron los inversores con los fondos ganaderos.
Por otra parte, se solicitó a todos los denunciantes que presenten la documentación que avale los pagos realizados a los fondos ganaderos (contratos, transferencias bancarias, cheques, letras de cambio) y se estima que, por el momento, 60% de los damnificados ha cumplido con ese requisito, que resulta clave para la investigación de la Fiscalía.