Este lunes comenzó el juicio oral contra nueve militares por el caso que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 en Fray Bentos durante la dictadura. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, comenzó diciendo que se trata de un “día muy importante” para los integrantes de la colonia de San Javier, pero fundamentalmente para las víctimas que padecieron los operativos de 1980 y 1984.
A un lado de la sala, frente al juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León, Perciballe y su equipo presentaron su alegato de apertura contra los indagados. Del otro lado, detrás de la primera fila encabezada por sus defensas, se encontraban sentados los militares retirados Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Rocca, Abel Pérez y Jorge Soloviy. En tanto, Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrere presenciaban la audiencia por Zoom.
Frente a ellos, Perciballe destacó que las víctimas, que no estaban presentes, van a poder concurrir a declarar los “padecimientos a los que fueron sometidas”, y “no sólo eso, sino también reclamar justicia, esa justicia que se les ha denegado por tantos años”. También señaló que se trataba de un día importante para su fiscalía porque se estaba “avanzando en justicia, verdad y memoria”.
“Aquí se privó de la libertad ilegítimamente y se torturó a un conjunto de ciudadanos de una colonia muy pequeña por el solo hecho de ensayar o montar una mentira”, señaló Perciballe, quien agregó que fueron detenidos solamente por su “condición de rusos, pero no por su actividad política ni porque hayan cometido algún delito”. A su entender, “eso es lo más grave de toda esta situación y de todas las situaciones que vivimos a diario con todas las causas que llevamos adelante”.
En 1980, en el marco del plebiscito para consolidar la dictadura, se orquestó un plan para abonar la idea de que el régimen dictatorial debía continuar, y se montó “ficticiamente” el relato sobre la “existencia de una célula comunista” en Uruguay, con vínculos con el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y la Unión Soviética, que estaba radicada en San Javier.
Perciballe señaló que, en el marco de dicho operativo, se detuvo a unas 20 personas de la localidad, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 19 años. “Fueron trasladados al centro Juventud Unida y a la seccional [policial] para posteriormente ser trasladados al Batallón de Infantería 9, donde comenzaron los verdaderos suplicios de las personas”, acotó el fiscal.
Los detenidos fueron sometidos a diversas torturas para que admitieran que tenían vínculos con el PCU y la Unión Soviética, y que eran una célula comunista armada. “Todas mentiras, pero que las personas tuvieron que necesariamente aceptar porque, si no, la tortura no paraba”, señaló.
El siguiente operativo, que ocurrió en 1984, se dio en un marco de “primavera democrática”, señaló Perciballe, ya que el país se encaminaba a volver a la democracia. Según dijo, “había sectores dentro de la dictadura, los más duros y los más comprometidos”, que querían “mantener sus beneficios” y su “impunidad”. En ese marco, “nuevamente orquestaron esta mentira de la célula comunista en Uruguay y, lo más traído de los pelos, que había submarinos que venían por el río Uruguay a trasladar armas para este grupo de personas”.
En ese marco, detuvieron a ocho integrantes de San Javier y llevaron desde el Penal de Libertad a San Javier a Carlos Alberto Jacina Leiba (hoy fallecido), que había sido detenido en 1980, para, posteriormente, trasladarlo al Batallón de Infantería 9. “Ahí comenzó la tortura, los plantones, la golpiza y otra vez la picana eléctrica para que admitieran que eran parte de un tráfico internacional de armas y que el jefe de todos ellos era Vladimir Roslik”, narró Perciballe.
El 16 de abril de 1984, Roslik murió como consecuencia de las torturas que sufrió durante el interrogatorio, y se convirtió en la última persona asesinada por el terrorismo de Estado. Perciballe explicó que no solicitaban la imputación por el homicidio de Roslik porque la Suprema Corte de Justicia había imposibilitado a la Fiscalía a continuar con el caso, dado que rechazó un recurso de casación en 2021.
La fiscalía pidió 15 años y seis meses de penitenciaría para Rocca, Morales y Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para Caubarrere y Soloviy la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos.
En tanto, para Castellá y Costas, pidió una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Estebenet, la fiscalía pidió una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Saiz pidió una condena de 13 años de penitenciaría.
Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Abel Edison Pérez, Óscar Mario Rocca y Eduardo Daniel Saiz Pedrini, durante la audiencia, el 3 de noviembre en el Juzgado de Fray Bentos.
Foto: José Luis Olivera
Los argumentos de la defensa
Los defensores de los militares plantearon varios aspectos desde el punto de vista formal del proceso, principalmente que hay cosa juzgada en la medida en que la investigación sobre el homicidio de Vladimir Roslik fue archivada por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno en 2014, bajo el argumento de que el caso ya había sido considerado por la Justicia Militar en 1984, que dispuso una condena de cuatro meses y 18 días de prisión al mayor Sergio Caubarrere, signado como el responsable de la muerte bajo tortura de Roslik.
La abogada Graciela Figueredo apuntó también a la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, señalando que fue creada después de ocurridos los hechos (en 2017) y marcó que “no puede imputar delitos de lesa humanidad” porque fueron creados en 2006.
En cuanto al fondo del asunto, la abogada rechazó la participación directa de sus defendidos en los crímenes de los que se los acusa y afirmó que la Fiscalía tiene “como único elemento circunstancial” que los imputados prestaron servicio en el Batallón 9 en 1980 y 1984.
“La defensa sostendrá durante todo el juicio una teoría del caso simple y coherente que los acusados cumplieron funciones militares formales en un contexto institucional determinado sin haber ordenado, participado ni colaborado en actos ilícitos”, expresó Figueredo, y calificó como “contradictorios” los testimonios planteados por la Fiscalía.
“Durante el desarrollo del juicio veremos la ausencia del vínculo entre los acusados y los hechos, así como la falta de fiabilidad de los testimonios utilizados por el acusador”, agregó.
Por su parte, el abogado Fernando Dotti, quien representa a Rocca, quien fuera jefe del Batallón 9 de Fray Bentos en 1980, señaló que el proceso “está viciado de antemano” porque “se está juzgando una época y no hechos”. “Buscamos un juicio justo, que se respete lo que ya dijo la corte”, expresó Dotti, en referencia al archivo de la causa sobre la muerte de Roslik, y dijo que su cliente es acusado por “portación de cargo”.
“Se desconoce lo que es impartir una orden, seguir una cadena de mando. El batallón y mi cliente no tenían autonomía ni dominio sobre los hechos, no se estaba en poder de cuestionar o detener las acciones ordenadas porque venían de una jerarquía”, afirmó Dotti, y citó a la Fiscalía que en su acusación planteó que el operativo fue organizado desde el Servicio de Información y Defensa.
Los testigos y las pruebas
Durante la segunda parte de la audiencia comenzó a diligenciar la prueba en el juicio y se recibieron testimonios de la testigo experta Fabiana Larrobla, licenciada en Ciencia Política, quien habló del contexto histórico e hizo hincapié en la naturaleza de la represión en San Javier, el proceso de “construcción de un enemigo interno para combatir”.
También declaró Virginia Martínez, profesora de Historia y autora del libro Los rusos de San Javier, quien habló sobre la vivencia del pueblo ante la represión de 1980 y cómo los habitantes de San Javier percibían su condición de descendientes de rusos como una circunstancia que generó el castigo.
“En el 80, el Batallón de Infantería invade el pueblo y muchas entrevistas de las personas que vivieron ese episodio les evocaba la destrucción de la plaga de langostas”, comentó, y enfatizó sobre el contexto en el que el régimen buscaba el apoyo de la ciudadanía a través del plebiscito. “Siempre hubo un aspecto que tenía rango militar, que se llamaban acciones psicopolíticas, muchas veces se originaban en un operativo real y después hacían unos grandes montajes con lo obtenido en esas detenciones”, señaló, y advirtió que, en este caso, se realizaron detenciones masivas, principalmente contra muchachos jóvenes que no tenían ninguna actividad política.
También la Fiscalía leyó la sentencia de la Justicia Militar que condenó a Caubarrere por homicidio culposo en la investigación sobre la muerte de Vladimir Roslik, en abril de 1984. Allí se brindan detalles del operativo de su detención, se describen las circunstancias de interrogatorio y muerte y se ubica a los acusados en su responsabilidad respecto de los hechos.
Además, ingresaron como prueba al juicio las actas de interrogatorio de las víctimas de los operativos de 1980 y los documentos policiales en los que se detallan las supuestas armas incautadas en el operativo de mayo de 1980, donde se incautó “receptores de radio, literatura soviética y emblemas del Partido Comunista del Uruguay”, además de seguimientos y persecusión a un grupo de danza folclórica rusa.
En diálogo con la diaria, el abogado Pablo Chargoñia, que representa a las víctimas en el proceso, señaló que lo que se investiga es “un ejemplo de terrorismo de Estado con una connotación genocida, en tanto implicó la destrucción de un grupo por su calidad de tal”.
“No solamente fueron afectadas las personas que fueron detenidas y atormentadas, sino, como los mismos familiares y los vecinos dicen, fueron afectados todos ellos, por su calidad de vecino de una población que se la pretendía vincular con Rusia y con la Unión Soviética. Estamos juzgando crímenes de lesa humanidad en un contexto genocida”, expresó.
Las audiencias del juicio continuarán hasta el viernes y luego fueron citadas las tres últimas audiencias para la última semana de noviembre.