El abogado de Andrea Tuana, Rodrigo Rey, informó a la diaria que recurrirá a la Justicia de lo Contencioso Administrativo para impugnar la resolución del Ministerio del Interior que rechazó el recurso de revocación presentado por Tuana contra la sanción que le fue impuesta durante la administración de Nicolás Martinelli debido a declaraciones públicas en las que habló sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en territorios con alta incidencia del narcotráfico. Tuana, en su calidad de funcionaria de la división de sanidad del Hospital Policial, fue suspendida por seis meses sin goce de sueldo por considerar que había incurrido en lo previsto en el literal a) del artículo 37 de la Ley Orgánica Policial, que prohíbe al personal “realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los Poderes del Estado, sus autoridades o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión y políticas adoptadas por autoridades”. Tras el recurso presentado por Tuana, el Ejecutivo ratificó el fallo, pero redujo la sanción a cuatro meses.
“Nosotros leemos esto como un acto jurídicamente deficiente porque en ningún momento argumenta por qué Andrea habría hecho una crítica a los poderes públicos, cuando se refirió a que Uruguay tiene un problema estructural de pobreza, vulnerabilidad infantil, abuso sexual y consumo problemático de droga, y cómo eso se vincula con el despliegue del narcotráfico en los territorios”, señaló. Además, planteó que si bien Tuana se refirió al caso concreto del niño que fue baleado en la puerta de una boca de pasta base, “lo que hizo fue un diagnóstico sobre la realidad”, afirmó.
El abogado señaló que la ley está dirigida a evitar disrupciones en la jerarquía policial. “No tiene nada que ver con que Tuana en su calidad de directora de El Paso, directora de la maestría del Flacso, académica reconocida en la materia, corredactora de la Ley 19.580 (ley de violencia hacia las mujeres) haga un diagnóstico sobre la vulneración de los derechos de infancias y adolescencias”, afirmó. Además, señaló que Tuana actuó “en el marco de su libertad de discurso” y no hizo una crítica directa a Martinelli.
“Es una pena que este gobierno, que dice que reconoce la tasa de suicidio policial como un problema, que es uno de los ejes de trabajo de Andrea, haya sancionado a la funcionaria que mayor especialización tiene en esta asignatura”, expresó, y agregó que le resulta “desconcertante” que el actual gobierno, “que se jacta de tener una sensibilidad feminista, haya sancionado a una de las personas que más trabajo técnico, teórico y de prevención ha realizado contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y mujeres”. En esa línea, dijo que desde la Secretaría de Presidencia “se jactan de tener una sensibilidad feminista, de considerar que el femicidio es un problema público, de considerar que los abusos contra las infancias y la pobreza infantil es un eje programático de gobierno”, y que “hayan sancionado a una persona hiperespecializada en estos temas”.
Rey señaló que la sanción fue impuesta el 27 de febrero de 2025, un día antes del cambio de mando, y lo interpretó como una señal de que el exministro no quería asumir las consecuencias de su decisión, y anunció que, en caso de que sea necesario, reclamará ante la Justicia internacional. Rey explicó que, en este caso, primero actuarán los nuevos juzgados de lo contencioso administrativo y luego, en caso de que alguna de las partes lo considere pertinente, se podrá recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Vamos a ir hasta el final por la anulación del acto”, afirmó.
En cuanto a la continuidad del proceso en la Justicia de lo contencioso administrativo, Rey dijo que se están generando elementos para incorporar a la demanda y que pedirá la convocatoria a las figuras políticas involucradas. Además, señaló que ya se hicieron “contactos preliminares a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” para evaluar la posibilidad de recurrir a ese órgano de justicia interamericana.