El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, logró la condena, mediante un proceso abreviado, de una mujer como autora penalmente responsable de un delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento. Se trata de la pareja de Diego Cardozo Merladet, conocido como La Cocona, quien fue asesinado en agosto del año pasado en El Pinar (Canelones), en el marco de un falso allanamiento. La investigación la llevó adelante la sección Lavado de Activos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, que recabó los elementos probatorios que se usaron para la acusación.
Un grupo de personas se presentaron ante la casa de Cardozo Merladet vestidos de agentes policiales, ingresaron a su casa simulando un allanamiento y le dispararon. El hombre estaba vinculado con Nicolás Carpani Romero y Alan Rodríguez, integrantes de la barra brava de Nacional, que participaron en el intento de robo al Banco Macro, en San Isidro, a través de un túnel de 150 metros.
La causa fue llevada adelante en primer lugar por la Fiscalía de Estupefacientes de segundo turno, que se encontraba investigando las “operaciones económicas patrimoniales” de Cardozo Merladet, quien tenía antecedentes penales por rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego, asociación para delinquir, atentado agravado y porte de armas, a través de la sustracción de dinero de un cajero automático del Banco República, y estuvo preso hasta fines de 2022.
Fuentes vinculadas al caso dijeron a la diaria que en el marco de esa investigación la Unidad de Información y Análisis Financiero solicitó información al Banco de Previsión Social sobre Cardozo y su pareja, y concluyó que no figuraba ningún empleo en la historia laboral de ambos, por lo que no podían justificar sus ingresos ni los fondos utilizados para la compra de diversos bienes.
El fiscal constató que ambos “llevaron adelante múltiples negocios vinculados a la compra y venta de vehículos de alto valor y la adquisición de inmuebles, pese a carecer de ingresos declarados ante organismos tributarios y previsionales”. En concreto, se identificó que adquirieron dos inmuebles; uno en Ciudad de la Costa, por 110.000 dólares, y otro en Guazuvirá, por 32.000 dólares. También tenían varios automóviles, que iban entre los 24.000 y 46.000 dólares. Los inmuebles y autos fueron decomisados y puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas, como prevé la Ley Integral Contra el Lavado de Activos.
La mujer declaró ante fiscalía que el dinero para comprar esos inmuebles y autos era de sus “ahorros personales”, a través de la venta informal de ropa. No obstante, el fiscal de Lavado de Activos concluyó “que las operaciones fueron financiadas con dinero de procedencia ilícita, y que la imputada actuó ocultando la verdadera propiedad de los bienes”.
Finalmente, el juez de Crimen Organizado de primer turno, Fernando Islas, condenó a la mujer a 16 meses de prisión, que podrá cumplir en régimen de libertad a prueba, y dispuso que se presente semanalmente en la seccional policial correspondiente y realice servicios comunitarios de dos horas semanales durante cinco meses.