La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, a cargo de Alejandro Machado, citó a declarar a los socios de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, quienes fueron denunciados por apropiación indebida y estafa por unos 80 millones de dólares.
En la instancia, que duró aproximadamente cinco horas, los responsables del fondo ganadero reiteraron, al igual que cuando publicaron un comunicado sobre la situación de insolvencia de la empresa en noviembre de 2024, que los problemas de insolvencia estuvieron motivados por las pérdidas ante la sequía que hubo entre 2022 y 2023 y el efecto dominó que generó la caída de Grupo Larrarte en los fondos ganaderos. Si bien las primeras denuncias contra este fondo comenzaron en agosto de 2024, los directores plantearon que en mayo ya había rumores de su situación, lo cual impactó en el retiro de fondos de República Ganadera.
Sin embargo, para Juan Pablo Decia, uno de los abogados de los damnificados, los argumentos manejados por los socios no condicen con los “propios estados contables que República presentó en los años de la sequía, en los que las pérdidas no superaron los cuatro millones de dólares. Estamos hablando que es una empresa que tiene un desfalco que supera los 80 millones de dólares, entonces no cierra la explicación que dan ellos en cuanto a la sequía”, puntualizó.
Asimismo, sobre el argumento del efecto que tuvo la quiebra del Grupo Larrarte y el impacto en el resto de los fondos ganaderos, Decia puntualizó: “El fondo Larrarte cae en agosto de 2024 y ellos caen en octubre. Larrarte no pudo haber tenido el efecto que se le pretende dar a la debacle del negocio”.
El fiscal Machado autorizó el ingreso a la audiencia de dos de los 30 abogados de las víctimas que han presentado denuncias, una medida que fue destacada por Decia, quien acotó que asistió junto al abogado Fernando Posada. No obstante, la defensa de Jasidakis, el abogado Eduardo Sasson, manifestó que su defendido iba a hacer uso de su derecho constitucional a no responder las preguntas que formularan los abogados de las víctimas tras el interrogatorio del equipo fiscal.
Según pudo saber la diaria, el fiscal continuará con la investigación y está a la espera de un informe elaborado por un equipo multidisciplinario –integrado por el Ministerio del Interior, la Dirección General Impositiva, la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca– para analizar si existió lavado de activos.
El caso fue asumido originalmente por Machado, pero posteriormente interpuso un recurso para apartarse de la investigación, luego de haber sido cuestionado por falta de avances por abogados denunciantes. El caso pasó a ser asumido por el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, quien también pidió no asumir la investigación y presentó un recurso que fue aceptado por el Ministerio de Educación y Cultura en setiembre de este año, por lo que el caso volvió a manos de Machado.