La causa judicial que involucra al exsenador frenteamplista Charles Carrera comenzó en agosto de 2022 con una denuncia que presentaron las autoridades del Ministerio del Interior, en aquel momento a cargo de Luis Alberto Heber. Apuntaron contra Carrera por hechos ocurridos durante su gestión como director general de Secretaría del MI (2010-2017): en concreto, por la entrega de tickets de alimentación por 20.000 pesos a Víctor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, en noviembre de 2012, y por habilitar la asistencia de Hernández en el Hospital Policial, incluyendo asistencia médica, psicológica y rehabilitación desde julio de 2013 hasta diciembre de 2016.
El proceso tuvo un momento crucial a finales de setiembre de 2024, cuando la fiscal especializada en Delitos Económicos de segundo turno, Silvia Porteiro, pidió el desafuero de Carrera para indagarlo sobre un presunto delito de abuso de funciones. El senador no se amparó en la inmunidad parlamentaria, y la Cámara de Senadores aprobó su renuncia en una sesión extraordinaria.
Todo indicaba que luego de esos episodios la formalización de la investigación sería inminente, pero casi seis meses después todavía sigue sin concretarse. En medio de eso, la defensa de Carrera pidió el archivo de la causa en dos oportunidades, sin éxito. Además, el abogado del exlegislador entregó a la fiscalía la opinión experta de los abogados Gonzalo Fernández y Álvaro Richino, que coincidieron en que no habría dolo en la conducta del exlegislador. En esa línea también se expresó el abogado penalista y grado 5 de la Universidad de la República Germán Aller, quien planteó que en este caso “no hay delito contra la administración pública”.
La defensa de Carrera, que lleva adelante el abogado Juan Manuel González Rossi, presentó nuevos documentos a la fiscal Porteiro, entre ellos un informe pericial elaborado por el economista Michael Borchardt, que fue consultado acerca de si la atención que recibió Hernández en el Hospital Policial implicó algún costo para el Estado.
La respuesta de Borchardt es que estos hechos no significaron ningún “daño patrimonial al Estado”. En su opinión, si bien hubiera sido correcto que se lo atendiera en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la opción que se tomó en aquel momento no implicó costos adicionales para el Estado.
“Entendemos que es erróneo cuando en forma simplista se procura asimilar, como si fuera un costo para el Estado, el gasto que asumió el Hospital Policial por la atención de esta persona, sin considerar el “ahorro” que hizo ASSE por no haber asumido su atención”, sostiene el economista en su informe. Según la información que maneja Borchardt, Hernández no recibió atención en ASSE porque allí no había condiciones para brindarle “la atención adecuada a su estado de salud, lugar de residencia y condición social”.
“No nos corresponde entrar en consideraciones sanitarias, en cuanto a si la atención que podía brindar ASSE era adecuada o no para la compleja situación de salud de la persona, y si efectivamente el Hospital Policial podía brindarle la atención más adecuada [...] Lo que sí está claro es que ese gasto que debería haber realizado ASSE, en los hechos, fue realizado por otro prestador público de salud, el Hospital Policial”, agregó el especialista, que fue director de la Unidad de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2010 y 2020.
Por esta razón, sostiene Borchardt, el gasto por la atención de Hernández quedó imputado presupuestalmente como costo en el Hospital Policial, y no en ASSE, como hubiera correspondido. “Ahora, sin perjuicio de en qué organismo se ve reflejado el gasto, si consideramos al Estado como un todo, lo que un organismo gastó podría asimilarse a lo que el otro prestador público hubiera tenido que gastar”, añadió.
Finalmente, el economista puso sobre la mesa la “dimensión humanitaria” del asunto, ya que se trató de brindarle atención sanitaria “a una persona en una situación de particular vulnerabilidad”. Borchardt concurrió este miércoles a la sede de Fiscalía, para profundizar en los detalles de este informe.