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Audiencia de control de acusación en la causa que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos.

Foto: Jose Olivera

Torturas en San Javier: comenzó la audiencia de control de acusación

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“El Estado no ha estado a la altura de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron”, expresó la fiscalía.

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Leído por Andrés Alba.
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Este jueves se llevó a cabo la primera sesión de la audiencia de control de acusación en la causa que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, contra 11 personas, entre 1980 y 1984.

En la audiencia de este jueves, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, presentó ante la jueza de la causa, Selva Siri, la acusación de la fiscalía por la que pidió condenas de entre 11 y 15 años de penitenciaría para nueve militares retirados.

El caso investiga torturas contra Aníbal Lapunov Velichcov, Hugo Ademar González Sierra y Ricardo Bozinski Schevzov en 1980, y contra Pires da Silva, Esteban Balachir Podchibiakin, Carlos Alberto Jacina Leiba (hoy fallecido), Pedro Marseñuk Romañuk, Juan Chimailov Robkin, Roman Klivsov Luchilin y Basilio Jacina Oljovsky en 1984.

La fiscalía pidió 15 años y seis meses de penitenciaría para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para los militares retirados Héctor Caubarrère y Jorge Soloviy, la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos. Para Daniel Castellá y Rodolfo Costas, Perciballe pidió una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Luis Estebenet, la fiscalía pidió una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que, para Eduardo Saiz, Perciballe pidió una condena de 13 años de penitenciaría.

Por su parte, la defensa de ocho militares, llevada por las abogadas del Centro Militar Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo, pidieron la nulidad de las actuaciones cuestionando que la causa se enmarque en el nuevo Código del Proceso Penal. Señalaron que el nuevo proceso sólo corresponde para causas iniciadas después de noviembre de 2017 y que la Constitución establece que son las leyes las que fijan el orden de los juicios, mientras que el nuevo código limita su aplicación.

La jueza Siri rechazó el pedido de las defensas de los militares, con el argumento de que “la ley definió como fecha de inicio de una causa el momento en que el hecho con apariencia delictiva llega a conocimiento del Ministerio Público con independencia del momento de su comisión”. La defensa de los militares apeló la decisión de Siri. En esta primera sesión, las abogadas Figueredo y Gavazzo leyeron la contestación de la acusación a la fiscalía.

“Lo que leyó la defensa demuestra, en definitiva, que hace 45 años de la búsqueda intensa de verdad y justicia, y el Estado no ha estado a la altura de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, y por eso estamos acá, por verdad y justicia y sin ningún ánimo personal”, expresó al rechazar el sobreseimiento pedido por la defensa de los militares.

En la próxima audiencia, que se realizará este viernes, los abogados de Óscar Roca presentarán su respuesta a la acusación para luego dar lugar a la discusión sobre la admisibilidad de la evidencia que ingresará a juicio.

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