El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, prepara exhortos que enviará a Estados Unidos, Panamá, España y Paraguay para conocer movimientos de cuentas bancarias de empresas vinculadas a Conexión Ganadera, y determinar si fueron parte del mecanismo utilizado por el fondo ganadero para desviar los fondos aportados por los inversores.
Los exhortos son enviados desde la Fiscalía al Poder Judicial para que este los remita a cada uno de los países, a través de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica. Fuentes allegadas a la investigación, señalaron a la diaria que si bien se pide celeridad en las respuestas, los países no tienen plazo para responder. En el caso de Estados Unidos, el exhorto debe tener traducción oficial, algo que podría retrasar el envío.
La investigación penal avanzará en otras diligencias mientras espera la información del exterior, necesaria para completar la estructura financiera de Conexión Ganadera. Aún queda pendiente la respuesta de varios organismos estatales a los que el fiscal Rodríguez les solicitó información sobre operaciones de compraventa vinculadas a Conexión Ganadera que podrían ser relevantes para la investigación, entre ellos la Dirección General Impositiva, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.
Una vez que la fiscalía tenga suficiente información, convocará a todos los indagados a declarar en sede fiscal, antes de definir si pide a la Justicia la formalización del proceso en su contra, algo que podría ocurrir aun con los exhortos pendientes de respuesta. Por otra parte, se espera que la semana que viene culmine el conteo de los animales que está llevando a cabo el Ministerio de Ganadería, algo que también será útil para la causa penal, dado que una de las líneas que se investiga está vinculada a maniobras en la trazabilidad del ganado.
Otra información que se está generando y que aportará a la investigación penal en las próximas semanas es el análisis de las solicitudes de verificación de crédito, presentadas por varios cientos de acreedores ante la Justicia de Concurso. Este jueves culminó el plazo para presentarse y ahora el síndico de Conexión Ganadera Alfredo Ciavattone tiene 30 días para analizar caso por caso. Una vez terminado ese proceso, se conocerá cuántos damnificados participarán de la distribución de activos del fondo ganadero. Ese proceso también aportará la información de los inversores que no aspiraron a recuperar su dinero mediante la Justicia, algo que pone en tela de juicio el origen de los fondos. La ley que regula el proceso de concurso señala que, una vez vencido el plazo, pueden presentarse nuevos acreedores, pero deben asumir los costos de las pericias de verificación y pueden quedar relegados en la distribución de los bienes, en función de cómo haya avanzado el proceso.
La investigación abarca a 30 empresas y a unas 30 personas que pertenecen a los grupos empresariales que operaban con el fondo ganadero y que podrían formar parte de la operativa montada por Conexión Ganadera. La investigación penal busca determinar si los indagados incurrieron en el delito de estafa y apropiación indebida, por haber invertido sin autorización el dinero de los inversores en otros negocios del grupo y el delito de asociación societaria fraudulenta, que se concretaría si se verifica un vaciamiento de Conexión Ganadera para responder a obligaciones ajenas a ese negocio.