El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este miércoles en la apertura del seminario internacional sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y dijo que cree que es “el camino correcto”, en el marco de un “consenso político que después no lo tranque, porque eso sería lamentable y muy doloroso”.
Las declaraciones de Orsi tienen como trasfondo algunas declaraciones de integrantes de la oposición que han expresado reparos a la creación de esta nueva cartera, pese a que formó parte de los programas tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional y el Partido Colorado en las últimas elecciones. De hecho, el planteo figura en el “Compromiso por el país” que firmaron los partidos de la coalición antes del último balotaje.
El presidente recordó esto, una vez más, en su alocución en la apertura del seminario: “Decir que precisamos una justicia que funcione bien y que la gente tenga acceso a la justicia es bien recibido por la gente”, a “tal punto que los partidos políticos, por lo menos los mayoritarios de este país, en sus programas pusimos todos que hay que caminar hacia eso”.
Qué es y qué no es un Ministerio de Justicia
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, contó en una rueda de prensa que la discusión promovida por el PNUD, y que Presidencia apoyó, tuvo una instancia con partidos políticos, otra con periodistas y, luego, el evento del seminario internacional. Díaz sostuvo que es “razonable pensar” que en Uruguay pueda existir un Ministerio de Justicia si en todos los países europeos existe esta cartera, “incluidos Inglaterra y Gales, que después de 700 años de tradición consuetudinaria, sin Ministerio de Justicia, llegaron en 2005 a su creación, o en todos los países de América Latina, excepto en México”. “La pregunta debería ser: ¿por qué no?”, acotó.
También precisó que es importante definir qué es y qué no es un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese sentido, explicó que hay “un montón de temas que tienen que ver con el funcionamiento sistémico de la justicia, no con la función jurisdiccional, con el acceso [de las personas a la justicia], con políticas públicas, con la abogacía del Estado, que en todos los países del mundo lo realiza el Ministerio de Justicia”.
Díaz adelantó que el Ministerio de Justicia tendrá bajo su órbita el Servicio Centralizado de la Defensa Pública, que se busca crear en el corto plazo, la Fiscalía General de la Nación, que ahora depende del Ministerio de Educación y Cultura, y agregó que “hay un proyecto para crear el Instituto Nacional de Rehabilitación como un servicio descentralizado y todo lo que tiene que ver con el servicio a la abogacía del Estado”.
En relación con lo que un Ministerio de Justicia en Uruguay “no cumple ni va a cumplir nunca”, Díaz puntualizó que esa cartera no tendrá una función jurisdiccional, que está reservada exclusivamente al Poder Judicial. En suma, resaltó que “no va a asumir nunca ninguna de las potestades que la Constitución le asigna tanto al Tribunal Contencioso Administrativo como a la Suprema Corte de Justicia”.
También expresó que la única forma de crear un ministerio es con la mayoría absoluta de ambas cámaras. “Por esa razón, lo que el Ejecutivo ha dicho es que estamos dispuestos a recorrer este camino, estamos convencidos de que este camino es el correcto, pero evidentemente esto requiere consensos” y “consensos más amplios”. “Para obtener consensos más amplios hay que sentarse, hay que discutir, hay que conceptualizar las discusiones y salir un poco de las cuestiones diarias que a veces nos impiden levantar los focos y mirar más lejos”.
Díaz dijo que la intención es que la iniciativa esté incluida en el proyecto de ley de Presupuesto. “El Consejo de Ministros se reúne el próximo jueves, ahí recién vamos a estar estableciendo las líneas básicas del presupuesto, las líneas de base y demás, y seguiremos conversando. Esto necesita un diálogo conceptual entre los diferentes partidos. Por alguna razón, los tres principales partidos los incluimos en los programas de gobierno. Es más, si ustedes leen los programas de gobierno de los partidos, prácticamente son iguales o calcados. La pregunta es: ¿qué pasó de acá a allá? Yo creo que las diferencias se superan hablando”, afirmó.
Las experiencias internacionales
Pilar Llop, que fue ministra de Justicia de España entre 2021 y 2023, contó que cuando se le propuso hablar sobre la creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay le “sorprendió muchísimo”, porque en su país esa institución existe desde el siglo XVIII.
Llop aclaró que el Ministerio de Justicia está totalmente separado del Poder Judicial, pero se relaciona necesariamente con él, porque “eso es lo que caracteriza a las democracias modernas”. “Los poderes no están encapsulados”, señaló, y destacó que necesariamente “los poderes se tienen que hablar” para darles “respuesta a los ciudadanos” y un “servicio público de calidad, accesible, sostenible para todas las personas, con independencia de su diversidad y con independencia de dónde vengan”.
En concreto, se refirió al derecho de acceso a la justicia y explicó que en España ese derecho depende del Ministerio de Justicia, ya que es un derecho humano “permitir que las personas puedan acceder a un abogado, a un defensor público, a un abogado de oficio”.
También destacó que ese ministerio es un “órgano eminentemente técnico” y también político, “porque lógicamente su titular es quien lleva a cabo las políticas públicas en materia de justicia”. “Si encontramos las competencias dispersas entre diversas instituciones, si no están aglutinadas, es muy difícil que se haga una política pública en materia de justicia que tenga una misma orientación, puede haber incluso decisiones contradictorias que luego nos cueste mucho explicar a la ciudadanía”, acotó.
Al igual que la propuesta para el caso uruguayo, en España el Ministerio de Justicia tiene un cuerpo de abogacía del Estado, que se encarga de “defender los intereses del Estado” frente a denuncias nacionales e internacionales. “La verdad es que económicamente resulta muy rentable, porque cuando tenemos personas especializadas que se dedican a esos pleitos en los que son reclamos millonarios, arbitrajes internacionales en ocasiones complejos o de materias muy especializadas, aunque no impide que se pueda contratar puntualmente a algún despacho de abogados especializado, por lo general es la abogacía del Estado [la que se encarga], que está muy bien formada y cuenta con unos cuerpos jurídicos de excelencia”.
Por su parte, Ana Linda Solano, abogada consultora en Colombia en derecho penal, política e investigaciones criminales, señaló que es importante la existencia de un Ministerio de Justicia porque es una institución a la que se le puede exigir que rinda cuentas. “Cuando muchos tienen la responsabilidad, ninguno tiene la responsabilidad”, sentenció.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Justicia es el que lleva adelante la digitalización del sistema judicial, que es uno de los “sectores que más se benefician de los desarrollos en términos de inteligencia artificial”. “Ni siquiera estoy hablando sólo de las ganancias en términos de acceso a la justicia que trae la justicia digital”, también “genera lenguajes comunes que permiten homogeneizar sentencias y que no dependa de a quién le tocó, sino que da esas estructuras básicas comunes que luego permiten a los jueces enfocarse en los aspectos más relevantes del caso, [y esto] ayuda a medir cuánto tiempo demoran las decisiones, cuánta inversión en términos de recursos, tiempo y personas hay que tener”.
A su turno, Germán Garavano, que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, comenzó diciendo que la cartera fue creada a principio de la década de 1980 como una secretaría del Ministerio de Educación y, una década después, se consolidó como ministerio. Señaló que durante el gobierno de Macri “sufrió una crisis y hubo una reducción ministerial muy fuerte”, pero se decidió mantener la cartera. Asimismo, en el caso de la administración de Javier Milei también se “hace una reducción sustancial de los ministerios”, pero el de Justicia es “uno de los pocos que subsisten”.
Garavano dijo que el ministerio tiene en su rol institucional un eje nacional y otro internacional. En la política pública del país, “el Ministerio de Justicia vendría a ser un buen traductor y un buen abogado de las necesidades del Poder Judicial”. Puntualizó que “muchas veces la política no entiende las lógicas y el trabajo que hace la justicia”, entonces el ministerio tiene un rol clave que cumplir. “A mí me ha tocado dar fuertes discusiones presupuestarias con el jefe de gabinete o con el ministro de Economía en requerimientos del Consejo de la Magistratura o del propio Poder Judicial”.
En el plano internacional, señaló que si bien ha trabajado con “representantes uruguayos” que fueron “maravillosos”, en todos los “ámbitos internacionales de cooperación, en términos de combate a la criminalidad organizada, la reunión de ministros de Justicia de las Américas, la Comjib [Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos], siempre Uruguay es como que no termina de estar representado en el alto nivel”.
Señaló que incluso en las reuniones de seguridad y justicia del Mercosur sólo está el ministro del Interior para hablar de seguridad. Señaló que “no son cosas menores”, porque “cada vez van a ser más importante estas instancias de trabajo cooperativo entre los países de la región”.