La Dirección General de Impositiva (DGI) se presentó como acreedora en el proceso de Concurso de Conexión Ganadera, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
El reclamo de la DGI asciende a 6.4 millones de dólares provenientes de tributos impagos por el fondo ganadero. Según explicaron las fuentes, como el escrito de la DGI para reclamar su participación en el concurso fue presentado luego de vencido el plazo que tenían los acreedores para verificar su condición, el Estado deberá pagar los costos de las pericias necesarias para legalizar el reclamo.
El planteo llegó en momentos en que el síndico Alfredo Ciavattone está en la última etapa del conteo de animales y determinación del activo y pasivo de Conexión Ganadera y avanza en la verificación de los damnificados que se presentaron al concurso antes del 24 abril. Una vez que se establezca quiénes son los acreedores y cuál es el activo a repartir, puede iniciarse la distribución del activo de Conexión Ganadera. Si bien el concurso aseguraría a los acreedores un reparto equitativo, al presentarse la DGI la situación cambia, dado que al representar a la administración tributaria tiene prioridad sobre los otros créditos, tal como prevé el artículo 110 de la Ley Concursal, lo que, de ser verificado y aprobado por la Justicia, disminuiría el monto a repartir entre los particulares.
Se estima que el síndico analizará todos los créditos presentados y, una vez determinados quiénes pueden acceder a la distribución de los activos, realizará un informe que integrará la situación de la DGI. Esa definición del síndico con la lista de acreedores puede ser impugnada y, a su vez, la determinación del juez de Concurso, Leonardo Méndez, puede ser apelada ante un tribunal y ante la Suprema Corte de Justicia.
El activo a distribuir de Conexión Ganadera puede verse incrementado en la medida en que la investigación penal detecte cuentas bancarias o bienes que pueden ser captados a favor de los acreedores, tal como ocurrió con los 16 millones de dólares embargados por la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera o por el pago de los deudores de Conexión Ganadera, tal como es el caso de frigorífico Casablanca, que tiene una deuda con el fondo por 27 millones de dólares.