El lunes se realizó la audiencia de control de detención del hombre y la mujer detenidos, en el marco de la causa que investiga el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que tuvo lugar el domingo.
Se prevé que la audiencia de formalización del proceso contra ambos se realice el martes, informó Fiscalía. Fuentes del caso dijeron a la diaria que los indagados fueron detenidos mientras conducían un auto negro marca Volkswagen, con el que habrían dado “soporte” a quienes ingresaron a la casa de Ferrero. Por otra parte, la Policía maneja que en la camioneta blanca, que apareció incendiada en la zona del arroyo Miguelete, cerca del Cementerio del Norte habrían estado tres personas (un chofer y las dos personas que entraron a la finca).
Tal como informó la diaria el lunes, las personas que ingresaron al patio usaron un tablón que les facilitó el ingreso desde una casa lindera, un dato que mostraría que hubo “inteligencia previa” en la zona donde vive Ferrero. Asimismo, por estas horas, la Policía analiza el ADN de una colilla de cigarro que fue encontrada en la zona donde los atacantes dejaron el tablón.
La Policía también aguarda el resultado del Servicio de Material y Armamento del Ejército sobre un artefacto explosivo que se encontró en la casa de Ferrero. Al denunciar el hecho ante la Policía, la fiscal de Corte informó que había constatado un pequeño pozo en su patio, en el que parecía haber un artefacto explosivo.
Director de Comunicación de Fiscalía marcó fallas en la seguridad dispuesta para proteger a la fiscal de Corte
“A todas luces hubo una falla en la seguridad (...) la garita está en el frente de la casa de la doctora Ferrero, estas personas ingresaron por el fondo, o sea que no hubo una evaluación correcta del riesgo”, señaló el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech.
Benech dijo que se están tomando las medidas necesarias para reforzar la seguridad de Ferrero, y que la fiscal se encuentra bien de salud, más allá de que el hecho haya tenido un impacto emocional en su entorno. “La fiscal Ferrero es una persona muy fuerte que ha dedicado su vida a esto, obviamente que va a seguir adelante (...) es un episodio grave en el que se ha subido algún escalón”, señaló y recordó como antecedentes el ataque a la brigada antinarcóticos, ocurrido el 9 de mayo de 2020, y el ataque contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, en diciembre de 2024.
“Ya se han recibido señales de que la criminalidad en Uruguay ha cambiado”, señaló, y destacó la gravedad del caso al tratarse de un ataque contra la cabeza de la institución responsable de perseguir los delitos.
Los antecedentes del caso
El 9 de mayo de 2020, un vehículo que circulaba por la calle Delmira Agustini, en el Prado, arrojó una granada militar a metros de la entrada de la sede de la Brigada Antidrogas, provocando daños a varios vehículos que estaban estacionados al frente del edificio.
El atentado ocurrió pocos días después de la incautación de 400 kilos de cocaína en un camión que transportaba leña en Canelones, y unos meses después de que se conociera la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo.
Por esta causa, si bien no se llegó a determinar el autor material del hecho, fueron imputadas unas 20 personas, mayoritariamente menores de 30 años con educación media, por hechos que surgieron de los allanamientos realizados en la investigación, como delitos de narcotráfico, otros asociados al tráfico o porte de armas y asociación para delinquir. Entre los imputados se encuentran tres familiares de un exdiplomático que fue cónsul uruguayo en Asunción a principios de la década de 1950.
Al día siguiente del atentado a la Brigada, el 10 de mayo, la fiscal Mónica Ferrero recibió este mensaje en su celular: “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”.
La investigación de esa amenaza, realizada bajo la firma de PCU registrada en varios ladrillos incautados y en la mano derecha de Sebastián Marset, culminó con la condena del hijo del contratista de fútbol, Gerardo Arias, en enero de 2021. En ese caso, el fiscal Diego Pérez logró determinar que la amenaza provino de un celular registrado en Perú, y fue reenviado por el celular que utilizaba Arias. El mensaje fue realizado desde un comercio dedicado a vehículos de alta gama. Gerardo Arias fue socio de Washington Bocha Risotto, acribillado de ocho balazos en enero de 2012, en Barrio Sur, en un hecho que fue investigado como un enfrentamiento entre personas vinculadas al narcotráfico.
El 4 de diciembre de 2024, desde dos motos, dispararon contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en la calle Cerro Largo y Andes, y dejaron, en una hoja A4, una carta para el entonces director del INR, Luis Mendoza. “Mendoza, los presos se respetan”.
Por este hecho, en abril de 2025, fue condenado Luis Fernández Albín, a una pena de siete meses de prisión por un delito de atentado agravado en reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego con signos de identificación suprimidos. Fernández Albin fue detenido a fines de marzo, tras un allanamiento en su casa, en el barrio privado Colinas de Carrasco.
En el momento del atentado, Fernández Albín, de 37 años, cumplía pena en el Penal de Libertad por delitos de narcotráfico, mientras que su hermano, Diego Fernández Albín se encontraba en la cárcel de máxima seguridad que funciona en el Comcar, la unidad 25.
Diego Fernández Albín había sido detenido en octubre de 2024 tras un operativo en Pajas Blancas, y fue imputado por varios delitos de drogas y tenencia de armas con signos de identificación suprimidos.
La principal línea de investigación sobre el atentado en la casa de Ferrero está vinculada a la incautación de 2.200 kilos de cocaína en Punta Espinillo, a principios de agosto, en una operación comandada por la Fiscalía Especializada de Estupefacientes de primer turno. Si bien el año pasado la fiscal de Corte, dejó de estar al frente de esa fiscalía, mantiene contacto permanente con las investigaciones de la que fue su sede durante años.
Por esta causa fueron investigadas seis personas vinculadas a la organización de Los Albín, que trabaja en coordinación con la organización de Marset. La droga incautada en Punta Espinillo había ingresado a Uruguay por avioneta posiblemente proveniente desde Bolivia y estaba preparada para ser embarcada hacia Europa.