El empresario Martín Gorrochategui, acusado en una causa que investiga trata de personas en su empresa minera, participó de la delegación uruguaya que viajó a China entre el 3 y el 7 de febrero en misión oficial, según informó el jueves El Observador.
La causa se conoció en febrero de 2024 cuando el juez Javier López definió la imputación de seis personas, Gorrochategui, su socio Daniel Suárez y otras cuatro personas que trabajaban en la minera, por los delitos de asociación para delinquir y trata de personas, con prisión preventiva como medida cautelar, tras identificar a 34 ciudadanos venezolanos que viajaron a Uruguay para trabajar en la cantera de piedras semipreciosas, ubicada en la zona de El Catalán, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Artigas por ruta 30.
Según la investigación de la Fiscalía, los trabajadores eran captados a través de anuncios laborales publicados en Telegram. Al responder, eran contactados por una ciudadana venezolana que se presentaba como la psicóloga de la empresa y otras dos personas que mantuvieron una videollamada con las víctimas en las que los animaban a conseguir a otros aspirantes y acordaban las condiciones de trabajo.
Los denunciantes, que llegaron por tierra desde el noroeste venezolano por la frontera con Brasil, tenían expectativas de acceder a salarios de entre 1.500 y 2.000 dólares por ocho horas de trabajo de lunes a viernes, partiendo de un salario base de 250 y 500 dólares, dependiendo de la tarea que realizaran, con bonos por diferentes logros, como convivencia grupal, mantenimiento de las máquinas, productividad, horas extras, además de alojamiento, comida, seguro médico y acceso a internet.
Las víctimas declararon que al llegar al país quedaron incomunicados, sin libertad ambulatoria, con los documentos retenidos y cobrando menos de una décima parte del salario que habían acordado.
La detención de los imputados ocurrió en un hostel de Montevideo, cuando estaban por concretar el traslado de otras víctimas hacia Artigas para trabajar en la mina. En el momento de la detención, las víctimas ya habían firmado un contrato de trabajo y tres hojas en blanco.
La fiscalía planteó que las víctimas cobraban unos 180 dólares por unas 12 horas de trabajo y, cuando expresaban su disconformidad, se los trasladaba a Brasil. Algunos fueron enviados a San Pablo y otros a Curitiba, donde fueron abandonados sin recursos.
Para la Fiscalía, los imputados integran una organización dedicada a la explotación laboral, algo que es rechazado de plano por los acusados, quienes descartaron un acuerdo abreviado con la Fiscalía y esperan defender su inocencia en el juicio oral.
En marzo comenzará la etapa de control de acusación, en la que se define cuál será la evidencia que ingresará como prueba al juicio, además de las declaraciones anticipadas que se concretaron durante la primera etapa de la investigación. En la respuesta a la acusación, los imputados negaron cualquier tipo de retención o privación de libertad ambulatoria de los trabajadores.
¿Cómo se definen los integrantes de la delegación?
La delegación uruguaya en la misión oficial estuvo integrada por unas 150 personas, entre ellas varios empresarios que se inscribieron ante Uruguay XXI. Una fuente de ese organismo dijo a la diaria que esa institución recibió las postulaciones, pero que no hubo un proceso de selección de las candidaturas. “La postulación fue abierta; el que quería pagar, venía”, indicaron.
“Los participantes deberán asumir los costos correspondientes a pasajes, traslados, alojamiento y demás consumos. La organización sugerirá opciones de vuelo y hotel para la estadía”, señala el formulario de inscripción a la misión a China, publicado por Uruguay XXI.