Carlos Negro: “No hay otra forma de construir seguridad que mediante acuerdos que vayan más allá de cada uno de los partidos”

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El ministro del Interior, Carlos Negro, recuerda cuando era fiscal en Young y dormía con la puerta abierta porque podía hacerlo. En estos 20 años, la seguridad ha cambiado mucho, pero la percepción de inseguridad estuvo siempre presente. La próxima semana se presentará el Plan Nacional de Seguridad, una apuesta de esta administración para construir una política pública a diez años, y consolidar un modelo uruguayo de seguridad. Si bien en las últimas semanas ha recibido críticas, Negro confía en que se continúe con los lineamientos promovidos y “que los partidos entiendan que no hay otra forma de construir seguridad que mediante acuerdos que vayan más allá de cada uno de los partidos, porque la unidad del sistema político es la frontera más firme contra la expansión del crimen organizado”.

En entrevista con la diaria, habla de los proyectos que tiene en carpeta el Ministerio del Interior –la suspensión condicional del proceso, la descentralización del INR, la regulación del tráfico de armas y municiones–, el monitoreo sobre la eventual llegada del PCC a Uruguay y su postura sobre designar a un fiscal de Corte con base en lo que establece la Constitución.

la diaria cumple 20 años y buscamos repasar lo que han sido estos años en distintas áreas del país. En materia de seguridad, ¿qué te parece que cambió en estas dos décadas?

Yo lo asocio mucho al desarrollo de mi carrera y, por ejemplo, me ubico en 2006 y ahí vivimos lo que fue el ascenso del consumo de la pasta base, que empezó después de la crisis. Todavía en 2006 estábamos saliendo de las condiciones de la crisis de 2002, se estaba expandiendo en los sectores más vulnerables que habían quedado muy sumergidos, entonces los que estaban en el borde cayeron. Ese año dejaba Paysandú para ir a Las Piedras, y en Las Piedras vi una situación de deterioro social muy importante y de mucha violencia. Teníamos cinco homicidios cada 100.000 habitantes por año, es decir, veníamos en registros que eran aceptables. Sin embargo, existía una percepción de inseguridad. Lo mismo pasaba en 1995, cuando se votó la ley de seguridad ciudadana, se creó el delito de copamiento, se penalizó más severamente la minoría de edad; todos esos movimientos de campaña de “ley y orden” o de “mano dura” ya estaban en el 95 porque existía una percepción de inseguridad. Yo viví desde 1998 hasta 2006 en Young y los niveles de tranquilidad que había nunca los había visto en mi vida. Pensé en un momento que vivía en el paraíso. Yo dormía literalmente con la puerta abierta. Entonces, ese deterioro que hemos venido sufriendo también se traduce en que la gente se siente cada día más insegura.

¿Te parece que en el 36 vamos a añorar la seguridad de 2026?

Como vienen los registros delictivos y la percepción de la gente, que muchas veces piensa que antes estábamos mejor, sí. En este caso estábamos mejor, pero en ese momento no se valoraba. Nunca se valora la situación en la que se está, siempre se piensa que se está peor. Y esto no cambió en los últimos 30 años.

El 1º de marzo se cumplió un año del inicio de la nueva gestión y de que asumieras al frente del Ministerio del Interior. ¿Qué balance hacés de este primer año?

Para mí fue un año muy removedor y el año más distinto en mi vida. Yo trabajé 32 años en Fiscalía, prácticamente toda mi carrera laboral, salvo un par de años ejerciendo la profesión, estuve toda una vida dentro de la gestión pública y en Fiscalía. Esto fue un quiebre inesperado, tan inesperado como fuerte. Además, a eso se suma que empieza un gobierno que había estado fuera del gobierno. Eso implica también un quiebre, un salto en la vida del país, en la vida del Frente Amplio y en lo personal. Al empezar un gobierno, cuando el anterior estaba en manos de otro partido, hay que tener cuidado al enfrentarse a la tensión de querer cambiar cosas que uno piensa que se hicieron mal o que sabe que se hicieron mal, pero a la vez no caer en la refundación. La seguridad y la economía son dos áreas de la vida de un país donde uno no puede estar desestabilizando.

En ese marco te vas a enfrentar a una interpelación encabezada por el senador colorado Pedro Bordaberry. Uno de los argumentos de la oposición es que se demoró un año en tener un plan. En recientes declaraciones has dicho que en realidad el plan está creado desde el 1º de marzo. ¿No hubo un problema de comunicación entre lo que fue anunciando y lo que se estaba haciendo?

En materia de comunicación política se toma la seguridad como un botín electoral o político. En eso se busca, a través de la comunicación, generar titulares para construir relatos. Si vos planificás, entonces está mal porque perdés tiempo, pero si vos no planificás, entonces no tenés rumbo, no tenés ningún tipo de guía. Hagas lo que hagas vas a tener un relato contrario. Nosotros dijimos el primer día que no vamos a gestionar la seguridad pública sin un rumbo y sin una idea de hacia dónde vamos, y que para eso entendemos que tienen que participar los partidos políticos, la sociedad, la academia y las organizaciones. Nos tenemos que juntar y eso lleva un tiempo. ¿Para qué? Para sistematizar una política pública de seguridad de largo aliento, que incluso pudiera trascender los cinco años. Esto estuvo desde el primer día, porque antes de asumir nosotros ya habíamos contratado asesores políticos para que generaran este plan, que, por indicación del ministro, tenía que tener seis o siete ejes que no podían faltar. Tenía que abordar los homicidios, cibercrimen, violencia de género, narcotráfico, entre otros. En esos siete ejes se tenía que estructurar la política pública y eso lo comunicamos el 5 de marzo. Por ejemplo, en homicidios empezamos a trabajar desde el día cero con un sistema de policiamiento distinto, con nuevas autoridades al frente del Departamento de Hechos Complejos, de Inteligencia, de la Dirección de Investigación, que toma la disuasión focalizada como una estrategia de persecución o de control de la violencia.

Una de las primeras acciones que ha tomado el ministerio ha sido la detención de líderes de las organizaciones criminales –Luis Fernando Fernández Albín, Betito y Lorena Suárez, Axel Mattos de Los Colorados–. ¿Por qué crees que esto no se hizo antes?

Es muy difícil explicar lo que no pasó, sobre todo cuando uno no estuvo durante esa gestión trabajando. Lo nuevo en materia de la persecución criminal de esta gestión fue precisamente poner el foco en las organizaciones criminales en otros lugares que lo que hizo la gestión anterior. La gestión anterior puso un énfasis en la persecución del microtráfico y en las bocas, lo que llamamos narcomenudeo. También en la administración anterior se distinguía al microtráfico como el gran problema que había en materia de drogas y de seguridad que había de combatir. Nosotros lo que dijimos es que la boca es el último eslabón de la cadena de la organización criminal. Es el más débil, pero a veces es el más fungible. Yo saco una boca y por dos pesos pongo otra. Nosotros dijimos, si vamos a dedicar los esfuerzos de la Policía Nacional a tapar un agujero que sabemos que se va a abrir en otro lado, le estamos errando. Los mejores réditos se dan cuando le pegás a la dirección arriba y en la plata. Entonces empezamos a enfocar las investigaciones, creamos la Dirección de Lavado de Activos, jerarquizamos la Dirección de Inteligencia y a través de estos mecanismos empezamos a priorizar lo que es una persecución criminal que pega en otro lado de la organización, no en los más bajos, sino en los medios y en los altos. En ese marco, estas personas están hoy detenidas.

¿Qué balance hacen del después de la detención? ¿Cómo eso después impacta en el mercado ilegal?

No hay que caer en la ilusión de que capturando al líder de una banda se termina el problema del tráfico de drogas.

Porque el consumo se sostiene.

Es un tema de demanda, y la demanda permanece incambiada. Puedo apresar a Marset, pero la demanda de la calle va a ser la misma y esa demanda va a requerir una oferta. Es muy difícil adelantarse a qué va a pasar, quién lo va a sustituir, si una, dos, tres o cuatro personas, si se van a disputar el liderazgo o no. En Uruguay, por ejemplo, en el año pasado no vimos una repercusión directa negativa con el encarcelamiento de algunos líderes. No se dio. Además, los índices de violencia han ido bajando, levemente, pero han ido sostenidamente bajando. Somos también optimistas en que en esta primera parte del año siga esa tendencia. Tenemos algunos datos que así lo indican, pero es un trabajo de largo aliento, obviamente, acá no hay soluciones mágicas y es también importante destacarlo. En materia de seguridad, lo que más me sorprendió cuando ingresé al ministerio es esa demanda del cambio ya. Por eso es que se hace un relato contrario al plan. No es ingenuo tampoco ese relato. El relato aprovecha ese reclamo de solución ahora y en materia de seguridad eso no existe, por lo menos en los sistemas democráticos. En una dictadura puede pasar que haya cambios perceptibles en un día, en una semana o en tres meses, pero en un sistema democrático eso no se puede, las instituciones no lo permiten. Tiene que haber un contralor necesario, ciudadano, de cualquier gestión del gobierno y eso lleva tiempo.

El Plan Nacional de Seguridad Pública, que se presentará a fines de la semana que viene, se compondrá de 79 acciones concretas y alrededor de 100 medidas. Hay algunas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tiene y qué no tiene que lo hace ser un modelo uruguayo, como lo has definido?

No va a tener soluciones que no se adapten al sistema democrático y republicano uruguayo. Se va a actuar siempre dentro del marco del estado de Derecho y de las instituciones que actúan en materia de justicia y con respeto estricto de lo que es el sistema de justicia penal. Lo que puede haber son cambios normativos, estamos trabajando en eso, pero requiere mayoría, que sabemos que el gobierno no tiene por sí, hay que construirlas, pero hay ejemplos concretos: cuando nosotros trabajamos en el proyecto de ley para modificar la flagrancia delictiva y los plazos y la interpretación de la inmediatez, es una medida muy concreta que afecta directamente a la investigación. Vas a tener 12 horas de plazo para detener a una persona sin orden del juez, con determinadas garantías, obviamente. Ese es un cambio de reforma legal que impulsamos desde el gobierno y hay que ver cómo se toma por la oposición.

¿Qué otros proyectos tienen en carpeta?

Tenemos ya en carpeta la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que está próxima a ser enviada al Parlamento. Tenemos también una fase de aporte de los sindicatos, de ver qué se puede mejorar, porque no es un proyecto cerrado, por eso se lo damos, si no, se lo daríamos para leer. Seguramente para después de Turismo estaremos en condiciones de enviar el proyecto al Parlamento. También la bancada tiene a estudio un proyecto sobre armas, donde nosotros contribuimos de forma muy importante en lo que es la regulación del tráfico de armas y de municiones, fundamentalmente. Es necesario ajustar la dosimetría penal y distinguir lo que puede ser una persona a la que le falta un papel de una que no tiene ningún permiso. Es necesario distinguir esas situaciones, y a la vez elevar las penas porque son muy bajas para una persona que anda con un arma y no tiene ningún tipo de permiso para usarlo. En general, la persona tiene el arma para cometer un delito.

¿Qué se puede adelantar del plan nacional de seguridad?

Nosotros tratamos de no filtrar la información, porque nos hemos trazado plazos para diferentes instancias, y tratamos de respetarlas. Va a haber siete ejes, pero es un plan vivo, que se va a adaptar de acá a diez años. Son 130 medidas concretas. ¿De dónde surgen las 130? Surgen de la acción del gobierno, del estudio del gobierno sobre qué se precisa y de lo que recolectó de los partidos políticos que hicieron aportes. Nosotros tenemos una lista de medidas que provinieron de los partidos políticos que intervinieron en los encuentros y nunca se fueron. Participaron, nosotros recogimos sus propuestas, las reconocemos y agradecemos; por más que parece que ahora, según lo escucha la oposición, ellos no estuvieron. Una propuesta fue que los gobiernos a nivel subnacional, lo que son el departamental, las alcaldías, tuvieran una participación en materia de seguridad. Eso estamos de acuerdo, lo queremos instrumentar. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, con una coordinación con la intendencia o mediante determinada incorporación de tecnología a determinados departamentos. Esa es la medida. ¿Es la medida que propuso, de repente, el partido político? No, no tan concreto, pero la idea es que participara, que se descentralizara también la seguridad y se hicieran colaboraciones.

El presidente Yamandú Orsi anunció ante la Asamblea General que se van a crear dos cárceles de máxima seguridad. Esa medida la había propuesto Cabildo Abierto.

Esa es una de las 130 medidas que están en el plan. Es el mismo ejemplo, Cabildo Abierto nos dice “construcción de cárcel”. ¿Qué tipo de cárceles?, ¿cómo las vamos a construir?, ¿cuántas plazas?, ¿en dónde?, ¿bajo qué sistema? Eso lo vamos a definir nosotros, pero la idea surge también de los Encuentros por Seguridad. Entonces, cuando el otro día el diputado [Álvaro] Perrone dice que no van a estar de acuerdo con el plan, me llama la atención, primero, porque no lo conocen, segundo, porque participaron, y lo que es más, Cabildo Abierto participó muy activamente.

La intención del plan es crear una política pública a largo plazo y, en un primer momento, se destacaba que había ciertos consensos entre los integrantes del sistema político sobre que era necesario atender el tema. Sin embargo, en los últimos meses quedó de manifiesto que la oposición no lo apoya. ¿No fracasa el plan si la oposición no lo acompaña?

No, el plan no está sujeto a la coparticipación. Aspira a constituirse una política pública de Estado. Aspira a eso, pero eso no depende del gobierno. Nosotros no podemos obligar al sistema político a que haga lo que no quiere hacer. El sistema político tiene vida propia, los partidos tienen sus propias direcciones y sus propias decisiones.

¿Si cambia el gobierno, no muere el plan?

Hay que ver el resultado que tenga el plan en el correr de la gestión. Yo no creo que si el plan tiene resultados y año a año se van viendo, lo cambien, pero eso es adelantarnos en el tiempo. No sabemos cómo va a funcionar esto. Aspiramos a que esto tenga resultados. Aspiramos a que se continúe y que los partidos entiendan que no hay otra forma de construir seguridad, sino que mediante acuerdos que vayan más allá de cada uno de los partidos, porque la unidad del sistema político es la frontera más firme contra la expansión del crimen organizado. Eso es una máxima que a esta altura es indiscutible a nivel mundial. Un país que no tiene un sistema político fuerte lo que hace es que termine siendo captado por el dinero de las organizaciones criminales.

Yendo al crimen organizado, hubo dos detenidos en el marco de la investigación por el túnel de Ciudad Vieja que integraban el Primer Comando de la Capital (PCC). ¿Se puede decir que ya están operando en Uruguay?

Hay información que es de inteligencia y que estratégicamente no se puede dar. Estamos controlando la presencia de todas las organizaciones criminales que operan en la región, que están siendo monitoreadas por la Policía uruguaya. No solamente el PCC, está también el Tren de Aragua, que está en la región con vínculos muy importantes de dinero en Argentina, en Brasil, en Chile, en Bolivia y por supuesto en Paraguay. El Tren de Aragua está en expansión. En Uruguay no tenemos un proceso de sindicalización de las bandas criminales en las cárceles. No se ha detectado con intensidad como en otros países. Eso es una ventaja para nosotros. Tenemos que tratar de evitarla y actuar siempre controlando con información estos movimientos. Todavía no tenemos una presencia firme como los demás países de la región de estas organizaciones. Pero eso no quita que tengamos que estar atentos a los movimientos y a los procesos de información.

¿El aislamiento de Fernández Albín, por ejemplo, es para evitar este tipo de sindicalizaciones?

El aislamiento de Fernández Albín apunta a que no influya en las demás bandas ni en el exterior de la cárcel. Es un aislamiento necesario para él y para otras personas que seguramente están en el sistema carcelario, que hoy ocupan la Unidad 25, pero que no fue construida para eso, se utiliza para eso. Es más, no tiene los cupos necesarios para lo que ha sido este proceso del año pasado. Entonces ahora nos están quedando chicas, además.

El nombre de Sebastián Marset aparece en varias causas de los últimos años en Uruguay, como el atentado a Mónica Ferrero, la incautación de 2.200 kilos de cocaína de Punta Espinillo y, más atrás en el tiempo, en el ataque a la brigada antinarcóticos. ¿Por qué no hay una orden de captura contra él, como la hay en Bolivia y Paraguay?

Porque la orden de detención se da con base en evidencia, y eso lo evaluó un juez. La información policial puede tener líneas de investigación que indiquen la presencia de la persona en determinada operativa criminal y no contar con la evidencia suficiente como para que un juez disponga su detención. Durante ese proceso, se desarrolla la investigación y las investigaciones de este tipo de criminalidad son largas, salvo que haya mucha evidencia, muchas pruebas, que generalmente no las hay porque se encargan de que no la haya. En Uruguay se reitera el nombre en varias operaciones, pero no se ha reunido la evidencia suficiente como para pedir la orden de detención. Es una evaluación que hace la Fiscalía y no el Ministerio de Interior.

¿No es llamativo que la Fiscalía de Estupefacientes de primer Turno –que se encarga de los casos de macrotráfico– no haya solicitado su requerimiento a nivel nacional e internacional, cuando se sabe que en los últimos años los cargamentos que se mueven en Uruguay son de Marset?

No es llamativo, porque lo que yo leo ahí es que la investigación todavía no cristalizó en la evidencia como para pedir la orden, porque la orden tiene que pedirla con fundamento. Es detener una persona y la orden de captura, a nivel internacional, fijate lo que significa para una persona. Estamos hablando de garantías, no de voluntades. Para detener a una persona hace falta un nivel de evidencia que el juez evalúa, a ver si corresponde o no, porque si no, se está deteniendo arbitrariamente, y en Uruguay esas cosas no pasan. Los jueces actúan con independencia, evalúan la prueba y ven si amerita una detención. Luego van a ver un estándar más alto para ver si se formaliza la investigación a nivel judicial. Luego hay un estándar más alto para ver si hay prisión preventiva. Y luego, un estándar total que es el de la condena. Entonces, todos estos niveles de análisis judiciales se cumplen.

El gobierno y el Parlamento se encuentran en negociaciones para sustituir a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. ¿Crees que tiene que haber un fiscal de Corte elegido o que Ferrero debe seguir en el cargo?

No voy a hablar del nombre de Mónica Ferrero porque no me corresponde. Pero sí, en términos generales puedo decir que la Constitución marca determinadas formas y diseños para la elección de las autoridades de la Justicia y ese diseño constitucional supone la propuesta del Poder Ejecutivo y la venia parlamentaria con determinadas mayorías. ¿Eso por qué? Porque el constituyente entendió que algunos cargos necesitan del consenso que vaya más allá de un partido político y requieren mayorías especiales, acuerdos nacionales, para que esto ocurra. El constituyente también dice que esta es la regla y que lo que es provisorio es un período de vacancia porque la persona que está en el cargo se puede jubilar, se puede morir, se puede accidentar, incapacitar, etcétera. Allí viene el sistema provisorio, que es la antigüedad. Eso no es constitucional, eso es legal en el caso de la Fiscalía, pero son sistemas supletorios, son de emergencia, no son el sistema que fija el constituyente. Entonces, cómo un abogado como yo va a renegar de un sistema constitucional que aparte tiene su sabiduría, tiene su inteligencia, que es la construcción de los acuerdos políticos detrás de la justicia para que la justicia no sea espada. La justicia tiene que ser justicia, no un mecanismo de agresión o un mecanismo que se utilice políticamente. Para evitar esto, se requieren consensos políticos que, sabiamente, el constituyente previó, que son diez años en la duración de los cargos, tanto de la Fiscalía de la Corte como de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y eso por qué? Para que traspasen los períodos de gobierno. Eso es lo que pretende el constituyente, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto no quiere decir que se politice la justicia, al contrario, es prevenir la politización.

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