El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes la propuesta para reformar el Código del Proceso Penal, elaborada por el Grupo Asesor Técnico (GAT), tras seis meses de trabajo. Si bien el texto aún se mantiene en reserva, trascendió que en su contenido está la reincorporación de la suspensión condicional del proceso, como vía procesal para resolver litigios que ameritan medidas alternativas a la prisión, el fortalecimiento de la defensa para facilitar el acceso a evidencia sin la mediación de la fiscalía y otras disposiciones que buscan dar mayores garantías por medio del fortalecimiento del rol de los tribunales en el proceso.
En diálogo con la diaria, el abogado Ignacio Soba destacó la conformación del grupo de trabajo, que involucró a quienes participan en el funcionamiento del sistema de justicia penal “y que conocen cuáles son los principales desafíos, conocen cuáles son las prácticas, las cosas que han funcionado y aquellas que hay que perfeccionar”. Señaló que se trabajó con la idea de perfeccionar el Código del Proceso Penal, “tomar los aprendizajes y plasmar en una revisión integral”.
El abogado destacó la importancia de la participación de la fiscalía y del Ministerio del Interior, que son quienes están involucrados en la investigación penal, también de la defensa pública, por medio del Poder Judicial y del Colegio de Abogados, así como también la mirada de los ministros del tribunal de apelaciones que participaron, varios integrantes de la academia y el Ministerio de Educación y Cultura, que trabaja temas de cooperación jurídica internacional.
“Una de las cosas positivas es que no hubo una mirada unilateral del fenómeno de la investigación y del proceso penal, sino distintas delegaciones con distintas miradas que procuraron conversar, debatir, intercambiar experiencias, posturas para lograr consensos”, señaló.
Consultado sobre la dinámica de trabajo, Soba señaló que hubo unas 20 reuniones, en las que se partió de una hoja de ruta y luego en cada una se iban analizando las propuestas y aportes, que después se debatían. Destacó que se trabajó “sobre la base de consensos”: “Fue una metodología que estuvo interesante y que quizás incluso sea interesante pensar para, de alguna manera, replicar en otros temas de interés para el sistema de justicia”, agregó.
Además, subrayó que la discusión no termina con la presentación de la propuesta al Poder Ejecutivo, sino que es la entrega de un insumo al presidente para que valore su presentación al Parlamento, donde continuará la discusión. Agregó que en el trabajo del GAT estuvo presente “dar un insumo técnico de calidad para mejorar y facilitar el debate que propiamente corresponde al Parlamento”.
El GAT fue creado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2025 y estuvo integrado por Jorge Díaz, Ignacio Soba, Carolina Camilo y Martín Fernández, por la Prosecretaría de la Presidencia de la República; Iván Toledo Villanueva por el Ministerio del Interior; Daniel Trecca por el Ministerio de Educación y Cultura; Valeria Bovio y Adriana Edelman por la Fiscalía General de la Nación; José María Gómez y Marcelo Malvar por el Poder Judicial; Carina Ceschi por la defensoría; Florencio Macedo y Fernando Gomes Santoro por el Colegio de Abogados del Uruguay y se invitó como experto al abogado Gabriel Valentín, grado 5 de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Valentín explicó en declaraciones a Presidencia de la República las razones por las que era necesario modificar el código. “El Código del Proceso Penal fue proyectado en 2009, sancionado en 2014 y entró en vigencia en 2017, pero antes y después tuvo varias reformas que en definitiva perforaron el sistema inicial y generaron algunas inconsistencias y problemas”, señaló, y destacó que también se contó con una década de experiencia en la implementación del sistema.
El abogado dijo que entre los objetivos planteados se busca “darle un diseño coherente y sistemático al sistema acusatorio, mejorando en algunos aspectos garantías respecto de los imputados, dando mayores posibilidades a la defensa, mayores potestades al tribunal en la etapa de investigación y dándole herramientas a la fiscalía”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Florencio Macedo, dijo que el grupo de trabajo estuvo de acuerdo en más del 95% de los planteos. “Desde un principio pudimos estar todos de acuerdo porque lo que se buscaba principalmente era la seguridad jurídica, que en algunos casos la jurisprudencia ya la estaba dando, pero no la norma, y en otros incluso la jurisprudencia tenía visiones distintas”.