En un intercambio de correos al que accedió la diaria el socio fundador de Conexión Ganadera Pablo Carrasco informó sobre la llegada de una inspección del Banco Central del Uruguay (BCU), el 28 de febrero de 2018, en la que las inspectoras pedían información sobre los contratos.
“Hoy al mediodía cayó una inspección del Banco Central. Dos mujeres que tienen otras cuatro empresas en la agenda para inspeccionar. Se me preguntó sobre los contratos, fueron muy correctas y labraron un acta que se las adjunto. Quedamos de mandar la copia del contrato social y los contratos que firman los inversores. Piensen cómo seguimos ya que no tenemos mucho tiempo”, escribió Carrasco a Gustavo Basso, Ana Iewdiukow y sus asesores Jorge Fernández Reyes y Germán Lasarte. Luego envía una copia del documento a Daniela Cabral y al gerente operativo Rodolfo Flores.
Luego le escribe a Fernández Reyes para que lo guíe en cuanto a qué hacer con un documento aludido en los contratos, que en realidad no existía: “Jorge, los contratos dicen que hay un anexo A con un listado de los documentos más relevantes intercambiados por las partes durante la fase precontractual. No existe tal anexo. ¿Lo saco del contrato o me decís qué información sería?”.
Fernández Reyes le recomienda no sacarlo del contrato, señalando que el BCU probablemente ya tenga la copia del contrato que está pidiendo: “Está claro que no existe el anexo A. Estaría bueno que no tuvieras que modificar los contratos que se firmaron e incluyen el anexo A en su texto, porque el contrato lo debe tener el Banco Central. Sin embargo, del famoso listado del anexo A ningún inversor se va a acordar de su existencia, porque nunca estuvo, y eso puede generar dudas de los inspectores del Banco Central. Es una decisión estratégica de la empresa ante esta inspección. Yo me inclino por dejar el anexo A en el contrato, y en caso de que tengas que explicar su inexistencia o no firma, el fundamento era que se trataba de la información (documentación) previa a la firma del contrato, que se ofrecía y entregaba al inversor, y que luego se entendía que no era necesario firmar el anexo A. Se mantuvo porque el contrato era un formulario impreso y no fue modificado”.
Además, les comenta qué debería incluirse en un anexo como el que hace referencia el contrato: “Si me preguntas qué incluirías en un listado de esa naturaleza, se me ocurre que sería: información de la empresa Conexión Ganadera (propaganda o folletería); información sobre los requisitos de inscripción en el MGAP-Dicose; información sobre los requisitos para la obtención de marcas en Dicose; análisis económico financiero de la inversión ganadera”.
La inspección del BCU ocurrió en el marco de una serie de inspecciones realizadas por el organismo en febrero de 2018, que también incluyó a otros fondos ganaderos, como República Ganadera y Portfolio. La inspección apuntaba a determinar si las empresas de este tipo se dedicaban a la captación pública de inversiones, lo que las pondría bajo la supervisión del BCU.
El informe del BCU luego de la inspección concluyó que la actividad no estaba comprendida en las actividades que deben ser reguladas por la Superintendencia de Servicios Financieros y el BCU, “a la luz de la documentación adjunta al expediente y el informe agregado”. Según informó en julio de 2025 El Observador a raíz de la falta de información sobre los contratos y ante la publicidad masiva de Conexión Ganadera, el BCU realizó otras consultas en marzo de 2021, que tampoco lograron obtener las respuestas que buscaban. El informe señaló la falta de elementos que permitieran acreditar “cómo funciona el modelo propuesto en la práctica”, incluyendo entre ellos información sobre los movimientos contables y el registro de las guías de ganado a nombre de los inversores.